La Comisión Europea ha propuesto este jueves en Bruselas una reforma del mercado europeo de carbono –conocido como ETS– que concede más tiempo a la industria para reducir sus emisiones al ralentizar desde 2031 el recorte anual de los derechos de contaminación. El Ejecutivo comunitario busca facilitar una transición más gradual a los sectores con mayor consumo energético, evitar que se agoten los permisos disponibles al final de la década de 2030 y mantener el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Menos recortes desde 2031
El mercado europeo de carbono, vigente desde 2005, establece un límite máximo de emisiones de dióxido de carbono para cerca de 10.000 instalaciones industriales de sectores como el acero, el cemento y los fertilizantes. Las empresas incluidas en el sistema deben adquirir derechos que les permiten emitir una cantidad determinada de CO2, dentro de un volumen total que disminuye progresivamente.
La reforma plantea que esa disponibilidad se reduzca de manera más lenta durante la próxima década. El recorte anual de los derechos de emisión, situado en el 4,4 % previsto para el final de esta década, pasará al 3,7 % entre 2031 y 2035 y al 1,7 % entre 2036 y 2040.
Según la Comisión, esta modificación evitará que el sistema agote el volumen de permisos disponible a finales de la década de 2030, como podría ocurrir con las normas actuales. La reducción más gradual permitiría que el ETS continúe funcionando, previsiblemente, hasta mediados de la década de 2040.
El cambio ofrece a las industrias intensivas en energía un periodo de adaptación más amplio, sin abandonar el proceso de reducción de emisiones
Bruselas sostiene que el cambio ofrece a las industrias intensivas en energía un periodo de adaptación más amplio, sin abandonar el proceso de reducción de emisiones. La propuesta mantiene así la disminución progresiva de los derechos, pero modifica el ritmo previsto para que la transformación industrial se produzca de forma más gradual.
La revisión también modifica la Reserva de Estabilidad del Mercado, el mecanismo que regula la cantidad de derechos de emisión disponibles para evitar desequilibrios entre la oferta y la demanda. La Comisión propone reducir del 24 % al 12 % la tasa anual con la que esta reserva retira permisos de circulación.
El cambio permitirá que haya más derechos disponibles durante más tiempo y adaptará el mecanismo al menor tamaño que tendrá el mercado europeo de carbono a partir de la próxima década. El objetivo declarado es limitar la volatilidad de los precios y evitar oscilaciones excesivas en el coste que deben asumir las empresas por emitir CO2.
Asignaciones gratuitas más exigentes
Aunque concede más tiempo para reducir las emisiones, la reforma endurece las condiciones que deberán cumplir las empresas para seguir recibiendo asignaciones gratuitas después de 2030. Estas asignaciones permiten a determinadas industrias obtener parte de sus derechos sin acudir a las subastas del mercado.
La Comisión plantea que el 80 % de las asignaciones gratuitas solo se conceda después de que las compañías presenten un plan de inversiones destinado a reducir su huella de carbono. El 20 % restante se entregará cuando las empresas demuestren que han ejecutado las medidas previstas.
Las compañías que trasladen su producción fuera de la Unión Europea perderán el derecho a continuar recibiendo estas asignaciones. La medida busca impedir que las empresas desplacen su actividad industrial a otros países mientras siguen beneficiándose de derechos gratuitos dentro del sistema comunitario.
Quedarán exentas de estos nuevos requisitos las empresas que ya lideren la reducción de emisiones o que reciban financiación del Fondo de Innovación o del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Bruselas considera que estas compañías ya ofrecen garantías suficientes sobre su compromiso inversor.
La propuesta obliga además a los Estados miembro a destinar al menos el 50 % de los ingresos obtenidos mediante las subastas de derechos de emisión a inversiones dirigidas a descarbonizar los sectores incluidos en el ETS.
La Comisión señala que actualmente solo alrededor del 5 % de esos recursos se destina de manera directa a este objetivo. La reforma pretende reforzar la relación entre la recaudación generada por el mercado europeo de carbono y la financiación de proyectos industriales que reduzcan las emisiones.
El paquete incluye igualmente un Banco de Descarbonización Industrial respaldado por derechos de emisión valorados en unos 100.000 millones de euros. Este instrumento se desplegará en dos fases para apoyar la transformación de los sectores con un mayor consumo energético.
La primera fase consistirá en un mecanismo temporal destinado a acelerar inversiones industriales. A partir de 2031, el banco evolucionará hacia un sistema de contratos por diferencias de carbono que se adjudicarán mediante subastas.
La reforma también amplía el Fondo de Modernización, de manera que pueda financiar proyectos industriales relacionados con la captura y el almacenamiento de carbono. Parte de estos recursos se reservará para los Estados miembro con menor nivel de renta.
Créditos, residuos y transportes
La propuesta abre la puerta a incorporar desde 2036 créditos internacionales de carbono equivalentes a un máximo del 2 % del volumen del ETS. Estos créditos deberán cumplir unos criterios de calidad que la Comisión revisará en 2033 antes de autorizar su utilización.
Bruselas también prevé integrar 150 millones de toneladas de absorciones permanentes de carbono generadas dentro de la Unión Europea. La medida busca impulsar este mercado y favorecer el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
La revisión incorpora gradualmente la incineración de residuos municipales al mercado europeo de carbono a partir de 2031. El texto contempla excepciones temporales para determinados Estados miembro y medidas de apoyo destinadas a las autoridades locales afectadas.
En el sector de la aviación, la Comisión propone ampliar desde 2029 la aplicación del ETS a los vuelos de hasta 5.000 kilómetros con origen o destino en la Unión Europea. La iniciativa pretende reducir las distorsiones competitivas frente a aeropuertos situados fuera del bloque y fomentar el uso de combustibles sostenibles.
En el transporte marítimo, la reforma destina una mayor proporción de los ingresos del sistema al desarrollo de combustibles limpios y nuevas tecnologías de propulsión. También introduce medidas para reducir el riesgo de que los buques desvíen sus escalas hacia puertos extracomunitarios con el propósito de evitar el pago de derechos de emisión.
Con estos cambios, la Comisión combina una reducción más lenta de los permisos disponibles con mayores obligaciones de inversión para las industrias y los Estados miembro. El Ejecutivo comunitario mantiene el horizonte de la neutralidad climática, pero adapta el funcionamiento del ETS para prolongar su vigencia y facilitar la transformación de los sectores industriales con mayores emisiones.
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