Las líneas eléctricas aéreas son uno de los “enemigos” más letales de las aves: cientos de miles de ellas mueren cada año al colisionar con el cableado o al electrocutarse en los postes, lo que constituye una de sus principales causas de muerte no natural. Nueve entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza han creado la plataforma SOS Tendidos Eléctricos para poner el foco en el grave impacto de las estructuras de conducción eléctrica sobre la avifauna.

“Ya hemos empezado a reunirnos con algunas administraciones para que asuman sus responsabilidades y estamos estudiando los cambios legales que habría que afrontar para que a las compañías eléctricas, que hasta ahora hacen oídos sordos, no les salga gratis la muerte de las aves. Al mismo tiempo, estamos valorando la posibilidad de que se unan otras personas y organizaciones para que nos ayuden a localizar tendidos eléctricos peligrosos”, explica a EcoAvant.com el responsable de conservación de especies amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López.

Hasta principios de octubre se habían electrocutado al menos 2.188 animales

Las aves fallecen al chocar contra los cables de las líneas eléctricas, especialmente contra los "cables de tierra" de grandes tendidos (que son de menor grosor que los conductores ─menos visibles─ y se colocan encima de éstos para protegerlos) o electrocutadas en el poste al tocar al mismo tiempo un conductor (cable) y un elemento metálico (una cruceta o un apoyo), o tocar dos conductores a la vez: el cuerpo del animal cierra el circuito y la electricidad lo atraviesa, tal y como explica la Sociedad Ibérica para el Estudio y la Conservación de los Ecosistemas (SIECE).

La mayoría de especies electrocutadas utilizan los postes como puntos de observación para divisar a sus posibles presas y predadores, como lugar de descanso y, en ocasiones, incluso como plataforma de nidificación. Las torretas son, por tanto, una trampa mortal para las aves rapaces y otras especies de tamaño mediano y grande, muchas de ellas amenazadas de extinción. Durante los últimos 15 años se estima que en España han fallecido a causa de una descarga eléctrica, como mínimo, más de 200 águilas perdiceras o de Bonelli y más de 120 águilas imperiales ibéricas, según datos de la plataforma SOS Tendidos. Y se trata de especies para cuya conservación se destinan fondos públicos.

La infraestructura de la red eléctrica también afecta al comportamiento de los animales. Así lo muestra un reciente estudio de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y de la Universidad Complutense de Madrid publicado en la revista Conservation Biology. El trabajo revela que la proporción de machos sedentarios de avutarda (en los mismos grupos coexisten individuos sedentarios y migradores) ha pasado del 17% en 1997 al 45% en 2012. Entre los migradores, el 21,3% murió por colisiones contra los tendidos eléctricos, frente al 6,3% del grupo de sedentarios que murieron por la misma causa.

La iniciativa SOS Tendidos Eléctricos, presentada a la ciudadanía el pasado septiembre, es fruto del trabajo de muchos años de nueve entidades. Ya a principios de 2015, la SIECE puso en marcha la campaña Pon un tendido en tu punto de mira, un inventario de tendidos eléctricos potencialmente peligrosos para las aves gracias a la colaboración de una red de voluntarios. A principios de octubre, ya se habían registrado un total de 2.188 animales electrocutados.

Elevadas multas

Modificar el tendido eléctrico podría reducir entre un 80% y un 90% las muertes de aves por electrocución, y aproximadamente en un 60% los fallecimientos por colisión, según afirman los conservacionistas. Por ello, piden a las administraciones públicas y a las grandes compañías eléctricas que no desplieguen nuevos cables en zonas de especial protección para las aves y que adapten varios miles de kilómetros de la infraestructura eléctrica (en España, hay 40.000 kilómetros de tendidos) para eliminar o minimizar la mortalidad. Aislar o señalizar cada poste tendría un coste de entre 1.000 y 3.000 euros. Los ecologistas también remarcan la importancia de que los nuevos apoyos que se instalen tengan un diseño seguro desde su origen y se señalicen adecuadamente todas las líneas nuevas.

“Pedimos a las administraciones públicas competentes que asuman su responsabilidad y aseguren la conservación de especies silvestres, que exijan a las compañías eléctricas la instalación de nuevos tendidos eléctricos seguros para las aves y la modificación de los que ya están instalados”, expone López. “Es necesaria una legislación nueva que sea inflexible con las compañías eléctricas, puesto que tienen que asumir una parte importante de los costes”, añade.

Entre las víctimas hay especies protegidas como águilas, milanos, búhos y busardos

Hasta la fecha, la legislación no ha logrado poner freno a la muerte de aves en los tendidos eléctricos: el Real Decreto 1432/2008 (publicado 18 años después de la primera norma sobre la materia, del Gobierno andaluz) establecía la aplicación de medidas en tendidos eléctricos para la protección de la avifauna, pero no ha logrado el cambio que pretendía. Prueba de ello es que miles de aves afectadas por electrocución o colisión con las redes eléctricas siguen ingresando cada año en los centros de recuperación de fauna salvaje. “Tenía una buena intención, pero también varias carencias”, apunta el responsable de conservación de especies amenazadas en SEO/BirdLife, una de las entidades de la nueva plataforma.

La normativa establece unas zonas de protección donde los nuevos tendidos que se construyan deben ser seguros, pero no lo exige fuera de las mismas. Además, obliga a las comunidades autónomas a delimitar estas áreas y a elaborar unos listados de los tendidos eléctricos peligrosos. “Sólo cuatro comunidades han cumplido: Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Otras han designado unas zonas de protección pero no han confeccionado las listas, mientras que Asturias y la Comunidad de Madrid no han hecho ni una cosa ni la otra”, detalla López. El decreto también dispone que la aplicación de medidas para evitar las colisiones, incluso en las zonas de protección, es voluntaria (a excepción de las nuevas construcciones) y que las administraciones públicas, y no las compañías eléctricas, serán las que correrán con los gastos derivados de la aplicación de la norma.

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha sido la primera administración pública que ha resuelto varios expedientes sancionadores con elevadas multas contra una compañía eléctrica, Iberdrola, por la electrocución de avifauna protegida en peligro de extinción, según revela la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). Sólo en la provincia de Albacete y hasta agosto pasado se han encontrado electrocutadas dos águilas imperiales, un águila perdicera y tres milanos reales (todos ellos catalogados como en peligro de extinción), además de cuatro águilas reales, cinco águilas culebreras, un águila calzada, seis milanos negros, 24 búhos reales y 37 busardos ratoneros. Nuestra incesante transformación del paisaje no deja de generar nuevos riesgos para las aves.