La legislación española sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es desde el mes pasado mucho más ambiciosa. A finales de febrero se hizo público el Real Decreto 110/2015, que incorpora la normativa comunitaria (Directiva 2012/19/UE, del 4 de julio) y fija como objetivos para 2017 reutilizar el 2% de grandes electrodomésticos y el 3% de aparatos de informática y de telecomunicaciones, y prohíbe el abandono en la vía pública de estos residuos.

Los dispositivos electrónicos y eléctricos contienen sustancias peligrosas, como el cadmio, el plomo o el mercurio, y gases como los clorofluorocarburos (CFC). Por la complejidad de estos artículos, cuya composición incluye un gran número de componentes –un teléfono móvil puede contener hasta 40 metales distintos (como el cobre, el cobalto y el oro)–, los RAEE deben tratarse adecuadamente en centros específicos de reciclaje para no dañar el medio ambiente. 

En 2017 deberían repararse y venderse de nuevo entre el 2% y el 3% de los aparatos

Además, muchos de estos materiales son valorizables, es decir, que se pueden recuperar y reutilizar. Cada año se emplean unas 320 toneladas de oro y otras 7.500 de plata en la fabricación de aparatos de alta tecnología, como ordenadores y teléfonos móviles, a nivel mundial según datos de las Naciones Unidas. Y se trata de un potencial claramente infrautilizado, ya que la llamada minería urbana, la que explota los minerales procedentes de los residuos, todavía no funciona a pleno rendimiento: solamente se recupera un 15% de este oro a nivel mundial. 

Se calcula que en España tan sólo se recuperan para su reciclaje el 20% de los dispositivos eléctricos y electrónicos vendidos en el mercado. Para 2019, el Gobierno pretende recuperar como mínimo el 85%, aunque antes de ello es preciso que la Comisión Europea establezca una metodología para el cálculo de los residuos generados. Una posible medida de los mismos sería considerar que suponen el 65% de la media del peso de los aparatos introducidos en el mercado en los tres años precedentes.

Para incrementar estos porcentajes de recuperación, el nuevo modelo de gestión fomentará la recogida selectiva a través de los gestores autorizados, los puntos limpios o los lugares específicos habilitados por los fabricantes y los comercios, donde puede empezar la correcta gestión de los residuos.

Así, los establecimientos de 400 o más metros cuadrados de superficie que vendan estos artículos deberán aceptar, sin cobrar nada por ello, aquellos usados que tengan un tamaño reducido –de menos de 25 centímetros, como podrían ser los teléfonos móviles– aunque el consumidor no se lleve uno nuevo. También en la venta por Internet se deberá garantizar que los clientes puedan depositar en un lugar adecuado los residuos que generen los artículos adquiridos.

Recogida gratuita

Para prevenir la generación masiva de RAEE y combatir la asentada cultura de usar y tirar, el Real Decreto impulsa la reutilización de los dispositivos electrónicos averiados, con la intención de que sean reparados y puedan introducirse de nuevo en el mercado. Los aparatos que sean recuperables serán enviados a centros de preparación para la reutilización (CPR) donde se verificará su estado y se arreglarán antes de ingresar en una red comercial en la que se informará al consumidor sobre el origen de esos dispositivos. El Gobierno calcula que esta medida puede generar alrededor de 4.700 empleos directos.

De esta forma se pretende alargar la corta vida útil de este tipo de productos, limitada al máximo por las técnicas de la obsolescencia programada y el constante bombardeo publicitario de nuevos modelos que incita a su compra compulsiva.

El fomento de la reutilización de los aparatos electrónicos sigue la apuesta defendida por el anterior equipo de la Comisión Europea en su informe Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa. El modelo circular busca cerrar el ciclo de cada producto para que al final de su vida útil contribuya a generar uno nuevo, superando el sistema lineal en el que se basa nuestra economía y dejando de esquilmar un planeta de recursos finitos. 

La normativa publicada en el BOE también establece que los objetivos de recogida de RAEE serán exigibles a nivel autonómico y no una responsabilidad exclusiva de la administración central como hasta ahora, y que se fijarán, entre otros parámetros, en función de la población de la comunidad autónoma para que éstas “puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva”.

El decreto pretende que en 2019 se reciclen el 85% de los dispositivos comercializados

Asimismo, la regulación busca mejorar la deficiente trazabilidad de estos dispositivos. Para ello, establece la creación de una Plataforma Electrónica, en la que se almacenarán los datos de la recogida y gestión de los RAEE, y que será financiada por el Ministerio de Medio Ambiente y los productores, y una Oficina de Asignación de Recogidas, que será supervisada por las administraciones públicas implicadas.

El objetivo principal es evitar que grandes cantidades de basura electrónica acaben abandonadas en chatarrerías o vertederos ilegales sin haber pasado por una planta autorizada para su descontaminación y tratamiento. El problema de la mala gestión de estos residuos afecta de manera muy especial a algunos países africanos y asiáticos, último destino de muchos de nuestros viejos teléfonos móviles y ordenadores. Allí llegan, en su mayoría, desde Estados Unidos, China y Europa Occidental, como bienes de segunda mano o como donaciones para acabar amontonados en gigantescos vertederos como el de Agbogbloshie, junto a la capital de Ghana, Accra, el lugar más dañado por la contaminación de origen humano en todo el planeta.

El nuevo decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es, para la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, una “apuesta muy valiente”. Sin embargo, la entidad considera que “la excesiva carga administrativa puede hacer muy compleja su aplicación”, por lo que “si no va acompañado de un control de la administración sobre los operadores ilegales, no funcionará”. Como tantas normativas, corre el peligro de quedarse en una sucesión de buenas intenciones redactadas sobre papel mojado.