La mala depuración del agua en nuestro país y el lento avance en la aplicación de la normativa comunitaria sobre la materia alarman a la Unión Europea. Tanto, que Bruselas ha decidido denunciar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) por no garantizar el “correcto tratamiento” de las aguas residuales urbanas en varios municipios de Galicia y Cataluña y por haber remitido información “incompleta” o no haber alcanzado los niveles óptimos en poblaciones de Andalucía y, de nuevo, Cataluña.

En total, la Comisión Europea mantiene abiertos cuatro procedimientos por incorrecta depuración de aguas residuales que afectan a 800 municipios repartidos por toda la geografía española y que acumulan centenares de infracciones en lo que respecta a la depuración de aguas residuales que luego se vierten en áreas consideradas ambientalmente “sensibles”.

Bruselas considera que España está "rezagada" en la aplicación de la normativa común

Las zonas sensibles son las que contienen aguas que se usan para el consumo humano o los lagos de agua dulce naturales, estuarios y aguas costeras que presentan exceso de fitoplancton o puedan desarrollarlo. Estas áreas exigen una purificación más exhaustiva porque, si no se hace así, pueden contaminar el agua potable o poner en riesgo la vida acuática

Aunque Bruselas reconoce la “solución de algunos problemas” identificados en sistemas de depuración de agua, considera que España sigue “rezagada” en la aplicación de la normativa común y pone el énfasis en que “aglomeraciones” –término que utiliza la Comisión Europea para referirse a núcleos de población con más de 10.000 habitantes– como Poio, Bueu, Marín y Pontevedra (todas ellas situadas en la provincia pontevedresa); Berga (Barcelona) o Figueres y Banyoles (en Girona) siguen incumpliendo la normativa.

En los casos de Bollullos Par del Condado (Huelva), Abrera y Capellades (ambas en la provincia de Barcelona), la Comisión señala que los datos facilitados son “incompletos o muestran que todavía no se ha cumplido con los niveles exigidos”.

Todo ello ha llevado al ejecutivo comunitario, a recomendación de Karmenu Vella, el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, a poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Peligro para la salud pública

La Directiva de Recogida, Tratamiento y Vertido de las Aguas Residuales Urbanas de 1991 fijaba el 31 de diciembre de 1998 como fecha límite para que todos los municipios o “aglomeraciones urbanas” con más de 10.000 habitantes que vertiesen aguas en zonas sensibles dispusiesen de un colector y de un sistema de tratamiento y depuración riguroso.

Sin embargo, en 2003, casi cinco años después de que concluyese dicho plazo máximo para la instalación de los sistemas de depuración de aguas residuales, España recibió la primera amonestación por insuficiente tratamiento de las aguas en diversas localidades. El aviso se repitió en 2008.

Desde 1999, la ley europea obliga a los países a “asegurarse de recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales” para que luego puedan fluir a esas masas líquidas. Verter residuos líquidos sin el tratamiento establecido puede inyectar “bacterias o virus dañinos que suponen un peligro para la salud pública”, advierte la Comisión Europea.

Un vertido de 3.000 kilos de sosa cáustica acabó con cientos de peces en el río Tea

Por tanto, aunque Bruselas reconoce que se está avanzando en la resolución de algunos problemas, las infracciones sobre las que advirtió en 2003 van camino del Tribunal de Justicia de Luxemburgo o están a la espera de que el procedimiento avance.

Entre las que ya son objeto de denuncia formal se encuentra la zona de Bueu (Pontevedra), con un contencioso entre la localidad y la empresa concesionaria del servicio de aguas, Agualia, del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Entre 2013 y 2014, la compañía denunció a la ciudad por denegarle una subida de las tarifas (le reclamó 391.000 euros por no actualizar los precios entre los años 2006 y 2012). Por su parte, el pasado año el Ayuntamiento le abrió un expediente sancionador por “falta muy grave” por el vertido de aguas residuales en la dársena del puerto del municipio.

Bruselas volvió a poner el foco en España en enero de 2013 por los vertidos de aguas residuales en el río Duero a su paso por el municipio vallisoletano Laguna de Duero después de la denuncia del entonces eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer. "Es totalmente inaceptable que se viertan aguas residuales sin tratar, sobre todo en una zona medioambientalmente tan rica e importante como es el entorno de Laguna del Duero, que está dentro de la Red Europea Natura 2000 de especial protección", indicó Meyer.

El río Tea, principal afluente del río Miño en Pontevedra, también ha sufrido frecuentes episodios de vertidos incontrolados. Sin ir más lejos, el pasado agosto, 3.000 kilos de sosa cáustica procedente de la planta embotelladora de Aguas de Mondariz mató a cientos de peces contaminando más de dos kilómetros de corriente fluvial.