Ecologistas en Acción ha criticado la postura del Gobierno sobre los terrenos contaminados de Palomares (Almería) al considerar que negar que la zona sea objeto de un “accidente nuclear” sirve para evitar su limpieza. El colectivo rechaza que los suelos afectados por plutonio y americio se encuadren en una “situación de exposición existente” y sostiene, este 13 de abril, que esa interpretación pretende esquivar la retirada provisional de unas 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada derivada de la caída de bombas estadounidenses en 1966.

 

Rechazo a la tesis oficial

 

La organización conservacionista afea que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se haya esgrimido que Palomares no puede considerarse escenario de un accidente nuclear porque en la zona no existen instalaciones nucleares, pese a que en el municipio, según remarca, “se almacenan materiales radioactivos”. Para Ecologistas en Acción, esta posición no solo desdibuja la naturaleza del problema, sino que además limita la asunción de competencias para actuar sobre unos suelos que siguen afectados por contaminación radiactiva.

El abogado de la organización, Jose Ignacio Domínguez, ha subrayado que, “curiosamente”, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha considerado hasta fechas recientes a Palomares como una instalación nuclear. A su juicio, ese antecedente choca con la tesis ahora utilizada para rechazar responsabilidades en la limpieza y en el almacenamiento provisional del material contaminado.

Domínguez ha dirigido sus críticas hacia las conclusiones alcanzadas por la Abogacía del Estado, que, según ha indicado, actúa “bajo las instrucciones de la ministra Aagesen” en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Ese proceso judicial parte de la demanda presentada por Ecologistas en Acción para reclamar la retirada provisional de los suelos afectados, que, aunque delimitados por el Ciemat, permanecen en parte “al aire libre”.

Según ha expuesto el letrado, una parte del material recopilado se encuentra además en “dos fosas”, una circunstancia que, en opinión del colectivo, refuerza la necesidad de intervenir sobre el terreno. La organización insiste en que no se trata de un problema cerrado ni de una situación residual sin riesgo, sino de una contaminación pendiente de una actuación efectiva.

 

La disputa jurídica

 

Uno de los ejes de la crítica de Ecologistas en Acción se centra en la figura de la “situación de exposición existente”, empleada por el Gobierno para sostener su posición. El colectivo se opone a esa calificación al entender que la situación de Palomares “no encaja” en ese supuesto contemplado en el reglamento sobre protección de la salud contra las radiaciones ionizantes.

El abogado del colectivo considera que recurrir a esa categoría jurídica constituye una “triquiñuela” destinada a evitar la inversión necesaria para recuperar la zona. En concreto, cifra en unos once millones de euros el coste que se pretendería eludir con esa interpretación, mientras sigue existiendo material radioactivo expuesto en el terreno.

Domínguez ha explicado que, conforme al reglamento, una “exposición existente” se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada, se ha emitido un informe que certifica esa finalización y, aun así, permanecen residuos que deben tratarse bajo esa figura. Según su razonamiento, ese supuesto no se da en Palomares, porque nunca se ha producido la declaración formal que acredite el cierre de la emergencia.

“Una exposición existente, dice el reglamento, se produce cuando ha habido una emergencia nuclear ya solucionada”, ha trasladado el letrado, quien ha insistido en que ese marco legal no puede aplicarse de manera automática al caso almeriense. A su juicio, la ausencia de una declaración expresa de finalización invalida la tesis sostenida por la Administración.

El núcleo de la controversia jurídica reside así en si la contaminación de Palomares puede considerarse un episodio resuelto cuyos restos deben ser gestionados como una situación heredada, o si, por el contrario, continúa siendo un problema no cerrado que obliga a culminar formalmente el proceso derivado del accidente. Para Ecologistas en Acción, la segunda interpretación es la única compatible con la normativa invocada.

 

Exigen culminar la emergencia

 

La organización ecologista sostiene que en Palomares no ha existido ni una declaración de finalización del accidente ni de la emergencia nuclear. Según su versión, los estadounidenses solo se llevaron una parte mínima del material dispersado tras la caída de las bombas en 1966, de forma que el problema quedó sin resolver de manera integral.

Domínguez ha afirmado que “los americanos no se llevaron” más que apenas 300 gramos de los nueve kilos de material radioactivo que quedaron desperdigados por una amplia zona. Con ese argumento, insiste en que no puede hablarse de un episodio clausurado administrativamente ni de una emergencia solventada en todos sus extremos.

“No ha habido ese certificado de finalización de la emergencia nuclear”, ha recalcado el abogado, quien concluye que la obligación de las administraciones pasa precisamente por completar ese proceso. En su opinión, antes de encuadrar los suelos bajo otra categoría jurídica, lo que corresponde es “finalizarlo” mediante una actuación efectiva de retirada y tratamiento del material contaminado.

El letrado ha enmarcado además el caso de Palomares en una dimensión histórica al asegurar que se trata del accidente nuclear más grave del planeta hasta que se produjeron los de Chernóbil y después Fukushima. Con esta afirmación, pretende remarcar la gravedad de unos hechos cuyo impacto, a juicio del colectivo, sigue sin recibir una respuesta proporcional décadas después.

Para Ecologistas en Acción, el hecho de que todavía haya material radioactivo “al aire libre” evidencia que la situación no puede zanjarse con una reinterpretación administrativa. La organización sostiene que la limpieza pendiente no es una cuestión nominal ni competencial, sino una exigencia derivada del estado real de los suelos y del material almacenado de forma provisional.

Así, el colectivo mantiene su presión en la vía judicial abierta en la Audiencia Nacional y carga contra la estrategia del Gobierno por entender que desplaza el debate desde la necesidad de actuar sobre el terreno hacia una discusión terminológica. Desde su punto de vista, negar el carácter de accidente nuclear a lo ocurrido en Palomares no reduce la contaminación existente ni elimina la necesidad de retirar las tierras afectadas.

La posición de la organización conservacionista se resume en una idea central: mientras no exista una declaración formal que cierre la emergencia y mientras continúen presentes los residuos y los suelos contaminados, Palomares no puede tratarse como un escenario ya resuelto. Por ello, reclama que se abandone la tesis de la “exposición existente” y se acometa la recuperación de una zona que, sostiene, sigue marcada por las consecuencias de aquel episodio.