A finales de la década pasada, la paz y la democracia parecieron aumentar sus posibilidades en la región del Nilo Blanco. En Sudán, un movimiento popular contribuía a la caída de la dictadura de Omar al-Bashir tras casi 30 años en el poder. Hoy, sin embargo, el país está fracturado y constituye el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo según Naciones Unidas.
Estos son los principales actores y lógicas del conflicto que arrasa el país y algunas claves para explicarlo.
2019: el ejército depone al dictador
En abril de 2019, tras meses de protestas populares contra el largo gobierno autoritario de Omar al-Bashir, el ejército, liderado por el teniente-general Abdel Fattah al-Burhan, depuso al dictador y estableció un Consejo Militar Transitorio. Posteriormente, se creó un Consejo Soberano compuesto de miembros civiles y militares con el objetivo de organizar unos comicios para la elección de un nuevo gobierno.
Un nuevo golpe militar en octubre de 2021 puso en cuestión la participación civil en el Consejo, que se convirtió en plenamente militar cuando el primer ministro Abdalla Hamdok lo abandonó en 2022. Estas maniobras no dejaron de tener una fuerte contestación social en las calles, duramente reprimida.
En abril de 2023 estalló un cruento conflicto por el control del país entre antiguos aliados: el ejército regular (Fuerzas Armadas de Sudán-SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RFS) dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti. Las RFS son los herederos de la milicia paramilitar janjaweed creada por al-Bashir durante la guerra de Darfur (2003-2020), que luchó junto con el ejército contra el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.
Ambos grupos, apoyados por otras milicias locales, tratan de mantener estructuras estatales en los territorios que controlan: las SAF en la parte oriental desde Puerto Sudán y las RFS en la parte occidental. Al mismo tiempo, tanto las RFS como las SAF son responsables de masacres contra población civil considerada hostil sobre bases étnicas, como es el caso de aquellos no identificados como árabes en las regiones de Darfur y Kurdufán, al este del país.
La última de dichas matanzas, calificada de genocida, ha tenido lugar durante el asedio y ocupación de la ciudad de El-Fasher por las RFS, donde se calcula que han sido asesinados o desaparecidos decenas de miles de civiles.
Integración forzosa en un orden político discriminatorio
La guerra ha conformado parte de la historia política de la región desde la independencia de Sudán en 1956. La primera guerra civil sudanesa (1955-1972) ya se planteaba en torno a la independencia del sur del país, que se reprodujo entre 1985 y 2005 y propició la independencia de Sudán del Sur en 2011.
Dos años más tarde estalló otra guerra en Darfur, en la que se enfrentaron milicias surgidas de poblaciones agrícolas con las milicias janjaweed, procedentes de poblaciones mayoritariamente ganaderas y apoyadas por mismo gobierno sudanés.
Una de las claves de estos conflictos ha sido la integración forzosa de diferentes poblaciones y regiones en un orden profundamente jerárquico y desigual. El predominio de la élite arabizada de la capital, Jartum, y la ausencia de políticas de redistribución del poder y la riqueza han generado profundos agravios, interpretados a menudo en clave étnica y aprovechados por élites alternativas.
La fragmentación y la segmentación alcanzan a los mismos grupos que ocupan el poder, como vemos actualmente. También en Sudán del Sur el movimiento independentista se fracturó muy pronto entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y una facción de este (SPLA In Opposition).
Un fenómeno que contribuye a la violencia de los conflictos sociales, aquí y en muchos otros lugares en África, es la existencia de milicias locales armadas de distinto perfil que participan en coaliciones complejas con las fuerzas del gobierno o contra las mismas. Líderes políticos, en el gobierno y en la oposición, alimentan a grupos armados paralelos a los ejércitos y las policías nacionales, formados por jóvenes que no encuentran proyectos vitales y económicos alternativos.
Con recursos naturales, pero en la cola del desarrollo
La extracción y comercialización de recursos naturales en mercados internacionales constituyen un elemento clave del mantenimiento de la guerra, aunque también se han visto muy afectadas por la misma. Las áreas de producción de petróleo están en la región atravesadas por la frontera con Sudán del Sur y se transporta a través de oleoductos hasta Puerto Sudán. El destino de este petróleo incluye Malasia, Italia, China, Singapur y Alemania.
El principal actor local beneficiario del petróleo es el gobierno, junto con las grandes operadoras, que son de capital indio, chino, malasio y sudanés. Pero en el caso del oro, extraído a través de minería artesanal, no solo las SAF sino también las RSF se lucran con su venta, mayoritariamente hacia Emiratos Árabes Unidos.
A pesar de la riqueza mineral e hidrocarburífera, el Índice de Desarrollo Humano de Sudán es de los más bajos del mundo, ocupando el puesto 176 de 193 países.
A pesar de la riqueza mineral e hidrocarburífera, el Índice de Desarrollo Humano de Sudán es de los más bajos del mundo, ocupando el puesto 176 de 193 países. Lejos de ser una paradoja, la abundancia de recursos que adquieren su valor a través de la exportación contribuye al desempoderamiento de la mayoría de la población y a la debilidad de los contratos sociales. A su vez, la pobreza proporciona un caldo de cultivo fructífero para los grupos armados en conflicto.
Geopolítica de la guerra
En Sudán se llevan a cabo proxy wars o guerras subsidiarias donde los contendientes de otros conflictos se enfrentan indirectamente apoyando a uno u otro de los bandos.
El gobierno sudsudanés de SPLA parece estar apoyando a las RSF, que ha llegado a enfrentarse directamente con las milicias opositoras del SPLA-IO. Ello no ha impedido un acuerdo entre todas las partes para que el ejército de Sudán del Sur garantice la neutralidad del área petrolífera de Hegling.
El gobierno de Etiopía también ha intervenido en el conflicto en Sudán financiando a las guerrillas contra el gobierno, al que acusa de haber apoyado a las autoridades insurgentes en la guerra en la región etíope de Tigray (2020-2022).
El principal apoyo tanto diplomático como militar de las SAF de Sudán es el gobierno de Egipto, que actualmente mantiene una tensión regional con el de Etiopía por la construcción de la Presa del Milenio en el curso alto del Nilo. Otros gobiernos de la región como los de Chad, República Centroafricana, el Ejército Nacional Libio, Kenia, Uganda y el ya mencionado de Etiopía han facilitado la llegada de armas a las RSF e incluso tropas o entrenamiento militar.
Uno de los actores externos más relevantes son los Emiratos Árabes Unidos, que importan la mayor parte del oro sudanés y son el principal proveedor de armas al RSF. Por su parte, Irán, Catar, Arabia Saudí y Turquía se han posicionado a favor del gobierno sudanés, aunque estos dos últimos de manera menos explícita, y tratando de convertirse también en facilitadores de un posible acuerdo de paz.
Por último, las grandes potencias están presentes en el conflicto de Sudán con posicionamientos menos unívocos. Mientras Putin apoya oficialmente a Puerto Sudán, también lo hace a grupos alineados con RSF en las zonas de producción de oro. Por su parte, Ucrania también apoya a las SAF en su conflicto con estos grupos. La misma paradoja se da con China, que al tiempo en que se manifiesta a favor del gobierno sudanés, produce las armas que llegan a las RSF.
Washington ha intentado jugar un papel relevante en los intentos de acabar con el conflicto liderando la iniciativa Quad, planteada en septiembre de 2025 por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos con una ruta para la paz sin mayores efectos. Lo que sí está teniendo consecuencias devastadoras para millones de refugiados es la drástica reducción de ayuda humanitaria realizada por la administración Trump.
Muchos actores y pocas normas
Las causas y dinámicas del conflicto en Sudán son complejas, y no se derivan directamente de las estrategias y enfrentamientos entre las grandes o medianas potencias. Pero actores tanto locales como extranjeros tratan de sacar provecho de una situación donde millones de personas sufren violaciones sistemáticas de sus derechos. Los múltiples actores internos y externos dificultan enormemente el éxito de las propuestas de acuerdo.
El contexto belicista internacional, en el que están reduciendo su poder las instituciones de seguridad colectiva y se cuestionan principios básicos de derecho internacional en torno a la soberanía y los derechos humanos, contribuye de manera decisiva al mantenimiento de conflictos devastadores.