Las fuerzas de seguridad israelíes desplazaron por la fuerza a toda la población palestina de tres campamentos de refugiados de la Cisjordania ocupada a principios de 2025 y continúan impidiendo su regreso, según denuncia un informe publicado el 4 de septiembre de 2026 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento analiza la operación militar Muro de Hierro, lanzada en enero de 2025 en los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, y advierte de que la magnitud y duración de los desplazamientos suscitan preocupación por posibles crímenes de lesa humanidad y actos de “limpieza étnica”.
Más de 33.000 desplazados
La operación Muro de Hierro, que comenzó en enero de 2025 y continúa en curso, ha causado la muerte de civiles, ha destruido o dañado cientos de viviendas y ha afectado a infraestructuras esenciales de los tres campamentos, de acuerdo con las conclusiones recogidas por Naciones Unidas. Las fuerzas israelíes también cortaron o interrumpieron el suministro de agua y electricidad y obstaculizaron el acceso de la ayuda humanitaria.
El informe señala que las fuerzas de seguridad realizaron operaciones puerta por puerta para obligar a los residentes de Yenín, Nur Shams y Tulkarem a abandonar sus hogares. Pocos días después del inicio de la operación, las fuerzas israelíes habían consolidado el control de los tres campamentos y habían desplazado por la fuerza a toda su población, según la documentación recopilada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La destrucción registrada ha alcanzado una parte importante de las edificaciones. A fecha de octubre de 2025, alrededor del 52% de las estructuras del campamento de Yenín habían quedado destruidas o dañadas. La proporción alcanzaba el 48% en Nur Shams y el 36% en Tulkarem.
Además de los daños materiales, Naciones Unidas destaca el carácter prolongado del desplazamiento. En julio de 2026, más de 33.000 refugiados palestinos procedentes de los tres campamentos continuaban desplazados por la fuerza, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo –UNRWA– recogidos por el organismo.
Los tres enclaves se encuentran entre los 19 campamentos de refugiados palestinos establecidos en Cisjordania después de 1948 y administrados por la UNRWA. El informe subraya que, además de las operaciones que provocaron la salida de sus habitantes, posteriormente se han adoptado medidas destinadas a impedir su regreso.
Algunos palestinos desplazados comunicaron a la Oficina del Alto Comisionado que miembros de las fuerzas israelíes les habían dicho que “ya no habrá campamentos de refugiados” y que debían marcharse a Jordania. El 23 de febrero de 2025, el ministro de Defensa israelí ordenó al Ejército mantener sus posiciones en los tres campamentos y declaró que las personas desplazadas no podrían regresar, según recoge Naciones Unidas.
Riesgo de traslado forzoso
La Oficina de Derechos Humanos considera que la magnitud, duración y carácter sistemático de los desplazamientos provocados durante la operación suscitan serias preocupaciones sobre la posible comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población.
Durante el periodo examinado por el informe, las fuerzas israelíes mataron a más de un centenar de palestinos, entre ellos 21 niños. La documentación del organismo analiza también la utilización de medios militares como ataques aéreos, excavadoras blindadas y detonaciones controladas en los campamentos.
Naciones Unidas sostiene que utilizar ataques aéreos, excavadoras y explosiones controladas para hacer inhabitables campamentos enteros, desplazar a sus residentes e impedir su retorno, cuando estas actuaciones no estén justificadas por una necesidad militar imperiosa, puede vulnerar el derecho internacional.
El informe considera además que estas actuaciones pueden constituir un “castigo colectivo” y advierte de que podrían equivaler a actos de “limpieza étnica”. La valoración se produce ante el alcance de las destrucciones, el desplazamiento a gran escala y las medidas aplicadas para impedir que los habitantes regresen a los lugares de los que fueron expulsados.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha señalado que la forma en que se desarrolló la operación Muro de Hierro sugiere, según el organismo, un propósito de expulsar al mayor número posible de palestinos y facilitar la expansión de nuevos asentamientos israelíes, algo que considera contrario al derecho internacional.
La ONU exige medidas
Türk ha reclamado a Israel que cese cualquier intento de desplazar por la fuerza a más palestinos y que ponga fin a las actuaciones que puedan seguir afectando a la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. El responsable de Derechos Humanos ha situado esas exigencias dentro de las obligaciones internacionales de Israel.
El Alto Comisionado también ha recordado la conclusión de la Corte Internacional de Justicia sobre la presencia israelí en el territorio palestino ocupado y ha pedido que Israel adopte medidas para cumplir sus obligaciones derivadas del derecho internacional.
Para la Oficina del Alto Comisionado, la situación de Yenín, Nur Shams y Tulkarem no se limita por tanto al desplazamiento ocurrido en los primeros meses de 2025. La imposibilidad de retorno de más de 33.000 personas, junto con la destrucción de viviendas e infraestructuras y las medidas dirigidas a mantener a sus habitantes fuera de los campamentos, constituye uno de los principales elementos sobre los que se sustenta la advertencia del organismo.
Naciones Unidas insiste así en que el desplazamiento prolongado y sistemático debe ser examinado a la luz del derecho internacional y advierte de las posibles responsabilidades derivadas de las operaciones. El informe reclama que las posibles violaciones sean investigadas y que los presuntos responsables rindan cuentas, al tiempo que exige garantizar los derechos de la población palestina desplazada.
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