La relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, ha advertido ante el Consejo de Derechos Humanos de que la libertad de expresión está siendo erosionada por una asimetría de poder sin precedentes entre los Estados y un reducido grupo de gigantes tecnológicos que controlan los espacios digitales globales sin rendir cuentas democráticas.
La experta ha señalado que la alianza entre gobiernos y gigantes tecnológicos, especialmente la administración de Estados Unidos y las compañías de ese país, está cerrando el espacio para el debate público. Su conclusión es que el poder digital debe regularse, pero sin ceder a presiones políticas ni a intereses comerciales.
Poder digital sin control
El informe final de Khan sostiene que las nuevas tecnologías y la concentración de riqueza en el sector digital han creado lo que denomina “oligarcas tecnológicos”: individuos cuya influencia supera a la de la mayoría de los países. Según el documento, ese poder afecta de forma directa al entorno informativo global y condiciona qué contenidos son visibles, moderados o amplificados.
La relatora subraya que, en 2025, los ingresos anuales de Meta superaron el Producto Interno Bruto de aproximadamente 130 países, mientras que su base mensual de usuarios alcanzó los 3.000 millones, una cifra superior a la población de cualquier nación. El informe también indica que OpenAI registró ingresos superiores al PIB de 80 países y que ChatGPT es utilizado por casi 1000 millones de personas cada semana.
Estas magnitudes, según la experta, no son solo datos económicos. Representan un desplazamiento del poder decisorio sobre los espacios digitales hacia un pequeño grupo de actores privados que operan con una capacidad de influencia directa sobre el debate público y sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas.
El documento menciona expresamente a Elon Musk, propietario de X, quien se presenta públicamente como un defensor “absolutista” de la libertad de expresión y rechaza la moderación de contenidos al considerarla censura. Khan alerta del riesgo de que una sola persona decida qué información es visible o considerada verdadera, especialmente cuando controla tanto una plataforma digital como herramientas de inteligencia artificial asociadas.
El informe también se refiere a Mark Zuckerberg y a los cambios anunciados en enero de 2025 para relajar las protecciones contra la incitación al odio y eliminar el programa de verificación de datos de Meta en Estados Unidos. La relatora advierte de que estas decisiones, tomadas sin consulta pública ni evaluación de impacto en derechos humanos, afectan a miles de millones de usuarios.
Presiones de Estados Unidos
El informe dedica un capítulo específico a la actuación del Gobierno de Estados Unidos, al que acusa de promover una visión “absolutista” de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos. Según Khan, la administración estadounidense ha desalentado activamente a las plataformas con sede en su territorio a cumplir con requisitos de transparencia y moderación establecidos por otros Estados o por la Unión Europea.
La relatora considera especialmente grave que Estados Unidos haya utilizado su poder político y comercial “a una escala que ningún otro Estado se ha atrevido antes” para castigar a otros países que intentan regular el sector digital. El documento sostiene que estas actuaciones convierten la libertad de expresión en una herramienta de presión geopolítica.
Entre los ejemplos citados figuran sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil por sus decisiones sobre plataformas digitales, presiones comerciales e interferencias políticas contra la Unión Europea por la aplicación de su Ley de Servicios Digitales, y represalias contra la República de Corea por regular los monopolios de redes sociales.
Khan advierte también de que algunos actores políticos están “armando la libertad de expresión” bajo el pretexto de promover un entorno abierto. Según el informe, presentar cualquier restricción al discurso de odio como censura termina debilitando el propio debate público, porque quienes son atacados por ese discurso acaban siendo silenciados y excluidos de la vida pública.
El documento señala que el discurso de odio permitido sin control no genera más libertad de expresión, sino menos. La relatora sostiene que la ausencia de límites frente a la incitación al odio provoca un efecto de exclusión sobre las personas y colectivos atacados, que dejan de participar en los espacios públicos por miedo a sufrir hostigamiento o violencia.
Regulación con derechos humanos
La criminalización de la disidencia es otra de las herramientas documentadas por el informe. Khan menciona el uso de leyes antiterroristas y de normas de “financiación del terrorismo” contra periodistas en Filipinas, la designación como “terrorista” de todo el movimiento de protesta Palestine Action en Reino Unido y la equiparación del activismo climático no violento con el terrorismo en países de Europa Occidental, Centroamérica y el Sudeste Asiático.
El informe también alerta sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados para restringir el acceso a la información. Entre las prácticas señaladas figuran los cortes de internet, la inteligencia artificial utilizada para identificar y bloquear herramientas contra la censura, y la vigilancia masiva, que según Khan tiene un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
La relatora sostiene que la gente habla con menos libertad cuando sabe que está siendo vigilada. Por ello, el informe vincula la protección de la libertad de expresión con la necesidad de establecer garantías frente a la vigilancia, proteger los datos personales y asegurar que las tecnologías digitales no se utilicen para bloquear el acceso a la información.
Al concluir su mandato, Khan llama a construir coaliciones multisectoriales capaces de enfrentar intereses poderosos y de crear contrapesos institucionales frente a la captura corporativa de la libertad de expresión. La experta defiende regulaciones fundamentadas en derechos humanos, con autoridades independientes y una protección robusta de los datos.
La relatora resume su posición al afirmar que la libertad de expresión significa que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan. Para Khan, este derecho no debe tratarse como moneda de cambio geopolítica ni como mercancía sujeta a aranceles comerciales.
El mensaje final del informe es que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que requiere protección frente a todos los poderes, tanto estatales como corporativos. La experta reclama que la regulación del espacio digital no responda a presiones políticas o comerciales, sino a un marco de responsabilidad democrática y respeto de los derechos humanos.
Referencias
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