La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha acordado este miércoles la suspensión del juicio contra dos mercantiles y un empresario agrícola acusados de un presunto delito contra el medio ambiente en el Mar Menor entre 2015 y 2017. La decisión responde a la incomparecencia “justificada” del ecotoxicólogo forense Luis Murillo, facultativo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de València y considerado el perito clave de la causa.
Un informe esencial
Según el escrito de la Fiscalía, Murillo elaboró el informe pericial después de que la Guardia Civil detectara desaladoras sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en varias fincas del Campo de Cartagena.
El informe concluye que el agua desalada generó un grave riesgo para la calidad de las aguas de la laguna y para el ecosistema del Mar Menor, “una causa principal de deterioro irreversible y catastrófico”, según señala el Ministerio Público.
El documento determina además que el agua desalada provocó un grave riesgo para los animales y plantas del ecosistema lagunar, al afectar directamente a la calidad ambiental de las aguas.
La comparecencia del ecotoxicólogo estaba considerada esencial dentro del procedimiento por el peso técnico y científico de sus conclusiones en la causa abierta contra los acusados.
Fiscalía y acusaciones
El fiscal del área de Cartagena, Miguel de Mata, solicitó la suspensión del plenario al considerar imprescindible la comparecencia del perito, cuya declaración y análisis técnico constituyen la “prueba estrella” del procedimiento.
A la petición se sumaron las acusaciones particulares, entre ellas los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares y San Javier, además de organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos.
Entre las entidades personadas figuran Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, la Comisión Promotora de la ILP, SEO/BirdLife, Greenpeace España y Alianza Mar Menor Amarme.
Las partes rechazaron dividir la vista en distintas sesiones o practicar posteriormente la prueba pericial como diligencia final, al entender que ello afectaría a los principios de unidad de acto e inmediación.
El procedimiento judicial analiza presuntas actuaciones relacionadas con desaladoras sin autorización y su impacto sobre el ecosistema del Mar Menor, una de las lagunas litorales más sensibles del Mediterráneo.
Nueva fecha del juicio
El tribunal, presidido por el magistrado José Manuel Nicolás, justificó el aplazamiento en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva y evitar indefensión para las partes.
La sala argumentó además que no existe una previsión concreta sobre cuándo podrá comparecer el experto, circunstancia que motivó finalmente la suspensión de la vista oral.
Los letrados de la Administración de Justicia serán los encargados de fijar una nueva fecha para la celebración del juicio.
La Fiscalía solicita para el acusado una pena de siete años de prisión, una multa de 9.000 euros y una indemnización de 506.137,44 euros por los daños ocasionados al dominio público marítimo e hidráulico.
Por su parte, la acusación particular reclama multas superiores al millón de euros, la suspensión de la actividad empresarial durante tres años y una indemnización que supera el medio millón de euros.
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