El Gobierno de Israel ha aprobado por primera vez desde el inicio de la ocupación en 1967 la designación de amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN. La decisión, confirmada posteriormente por el ministro de Defensa, Israel Katz, ha sido interpretada por la Autoridad Palestina como una anexión ‘de facto’ de gran parte del territorio ocupado, en un contexto de máxima tensión política y diplomática.
Impulso político y control sobre la Zona C
La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz. Según la información difundida por medios israelíes, el objetivo declarado es regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus administrativo de las zonas ocupadas, retomando un proceso burocrático que Israel había abandonado hace décadas por su complejidad.
De acuerdo con KAN, la decisión responde también a los “procedimientos de asentamiento ilegales” que, según Israel, estaría promoviendo la Autoridad Palestina en la Zona C de Cisjordania, área que permanece bajo control administrativo y de seguridad exclusivo israelí y que representa alrededor del 60% del territorio cisjordano.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha confirmado la aprobación de lo que calificó como una “importante medida de seguridad y administrativa” destinada a garantizar el pleno control y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona. En la misma línea, Smotrich celebró lo que definió como la continuación de una “revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país”.
La declaración de tierras como propiedad estatal permite al Gobierno israelí reforzar su capacidad de planificación y aplicación de la ley en estos espacios, consolidando el marco administrativo bajo el que se gestionan.
Rechazo palestino y condena internacional
La reacción palestina no se hizo esperar. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, denunció que la medida constituye “una anexión ‘de facto’ del territorio palestino ocupado” y advirtió de que supone una “peligrosa escalada” y una “flagrante violación del derecho internacional”.
En un comunicado difundido por la agencia oficial WAFA, la Presidencia palestina afirmó que estas decisiones unilaterales “no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación” ni modificarán el estatus jurídico de Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, que considera territorio palestino ocupado conforme al derecho internacional.
El Gobierno jordano también condenó la decisión al entender que implica la aplicación de una “soberanía israelí ilegítima” y la consolidación de la ampliación de asentamientos. Amán alertó de que la medida perjudica la solución de dos Estados y el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente en las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Este como capital.
En términos similares se expresó Turquía, que acusó al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de intensificar políticas expansionistas que “socavan los esfuerzos de paz” y aceleran lo que calificó como una anexión ilegal en violación del derecho internacional. Qatar, por su parte, criticó la conversión de tierras de Cisjordania en propiedad estatal por considerar que busca privar al pueblo palestino de sus derechos y pidió mayor presión internacional para frenar la aplicación de la medida.
La referencia a 1967 dota a la decisión de un fuerte peso histórico. Desde la Guerra de los Seis Días, el estatus de Cisjordania ha sido uno de los principales puntos de fricción en el conflicto palestino-israelí y en las negociaciones internacionales. Que no se hubiera aprobado una designación similar desde entonces subraya la dimensión excepcional del paso dado ahora por el Ejecutivo israelí.
En el plano jurídico, la administración de tierras en Cisjordania combina normativas heredadas del periodo otomano, del mandato británico y de la legislación aplicada tras 1967. La interpretación y aplicación de este entramado legal ha sido motivo de controversia durante décadas.
En un contexto regional marcado por la inestabilidad y la falta de avances en el proceso de paz, la designación de nuevas tierras como propiedad estatal reabre uno de los capítulos más sensibles del conflicto: la soberanía, el control territorial y la viabilidad de una solución negociada. La evolución de las reacciones diplomáticas y el impacto sobre el terreno determinarán el alcance real de una medida que ya ha generado una intensa contestación política.