Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado precisó que aunque la sanción, inicialmente, afectaba a 17 aglomeraciones urbanas, en la actualidad siguen incumpliendo la normativa nueve de ellas. De estas, una está en Gijón (Asturias), otra en Valle de Güimar (Tenerife) y las siete restantes en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz), las tres declaradas de interés general y que dependen del Gobierno, y Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva) y Tarifa (Cádiz), que son de competencia autonómica.
De estas, según detalló Morán, la depuradora de Tarifa, de competencia autonómica, ya cuenta con su estación depuradora de aguas residuales, pero las muestras obtenidas no satisfacen las exigencias de la directiva europea sobre la materia.
Además, confió en que a lo largo de 2019 se concluirán otras cinco depuradoras, las de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este. Un año más tarde se terminarán las obras de Matalascañas y Valle de Güimar, mientras que la de Barbate, no cree que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, por lo que es la que más se va a retrasar.
El secretario de Estado informó en la Comisión parlamentaria de que se ha reunido con el director general de Medio Ambiente de la UE para solicitarle que a medida que se vaya cumpliendo, se vaya reduciendo o recalculando la multa.
Por otro lado, recordó que también están abiertos otros cuatro procedimientos de infracción por saneamiento y depuración en municipios de más de 10.000 habitantes. Se trata de cuatro aglomeraciones urbanas de competencia autonómica que son Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Pontevedra); Berga (Barcelona); Figueres (Gerona) y El Terri-Banyoles (Gerona).
Asimismo, respecto a otro que afecta a pequeñas aglomeraciones, de entre 2.000 y 15.000 habitantes, expuso que existe un procedimiento abierto en 2012 que afecta a 606 de ellas, de las cuales 80 son de competencia estatal, aunque en la actualidad este procedimiento implica a 180 aglomeraciones urbanas, de las que 18 son de competencia estatal que "ya están tomando medidas" para cumplir con la Directiva, aunque la Comisión Europea aún podría imponer sanciones.
Morán añadió que hay otros caso que también podrían ser objeto de sanción, pues de las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes-equivalentes que tienen que depurar sus aguas en España, unas 550 estarían en situación de incumplir.
Un plan nacional estratégico
Tras exponer la relación de incumplimientos, el secretario de Estado anunció un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) "estratégico e integral", cuyo objetivo será anticiparse a las situaciones sobrevenidas sobre todo en un contexto en el que "el cambio climático pondrá de manifiesto que las infraestructuras de depuración disponibles no tienen capacidad para las aguas pluviales".
"Tarde o temprano, el cambio climático pondrá de manifiesto que las infraestructuras de depuración disponibles no tienen capacidad para las aguas pluviales. Esto no se debe solo a una meteorología extrema. La impermeabilización urbana y los drenajes unitarios transforman el agua de tormentas en vertidos directos y nos encontraremos con problemas de posible reversión de fecales con el aumento del nivel del mar en los asentamientos costeros", advirtió.
Por ello, ve necesario reorientar la gestión de las aguas pluviales para solventar puntas de las avenidas con ciudades más permeables que junto con las infraestructuras tradicionales aumenten la resistencia de las urbes.
En este contexto, estimó imprescindible trabajar de forma conjunta con las comunidades autónomas, con las mancomunidades y con las entidades locales competentes, abordar los problemas de la financiación y hacer una programación realista de inversiones, y una gestión integral estricta.
Precisamente, hizo hincapié en que que el saneamiento y depuración son de competencia local y avanzó que el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo para incoar el procedimiento europeo y repercutir entre las administraciones responsables las cuantías.
"Es ineludible actuar para mejorar la calidad de las aguas", concluyó Morán, que considera que otro de los elementos en materia de agua que se debe reformar es el Consejo Nacional del Agua en cuanto a composición y funciones.
Por su parte, el diputado de Cs José Luis Martínez, culpó a los Gobiernos del PSOE y del PP de no haber aplicado correctamente la Directiva Europea en España desde 1991, les exigió que pidan disculpas a los ciudadanos por "lo que acontece hasta la bochornosa sentencia" y propuso convocar una Mesa Nacional del Agua para buscar "posibles soluciones".
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Pedro Arrojo reclamó al Gobierno y a las fuerzas políticas "responsabilidad colectiva" y una actitud de "autocrítica" general, mientras que su compañero de partido Juan López de Uralde advirtió de que la situación en materia de agua es "verdaderamente dramática", precisamente en un país donde el agua es un recurso escaso.
Finalmente, la diputada del PP María Teresa de Lara se expulsó las culpas afirmando que el Gobierno socialista que precedió al de Mariano Rajoy es el responsable por "no haber hecho nada" de planificación hidrológica desde 2004 a 2011, por lo que ahora los españoles están pagando las consecuencias.
Así, dijo que en 2012 eran 38 las aglomeraciones que incumplían la directiva porque la planificación socialista "no se dirigió a ejecutar las actuaciones necesarias ni a priorizar las demandas", frente a las 9 actuales.
De Lara sacó pecho de la gestión en materia de agua del Gobierno popular, que se encontró 350 millones de euros en deudas no contabilizadas cuando se hizo cargo del poder, además de una desviación del 29,2 por ciento en todos los presupuestos de ejecución en la materia.
La diputada censuró también a Hugo Morán por no haber aprovechado la ocasión del ofrecimiento de la ministra Isabel García Tejerina para estructurar con el PSOE un Pacto Nacional del Agua.
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