El Tesoro de Estados Unidos (EE UU) ha anunciado este viernes sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), en el marco de la cruzada declarada por Washington contra la corte, que incluye a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta decisión contra el organismo con sede en La Haya, sin dar más detalles, al tiempo que ha emitido hasta cuatro licencias relacionadas con el tribunal.
Licencias para operar hasta abril
El Tesoro de Estados Unidos permite realizar, hasta el 7 de abril de 2027, “transacciones” con el TPI que sean necesarias para “la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte (...), el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas del TPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte”.
Pensiones, software y detenidos
La cartera de Scott Bessent autoriza además la tramitación del pago de pensiones por parte del TPI, así como las transacciones “relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene” el tribunal.
Las licencias incluyen también la prestación de “servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar” de las personas bajo custodia de la corte y de los “servicios para el funcionamiento de las instalaciones” que albergan a los detenidos.
Una cruzada contra la corte
La medida es un paso más en la cruzada de Estados Unidos contra el tribunal, al que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que abusa de su autoridad.
Además de su presidenta, hay otros jueces y fiscales sancionados por la Administración Trump en represalia.
La represalia responde a la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
Este mismo viernes, la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, ha destacado que el Nobel de la Paz concedido a la jurista sudafricana Navi Pillay “reconoce el papel vital de la justicia internacional” para lograr “una paz duradera” a nivel mundial.
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