La Asociación Ecologistas Extremadura ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Orden TED/864/2026, mediante la que el Gobierno central ha autorizado la continuidad de las unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz, en Extremadura, hasta el 8 de junio de 2030, al considerar que la decisión prolonga de forma innecesaria el modelo energético actual y retrasa su sustitución progresiva por renovables, almacenamiento y generación distribuida.
Recurso contra la prórroga
La organización ecologista considera que la autorización supone prolongar “innecesariamente” la actividad de Almaraz y defiende que el actual modelo debería ser sustituido progresivamente por energías renovables, sistemas de almacenamiento y generación distribuida, según ha explicado en un comunicado.
En su recurso, Ecologistas Extremadura sostiene que la prórroga aprobada por el Gobierno contradice el calendario de cierre previsto anteriormente para la instalación. Ese calendario establecía el cese de actividad de la Unidad I en noviembre de 2027 y el de la Unidad II en octubre de 2028.
La asociación advierte también del denominado “efecto tapón” que, a su juicio, puede provocar la permanencia de una gran instalación de generación de base dentro de un sistema eléctrico que necesita disponer de una mayor capacidad para integrar nueva generación renovable.
Otro de los argumentos planteados en el recurso se refiere a la gestión de los materiales generados durante el funcionamiento de la central. Ecologistas Extremadura reclama que se valore adecuadamente el incremento de los residuos radiactivos y del combustible gastado que estará asociado a la prolongación de la actividad de Almaraz.
La organización cuestiona además que la autorización de continuidad se haya concedido “sin una nueva evaluación ambiental acumulativa” de la extensión del funcionamiento de la central nuclear. Para la asociación, estos aspectos deberían haberse tenido en cuenta al decidir la ampliación de su periodo operativo.
Más autoconsumo en edificios públicos
Ecologistas Extremadura considera también “contradictorio” que la Junta de Extremadura defienda la continuidad de Almaraz mientras, según la organización, no desarrolla una apuesta suficientemente ambiciosa para instalar energía solar destinada al autoconsumo en los edificios públicos de la Administración autonómica.
La asociación recuerda que colegios, institutos, centros sanitarios, residencias y oficinas administrativas, entre otras instalaciones públicas, presentan condiciones especialmente favorables para el autoconsumo fotovoltaico. Una parte importante de su consumo eléctrico se produce durante las horas centrales del día, cuando también es mayor la producción de energía solar.
“Resulta difícil entender que Extremadura, una de las regiones con mayor recurso solar de Europa, siga sin aprovechar de forma mucho más intensa las cubiertas de sus edificios públicos”, señala la organización, que reclama a la Junta que dé ejemplo y convierta cada cubierta pública adecuada en una pequeña central solar de autoconsumo.
La entidad sostiene que esta apuesta permitiría avanzar hacia un modelo energético diferente al que representa la central nuclear y forma parte de su reivindicación para que Extremadura deje de depender progresivamente de Almaraz y aumente el peso de otras formas de generación eléctrica.
La organización vincula así su oposición a la prórroga de la central con la necesidad de impulsar en la comunidad autónoma las energías renovables, el almacenamiento y el autoconsumo, alternativas que considera necesarias para sustituir progresivamente el actual modelo.
Fiscalidad y sedes empresariales
Ecologistas Extremadura considera asimismo “especialmente grave” la reducción progresiva del impuesto autonómico que pagan las empresas propietarias de la central al mismo tiempo que, según denuncia, se reclama que la región soporte “los costes y riesgos” vinculados a la continuidad de Almaraz.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente se reduciría progresivamente hasta alcanzar una rebaja del 50% en 2029, recuerda la asociación.
Según los datos que la organización atribuye a la propia Junta, esa medida implicaría que en 2029 las empresas propietarias pagarían unos 45,2 millones de euros menos respecto a la fiscalidad anterior. Ecologistas Extremadura añade que en 2025 la recaudación superaba los 80 millones de euros.
“Mientras se habla constantemente de lo que Almaraz aporta a Extremadura, hay que recordar también cuánto deja de aportar cuando la Junta decide rebajarle la fiscalidad a las empresas propietarias”, sostiene la asociación.
La entidad afirma que se trata de decenas de millones de euros que, en su opinión, podrían destinarse a servicios públicos y a medidas relacionadas con la transición energética, el almacenamiento, el autoconsumo y el desarrollo económico sostenible.
Ecologistas Extremadura recuerda, por otra parte, que la Central Nuclear de Almaraz pertenece actualmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, con participaciones aproximadas del 53%, 36% y 11%, respectivamente.
La asociación señala que Iberdrola mantiene su sede social en Bilbao, mientras que Endesa y Naturgy tienen sus sedes sociales en Madrid, y recupera las reivindicaciones formuladas para conseguir que las grandes compañías vinculadas con Almaraz trasladen sus sedes sociales a territorio extremeño.
En este contexto, la organización ha preguntado públicamente a PP y PSOE qué ha quedado de las promesas y reivindicaciones realizadas para conseguir que estas empresas establecieran sus sedes sociales en Extremadura.
“Si Almaraz es, como dicen PP y PSOE, una infraestructura tan estratégica para Extremadura; si las empresas propietarias consideran tan importante el territorio extremeño para mantener aquí una instalación que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, ¿por qué sus principales centros societarios siguen estando fuera de Extremadura?”, plantea la asociación.
Finalmente, Ecologistas Extremadura ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que presente recursos contra la prórroga de Almaraz y utilice también su capacidad de decisión como consumidora.
La organización propone valorar la posibilidad de “abandonar” como clientes a las grandes compañías propietarias de Almaraz, dentro de las acciones que plantea contra la prolongación del funcionamiento de las dos unidades de la central hasta junio de 2030.
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