Andorra da un paso significativo en la adaptación de su legislación a la realidad digital. El Gobierno ha anunciado que los actos sexuales realizados a distancia mediante Internet y que impliquen interacción y pago, como el consumo de contenido en plataformas tipo OnlyFans, serán considerados prostitución en el marco de la reforma del Código Penal.

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha presentado este lunes el proyecto de modificación de la ley calificada del Código Penal, subrayando la necesidad de actualizar el marco jurídico ante las nuevas formas de criminalidad digital, económica y transnacional.

 

Regulación de la prostitución digital y delitos sexuales en línea

 

La reforma introduce un cambio relevante al considerar prostitución el consumo de contenido sexual interactivo remunerado. En este contexto, se prevé una sanción administrativa para el consumidor, mientras que las penas se agravan si intervienen terceros: el proxenetismo se castigará con entre 2 y 5 años de prisión, y el favorecimiento con penas de 3 meses a 3 años.

Además, el texto incorpora nuevas tipificaciones vinculadas a los delitos sexuales en el entorno digital. Se penalizará la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, así como la manipulación de contenidos —incluyendo los conocidos como “deepfakes”— que hagan parecer que una persona participa en actos sexuales o aparece desnuda sin haberlo autorizado.

En estos casos, las penas podrán oscilar entre 3 meses y 3 años de prisión, y también se castigarán la provocación y la conspiración. Asimismo, el envío de contenido sexual no solicitado será considerado acoso sexual, sancionado con pena de arresto.

Otro aspecto destacado es la inclusión de un agravante cuando los delitos de discriminación se cometan mediante tecnologías digitales. La reforma incorpora expresamente la incitación al odio y a la hostilidad dentro de este tipo penal.

 

Mayor protección de menores y endurecimiento de penas

 

Uno de los pilares del proyecto es el refuerzo de la protección de menores. El Gobierno propone elevar la edad de consentimiento sexual de los 14 a los 16 años, alineándose con estándares europeos e internacionales.

Según ha explicado Molné, esta medida responde al reconocimiento de que los menores de 16 años no cuentan, en general, con la madurez suficiente para consentir relaciones con adultos de forma plenamente informada. La norma contempla, no obstante, una excepción: se mantiene el consentimiento a partir de los 14 años en relaciones entre jóvenes siempre que la diferencia de edad no supere los cinco años.

La reforma también amplía la definición de pornografía infantil, incluyendo cualquier material visual que represente a una persona que parezca menor de edad en conductas sexuales explícitas, ya sean reales o simuladas. Las penas en estos casos podrán alcanzar los 4 años de prisión.

Asimismo, se tipifica la tentativa de asistir a espectáculos pornográficos en los que participen menores o personas con discapacidad, con penas de hasta 2 años de prisión.

 

Nuevos delitos: corrupción privada y responsabilidad empresarial

 

El proyecto introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico andorrano la corrupción en el sector privado, con penas de entre 3 meses y 3 años de prisión, además de inhabilitación profesional durante tres años.

También se incluye la tentativa en delitos como la corrupción, el derroche de caudales públicos y el tráfico de influencias, extendiendo su aplicación al ámbito privado. Esta actualización permitirá a Andorra ratificar el Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, considerado un estándar internacional en la materia.

Otro avance significativo es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en una amplia gama de delitos, como el tráfico de seres humanos, el blanqueo de capitales, los delitos contra el medio ambiente o la salud pública, entre otros.

La reforma refleja así una voluntad clara de modernizar el sistema penal andorrano para hacerlo más eficaz frente a los retos actuales. En palabras de Molné, se trata de garantizar una respuesta “adecuada, proporcional y coherente” ante una realidad cada vez más compleja y digitalizada.