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Medio ambiente
23 de abril de 2017
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Lunes, 13 de febrero de 2017
Pau Ruiz
Las nucleares no se jubilan
La polémica decisión de reabrir Garoña sienta un precedente para alargar la vida útil de las centrales españolas más allá de los 40 años
La planta de Ascó (Tarragona) alberga dos de los siete reactores operativos en España / Foto: Josep Cano La planta de Ascó (Tarragona) alberga dos de los siete reactores operativos en España / Foto: Josep Cano
La vetusta central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua en activo de España, parada por la empresa explotadora desde 2012 después de que se decidiera que ya había agotado con creces su vida útil, podría volver a operar durante una década, o incluso más. Lo ha autorizado por cuatro votos a uno el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que supedita la reapertura a la realización de unas costosas inversiones en materia de seguridad y mantenimiento. Ahora, la decisión final queda en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. 

La decisión del CSN –un organismo formado por cinco consejeros de perfil político y no técnico, tres de ellos designados por el PP y los otros dos por el PSOE, que gobernaba cuando se decidió el cierre de la planta– abre las puertas al alargamiento de la actividad de las nucleares españolas más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas –las empresas reclamaban que fueran 60–, que se consideraron improrrogables por parte del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que apostó en la década pasada por la desnuclearización de la energía y por el impulso de las renovables, una estrategia a la que su sucesor Mariano Rajoy ha dado un giro de 180 grados.

La prórroga autorizada por el CSN tiene una mayoría parlamentaria en contra 

De hecho, el CSN, que con esta resolución contradice decisiones adoptadas anteriormente, ya trabaja en la redacción de una nueva normativa que permitirá retrasar la jubilación de estas instalaciones, y tanto la oposición –que con PSOE, Podemos y Ciudadanos suma mayoría en el Congreso de los Diputados en contra de la prolongación de la vida de las centrales, y no descarta plantear una proposición no de ley al respecto– como los movimientos ecologistas dan por sentado que la decisión sobre Garoña sienta un precedente que prepara el terreno para la prórroga para la actividad de la central de Almaraz (Cáceres), la mayor del país, y posteriormente del resto del parque –formado por siete centrales que generan una quinta parte de la electricidad total consumida. La de Vandellós I, en la costa sur de Tarragona, se clausuró tras un grave incendio sufrido en 1989–.

Porque, de hecho, Garoña es poco más que un símbolo. Apenas producía el 6% del total de la energía nuclear española. El propio presidente de Iberdrola –que, junto, con Endesa, son los socios al 50% de Nuclenor, la empresa propietaria– anunciaba hace menos de un año a la plantilla que la central no se reabriría, y la causa serían "motivos económicos", afirmó Ignacio Sánchez Galán. En 1999, el CSN de la época ya autorizó una prórroga de su funcionamiento de 10 años. En 2009 se estableció como fecha de su cierre definitivo el 6 de julio de 2013. Ahora la compañía, que no llegó a agotarlo, pide que opere hasta 2031.

Pero además de su nula rentabilidad, hay otros motivos más inquietantes para volver a poner en marcha la central nuclear más antigua del país. Garoña dispone de un reactor de agua en ebullición fabricado por la estadounidense General Electric muy similar al de la central japonesa de Fukushima, que sufrió en 2011 el segundo accidente más grave de la historia de este tipo de instalaciones en el mundo.

Problemas de corrosión

A mediados de la pasada década, los grupos ecologistas denunciaron graves problemas de corrosión en el barrilete –una pieza cilíndrica que hay en el interior de la vasija del reactor que sirve de soporte estructural del núcleo y canaliza el flujo de refrigerante– y los manguitos de las penetraciones de las barras de control de la planta burgalesa. Greenpeace concluyó en un detallado documento de alegaciones contra la prórroga que "la mera relación de la documentación que ha de aportar la central para su prórroga indica que hoy en día Garoña no cumple los requisitos de seguridad nuclear ni los nuevos estándares de seguridad establecidos después de las explosiones de los reactores de Fukushima". 

En 2012, el CSN decidió investigar si en Garoña se podía producir una fisura en la vasija de acero del reactor como la detectada por las autoridades belgas en la central Doel 3. Las dos vasijas, al igual que la de la central de Cofrentes (Valencia), fueron fabricadas por la misma empresa. Desde entonces no se han hecho más que reparaciones de emergencia que los ecologistas tildan de "parches", y el mismo CSN admite tácitamente el mal estado de la instalación al exigirle que, para volver a abrir, realice inversiones en trenes eléctricos, venteo, filtrado y otros aspectos que los técnicos de las compañías propietarias cifran en 200 millones de euros.

La puesta en marcha está supeditada la inversión de 200 millones en seguridad

La decisión de prolongar la vida de Garoña coincidió en el tiempo con un accidente registrado en la central francesa de Flamanville, en la costa normanda, al norte de Francia, donde un incendio causó una explosión en la sala de máquinas de uno de sus dos reactores, que tuvo que ser desconectado. Según las autoridades, el siniestro, que no conllevó emisiones radiactivas al exterior, dejó cinco heridos leves por intoxicación. Una veintena de nucleares franceses se hallan en paro para ser sometidas a revisiones técnicas, lo que obligó al país vecino –el segundo del mundo en producción de esta clase de energía, y el primero por densidad de población, con una sesentena de reactores– a importar electricidad de España, una de las razones alegadas por el Gobierno para justificar los incrementos récord del precio del megavatio durante las olas de frío del mes pasado.

Tras el terrible accidente de Fukushima –junto con el de Chernobil, el único de la historia que alcanzó el nivel 7, el máximo, de gravedad, y causó miles de muertos–, el Gobierno japonés ordenó el apagado de los 51 reactores nucleares del archipiélago. El último paró en mayo de 2012, cuando, por primera vez en 42 años, el país se quedó sin energía nuclear, que cubría el 30% de su demanda eléctrica. Pero en 2015 se volvió a autorizar el funcionamiento de las centrales de Sendai 1 y 2, que se conectaron a la red en agosto y octubre de ese año, respectivamente. Las dos de Takahama también obtuvieron el permiso, pero un tribunal revocó el mismo por razones de seguridad –se hallan sobre una falla activa–. La de Ikata empezó a trabajar de nuevo en setiembre pasado, y hay un buen puñado más en proceso de estarlo, algunas tal vez este mismo año. 

Hay mejores noticias en Alemania. Fukushima impulsó a la cancillera Angela Merkel a decretar en 2011 el cierre progresivo de todas las nucleares alemanas entre ese año y 2022. El Parlamento secundó la medida con una amplísima mayoría. La decisión fue revisada el año pasado por el Tribunal Constitucional, que avaló su adecuación a la ley fundamental pero reconoció el derecho de las compañías a ser indemnizadas con una cifra millonaria. La energía nuclear es cada vez más cuestionada por su peligrosidad, pero el problema del cambio climático parece haberle dado nuevos apoyos –no emite dióxido de carbono (CO2) ni gases de efecto invernadero–, por lo que parece todavía lejano el día en que desaparezca de la Tierra. Y, mucho más lejano, decenas de miles de años, el momento en que sus residuos dejen de amenazarnos.

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