Más de 40 ONG ecologistas, entre ellas las españolas LIBERA! Asociación Animalista y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, han denunciado este 16 de abril la rebaja “anticientífica” de la protección del lobo en la Unión Europea, que ha pasado de estar “estrictamente protegido” a “protegido”, y han reclamado una “moratoria total de las matanzas” en el bloque comunitario porque consideran que la medida pone en riesgo la recuperación de la especie.

 

Rechazo a la rebaja

 

A juicio de las organizaciones, es necesario un cambio “urgente” y “sistémico” en las políticas de la UE para que reflejen las “expectativas” de la ciudadanía. En este contexto, han exigido que la no reclasificación del nivel de protección, la cuota cero para la matanza y el enjuiciamiento de la caza ilegal pasen a convertirse en la prioridad política y legal en materia de conservación del lobo.

Las ONG también han reclamado “total transparencia” y la revelación de los “intereses creados” que, a su entender, se esconden detrás de la propuesta comunitaria para rebajar la categoría de protección del animal. Según su planteamiento, esos intereses están “presionando” a Bruselas y a varios Estados miembro para desmontar normas de protección de la naturaleza que califican de “eficaces” y de larga tradición.

En esa misma línea, las organizaciones han denunciado que se está promoviendo una “narrativa engañosa de coexistencia” que, según sostienen, probablemente sirve a los “lobbies” de la caza agrícola. Desde su punto de vista, el debate político en torno al lobo se está alejando de la evidencia científica y se está desplazando hacia posiciones marcadas por intereses sectoriales que, a su juicio, no responden ni al estado real de la especie ni al papel ecológico que desempeña.

 

Potencial ecológico del lobo

 

Las entidades firmantes han asegurado que las “pruebas ecológicas” demuestran que Europa podría sustentar de forma natural “a más de 200.000 lobos”. Frente a ese potencial, recuerdan que en la década de 1970 la especie se había reducido hasta quedar al borde de la extinción en buena parte de Europa occidental, una situación que consideran clave para entender el alcance de los esfuerzos de recuperación desplegados desde entonces.

A día de hoy, sin embargo, las ONG sitúan la población en torno a 20.000 ejemplares, una cifra que describen como “un orden de magnitud por debajo de su potencial natural”. Con este argumento, cuestionan que pueda justificarse una relajación del marco de protección en un momento en el que, según remarcan, la especie todavía se encuentra muy lejos de ocupar el espacio ecológico que podría llegar a sostener en condiciones favorables.

Las organizaciones recuerdan además que, desde los años 80, la UE ha invertido “cientos de millones de euros” en proyectos de conservación del lobo y de sus hábitats. A su juicio, ese esfuerzo económico ha contribuido a crear hábitats más ricos, a reforzar el aprecio por la vida silvestre, a generar nuevas competencias y oportunidades de empleo, así como a ampliar los conocimientos científicos y la cooperación transnacional.

Ese conjunto de iniciativas, añaden, ha favorecido también un “progreso genuino” dentro de las comunidades locales. Pese a ello, las ONG subrayan que la especie “sigue en peligro”, por lo que consideran contradictorio que, tras décadas de inversión comunitaria para su conservación, se impulse ahora una rebaja de su nivel de protección en el marco europeo.

Otro de los elementos que esgrimen para sostener su crítica es el impacto real de la depredación sobre la ganadería. Según han señalado, las pérdidas causadas por los lobos equivalen a “sólo alrededor del 0,06/0,07% de la población total de ovejas y cabras en la UE”. Con ese dato, las organizaciones concluyen que el problema se está sobredimensionando políticamente y llegan a afirmar que “el resto es narrativa política”.

 

Exigen cuota cero

 

En este marco, las ONG han denunciado que la UE no establece obligaciones para adoptar medidas preventivas contra la depredación, a pesar de que, según exponen, destina “millones” de euros cada año a respaldar este tipo de iniciativas y a financiar planes de compensación por las pérdidas de ganado. A su entender, esa falta de exigencia normativa convive con un sistema de ayudas que no corrige de forma estructural el conflicto.

Las organizaciones han lamentado igualmente que “millones más” continúen fluyendo a través de la Política Agrícola Común (PAC) hacia intereses agrícolas y cinegéticos específicos, algo que, en su opinión, socava el papel natural del lobo como “biorregulador” e “ingeniero del ecosistema”. Esa función ecológica del depredador es uno de los ejes centrales de su argumentación contra la rebaja del nivel de protección.

De acuerdo con su análisis, la consecuencia concreta de esa rebaja es la “liberalización de la matanza” de lobos. Las entidades sostienen que “todos” los estudios científicos y los principales informes europeos coinciden en señalar que “la mayoría” de los lobos que mueren en Europa lo hacen a manos de los seres humanos, ya sea por caza, por sacrificios autorizados de forma excepcional, por caza furtiva, por envenenamiento o por colisiones en las carreteras.

En paralelo, critican que “nadie sabe” cuántos lobos mueren cada año en la UE. Según denuncian, tampoco existe una metodología europea homogénea para recopilar datos, lo que dificulta la comparación entre los distintos sistemas nacionales de seguimiento y, al mismo tiempo, socava cualquier evaluación coherente a escala comunitaria sobre la evolución real de la especie.

Las ONG recuerdan asimismo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afirmado en repetidas ocasiones que la Directiva de Hábitats es una ley ecológica basada en la ciencia. En ese sentido, destacan que el tribunal ha establecido que debe garantizarse un estado de conservación favorable a nivel nacional antes de autorizar cualquier eliminación y que los métodos de gestión letales sólo son admisibles como último recurso.

Con ese marco jurídico y científico, las organizaciones concluyen que una “cuota de caza cero” es ahora “la única estrategia de salida viable” para los Estados miembros. A su juicio, la recuperación del lobo frente a la extinción está progresando en la actualidad, de manera que debilitar ahora la protección estricta de la especie revertirá esos avances y la colocará en una situación de mayor riesgo.

En la recta final de su pronunciamiento, recuerdan a los Estados miembros que todavía tienen capacidad para rechazar esta medida y para mantener una protección estricta que, según subrayan, esté en consonancia con la voluntad de sus ciudadanos y no con políticas moldeadas por “intereses ocultos”. También remarcan que aquellos países que ya han rebajado la categoría de protección del lobo todavía pueden fijar una cuota de caza cero, una opción que consideran plenamente compatible con las normas de la UE y con los compromisos internacionales.

Como ejemplo, las ONG señalan que Portugal, la República Checa, Polonia, Hungría y otros países han anunciado que mantendrán esa línea. Con ello, tratan de reforzar su mensaje de que la rebaja del estatus del lobo no obliga automáticamente a abrir la puerta a más capturas y de que, incluso dentro del nuevo marco europeo, siguen existiendo márgenes para preservar una política de máxima protección.