La vida de dos lobos ibéricos saldrá a subasta en Zamora el próximo sábado. El precio de salida: 3.500 euros por cabeza. Y a partir de esta cifra, lo que estén dispuestos a pagar quienes deseen gastarse una fuerte suma de dinero para disparar y matar a dos animales amenazados, de los que apenas quedan unos cientos (a lo sumo, unos dos mil) en toda la península, concentrados en su parte noroccidental, donde los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León autorizan su caza periódicamente.

Además de los desdichados cánidos, también serán subastados 13 ciervos (cuya vida se cotiza entre los 750 y 4.500 euros, según su categoría estética) y 3 corzos (a partir de los 500 euros). El acto tiene cada año por estas fechas en la localidad de Villardeciervos, cerca de la frontera galaicoleonesa, y en el mismo se aplica un sistema mixto en el que se aceptan ofertas remitidas en sobre cerrado y por correo electrónico y también pujas realizadas a mano alzada en la sala. A finales de marzo se pondrá a la venta el derecho a matar a otros cuatro lobos en una subasta online dentro de la feria Cinegética 2015 de Madrid.

Los lobos por cuya vida se pujará el sábado en el pueblo leonés y semanas más tarde en la red son ejemplares de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra gestionada por la junta castellanoleonesa, que define estos espacios como “aquellos terrenos declarados con el doble fin de conservar y promover determinadas especies y, una vez alcanzados los niveles de densidad adecuados, aprovechar racionalmente esta riqueza cinegética para la máxima satisfacción social y recreativa”.

El año pasado, una pareja fue adquirida por un grupo ecologista pujando por internet  

En la subasta del año pasado en Villardeciervos, teóricamente limitada a los propietarios de la reserva, los lobos quedaron finalmente excluidos del cupo (y pasaron todos ellos a las subastas por internet) para evitar que grupos ecologistas pudieran participar en la puja para lograr su indulto. En la cibersubasta, dos ejemplares fueron adquiridos por la plataforma Lobo Marley, uno por 4.500 y el otro por 3.950 euros, gracias a las aportaciones económicas de varios miles de simpatizantes.

Transcurridos unos meses, la Junta amenazó con permitir capturarlos (es decir, matarlos) si no los retiraban de la zona los propios ecologistas. A principios de este año, activistas de la plataforma, que bautizó a los ejemplares, hembra y macho, como Almeida y Viriato, destrozaron con hachas y motosierras las casetas destinadas a la caza de estos animales, que iban a ser abatidos por medio del método denominado aguardo.

En esta modalidad, los celadores de la reserva colocan un animal muerto en un cebadero para que el lobo acuda a alimentarse con la carroña, momento en el que el cazador, cómodamente instalado en la caseta construida junto al lugar, puede disparar sobre él. No hay rastreo, no hay persecución, no hay emoción alguna, ni oportunidades para la presa... el tirador espera sentado a que la víctima, atraída mediante engaños, se coloque frente a su arma y simplemente aprieta el gatillo.

Desde Lobo Marley, su portavoz, el naturalista Luis Miguel Domínguez, denuncia que “la broma de matar a un lobo entre cebos, propinas, el propio trofeo y otros extras, no va a salir por menos de 10.000 euros, es decir, que ésta es una modalidad de caza que no enraíza ni de lejos con el mundo rural y que sirve tan solo a los intereses de un cierto sector económico y social”.

Subespecie 'casi amenazada'

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una subespecie endémica de la península y está catalogada como casi amenazada en el Libro rojo de los vertebrados de España y como vulnerable en el Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España. Sin embargo, la Junta de Castilla y León considera que su población es excesiva y debe estar sujeta a control, y para ello aplica un Plan de Conservación y Gestión del Lobo en el que se contemplan las periódicas batidas de caza para limitar su número.

En esta política cuenta con el visto bueno (y por tanto con el voto) de la mayoría de ganaderos de la zona. Hace un año, en el IX Congreso de la organización agraria UPA-COAG, celebrado en Zamora, se defendió su caza selectiva alegando que “el lobo no está en peligro de extinción en la provincia de Zamora”.

“Hay más de 300 lobos en la provincia y no hay otro territorio en la Unión Europea que tenga un censo de lobos tan elevado. No hay un riesgo de desaparición y sí un censo excesivo si se sale del ámbito natural de la Reserva de la Sierra de La Culebra. No podemos tener lobos en Campos ni el Bajo Duero o en Sayago porque nos estamos cargando al ganadero y a las ganaderías autóctonas. Los lobos cazan y donde no hay otra caza matan ovejas y terneros. Eso no es coexistencia, y lleva a la desaparición de las ganaderías”, afirmó el presidente de la organización agraria, Miguel Blanco.

La Junta se opone a las indemnizaciones por tratarse de ataques de una 'especie protegida'

La falta de espacio vital y de presas salvajes en las reservas empuja a los lobos a alimentarse de los rebaños fuera de las reducidas áreas protegidas. En abril de 2013, una sentencia del Tribunal Supremo emplazó a la junta castellanoleonesa a indemnizar a los ganaderos por los ataques de lobos y confirmó la prohibición de abatir lobos al sur del Duero, donde la ley no los considera "especia cinegética".

Aunque inició su tramitación en agosto pasado, el ejecutivo de Valladolid se resiste a los pagos, alegando que “no existe responsabilidad de la Administración por tratarse de ataques de una especie protegida, teniendo los ciudadanos la obligación de soportar el daño, habida cuenta de que la Administración ha adoptado ya las oportunas medidas de control para evitar dichos ataques”. Pero otra reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha ratificado que debe hacerse cargo de dichas indemnizaciones, que reclaman incesantemente los ganaderos y que sólo en Ávila podrían ascender a más de 50.000 euros.

La Junta de Castilla y León afirma que los ataques de lobos al ganado aumentaron en un 12% entre 2008 y 2013, y que ese año, último del que existen cifras oficiales, se contabilizaron 813, que causaron la pérdida de 1.016 de cabezas de ganado menor y 610 de mayor. Sin embargo, el aumento no fue progresivo: de los 726 ataques que se registraron en 2009 se pasó a 802 en 2010, pero luego bajaron hasta 774 y 748 en los años 2011 y 2012, respectivamente.

Según el WWF, la aplicación de medidas de seguridad como contratar más pastores, el empleo de pastores eléctricos, recoger el ganado por la noche o utilizar perros mastines podría reducir drásticamente el número de ataques, y el pago de indemnizaciones por las pérdidas inevitables de reses permitiría una convivencia sostenible entre la ganadería extensiva y el lobo.