Bajo el pretexto de impulsar el crecimiento de la llamada economía azul y combatir el cambio climático, ciertos círculos políticos, económicos y académicos promueven en el Mediterráneo proyectos industriales de gran escala que amenazan hábitats marinos de alto valor ecológico, socioeconómico y cultural.
La Costa Brava es un caso paradigmático: nuestro reciente estudio alerta de que esta zona se enfrenta a una nueva ola de industrialización con graves impactos ambientales y socioeconómicos. Estas transformaciones no solo comprometen especies y hábitats, sino que también ponen en riesgo valores intangibles e identitarios asociados al paisaje, el patrimonio cultural y el disfrute estético y emocional del entorno marino, así como la resiliencia de los ecosistemas para hacer frente al cambio climático.
Necesitamos una visión más ecocéntrica de la planificación de las actividades en el mar que permita planificarlas y gestionarlas sin perder los valores y la identidad de los territorios en que se localizan.
Economía azul y áreas marinas protegidas
Los mares y océanos viven una nueva fase de industrialización, impulsada por sectores económicos en expansión como la náutica recreativa, los cruceros, la eólica marina, los gaseoductos, la desalación, la minería submarina o la acuicultura.
El mar Mediterráneo es un claro ejemplo de esta “aceleración azul” una carrera entre intereses económicos que compiten por alimentos, energía, agua, minerales y espacio
El mar Mediterráneo es un claro ejemplo de esta “aceleración azul” una carrera entre intereses económicos que compiten por alimentos, energía, agua, minerales y espacio. Para responder a estos desafíos, el concepto de economía azul se introdujo en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20.
En este contexto, las áreas marinas protegidas (AMP) se han convertido en elementos clave de la Estrategia de Biodiversidad de la UE, que busca proteger el 30 % de los mares europeos en 2030, un 10 % bajo protección estricta. Las AMP, además de proteger especies y hábitats, aseguran el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y los paisajes marinos, con sus valores culturales y estéticos, fundamentales para el bienestar y la cohesión social de las comunidades costeras.
Además, las AMP refuerzan el papel de la naturaleza en la mitigación del cambio climático a distintas escalas.
Aumenta la presión industrial sobre la biodiversidad
Según nuestro estudio, la Costa Brava cuenta con el 44 % de sus aguas territoriales protegidas. A las cuales hay que sumar otras áreas de valor para la biodiversidad, como las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), los Mamíferos Marinos (IMMA), los Tiburones y Rayas (ISRA), la Biodiversidad (KBA) y las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), que cubren en conjunto el 77 % del área.
Sin embargo, actividades como la pesca y la acuicultura, la náutica de recreo, los proyectos energéticos y los cruceros ejercen presiones elevadas dentro y alrededor de los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Mientras la pesca profesional ha reducido su actividad a la mitad en el periodo 2000-2023, la náutica recreativa, los cruceros internacionales, las plantas desalinizadoras, los parques eólicos marinos y los gaseoductos submarinos han aumentado considerablemente su contribución en este periodo, o se espera que aumenten drásticamente en el futuro, intensificando la presión industrial sobre la biodiversidad y la calidad paisajística.
Impacto ambiental, social y paisajístico
La salud de las áreas marinas protegidas de la Costa Brava puede verse afectada severamente por las presiones acumuladas de las actividades industriales. Estas pueden llevar, entre otros impactos, a la pérdida de biodiversidad, la degradación del fondo marino, la expansión de especies invasoras o la contaminación, con lo que no se alcanzaría el buen estado medioambiental que se prevé.
Estas pueden llevar, entre otros impactos, a la pérdida de biodiversidad, la degradación del fondo marino, la expansión de especies invasoras o la contaminación, con lo que no se alcanzaría el buen estado medioambiental que se prevé.
Estas actividades también generan impactos sociales y culturales significativos sobre las comunidades locales (costeras), que a menudo se ven excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios. Estas comunidades han sido durante mucho tiempo las guardianas de los ecosistemas marinos, como se ha demostrado en muchos lugares del mundo, usando un conocimiento ancestral identitario y manteniendo una relación socioecológica con su entorno necesaria para la preservación y el uso sostenible de los recursos.
La ecología política nos recuerda que las decisiones sobre el medio ambiente nunca son neutras, sino que reflejan conflictos de poder
En este contexto, la ecología política nos recuerda que las decisiones sobre el medio ambiente nunca son neutras, sino que reflejan conflictos de poder. Bajo esta lente, la economía azul, si no recuperamos el concepto para el cual se creó, puede ser más un eslogan que una solución, con un discurso amable que legitima proyectos industriales en el mar repartiendo de forma desigual los riesgos y los beneficios sin mantener el objetivo de salvaguardar la integridad ecológica del sistema.
Grandes corporaciones obtienen beneficios, mientras las comunidades locales soportan los impactos en sus paisajes, modos de vida e identidad cultural. Ello repercute, no solo en la economía local sino también en la salud y el bienestar de las comunidades costeras que dependen de los servicios y recursos proporcionados por el mar.
Desde la planificación territorial, se distinguen tres grandes visiones del paisaje marino:
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El industrializado, dominado por ciudades, pesca intensiva, turismo de masas e infraestructuras energéticas.
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El conservado, donde predominan las AMP.
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Un tercer modelo intermedio de coexistencia entre conservación y actividades humanas, que es el que representa hoy la Costa Brava.
Sin embargo, sin medidas restrictivas eficaces y una apuesta por alcanzar su buen estado medioambiental -como objetivo final en la gestión del medio marino de acuerdo a la normativa actual-, este equilibrio podría derivar en un paisaje plenamente industrializado. Las consecuencias podrían ser irreversibles para la biodiversidad, la identidad cultural y los valores estéticos del territorio.
Conclusiones y recomendaciones
La expansión y concentración de actividades industriales, dentro o alrededor de las áreas marinas protegidas, es incompatible con sus objetivos de conservación. Por tanto, es urgente aplicar el principio de precaución que marca la Ley 41/2010 de protección del medio marino para evitar el desarrollo industrial en regiones costeras con alto valor ecológico, paisajístico y social, como las de la Costa Brava, ya que podría acarrear consecuencias irreversibles sobre sus ecosistemas marinos y las comunidades locales.
Es necesario prohibir el desarrollo de nuevas actividades industriales dentro de las áreas marinas protegidas y restringirlo en otras zonas críticas para la biodiversidad marina (como las IMMA, ISRA, IBA, KBA y ZEPIM)
Por ello, es necesario prohibir el desarrollo de nuevas actividades industriales dentro de las áreas marinas protegidas y restringirlo en otras zonas críticas para la biodiversidad marina (como las IMMA, ISRA, IBA, KBA y ZEPIM). Además, esta cautela debería extenderse a las zonas adyacentes, al menos en una franja de 10 kilómetros alrededor de estos espacios.
De esta manera, las actividades marítimas podrían ser ambientalmente sostenibles y compatibles con los modos de vida e identidad de las comunidades costeras. Solo así la economía azul podrá ser realmente sostenible y no transformarse en una “economía gris”, es decir, un modelo extractivo que erosiona la base ecológica, socioeconómica y cultural del Mediterráneo.
Josep Lloret, Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC); Anna Mujal-Colilles; Josep Vila Subirós, Universitat de Girona; Laura Amorós Garcia, Universitat de Girona; Paul Wawrzynkowski, Universitat de Barcelona; Rafael Sardá Borroy, Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC); Ricard Rigall Torrent, Universitat de Girona y Sílvia Gómez Mestres, Universitat Autònoma de Barcelona.