La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha denunciado el lunes 26 de octubre ante la Asamblea General de la ONU que grandes medios de comunicación internacionales han contribuido a legitimar el genocidio en Gaza, al reproducir narrativas oficiales israelíes, marginar las voces palestinas y presentar determinadas actuaciones militares sin examinar sus posibles implicaciones legales.
La denuncia forma parte de un informe sobre el papel de los medios durante la ofensiva israelí, presentado por videoconferencia desde Túnez.
La eliminación de periodistas palestinos
El informe, titulado La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio (1), analiza lo que Albanese denomina "mediacidio" durante la ofensiva israelí en Gaza. Se trata, según la relatora, de un proceso que combina la eliminación de periodistas palestinos, la destrucción de pruebas y la utilización de los medios para justificar o encubrir posibles crímenes internacionales.
Según los datos recogidos en el documento, unos 300 periodistas y trabajadores de medios palestinos han muerto en ataques israelíes, de los cuales aproximadamente 70 habrían sido asesinados como represalia por su labor informativa.
Además, más de 400 profesionales han resultado heridos y al menos un centenar han sido detenidos.
La destrucción también afecta a las infraestructuras necesarias para informar. El informe señala que el 81 % de las instalaciones de información y comunicaciones de Gaza han resultado dañadas o destruidas, lo que dificulta la documentación independiente de los acontecimientos y la transmisión de testimonios al exterior.
Albanese sostiene que estos ataques no solo afectan a los profesionales de la información, sino también a la posibilidad de documentar las violaciones de derechos humanos y exigir responsabilidades. La desaparición de testigos y materiales periodísticos reduce, según su análisis, las pruebas disponibles para investigar posibles crímenes.
La relatora recuerda, además, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en 2024 a Israel adoptar medidas para preservar las pruebas relacionadas con los actos contemplados en la Convención sobre el Genocidio.
Censura y control informativo israelí
El segundo ámbito de preocupación identificado por Albanese es la existencia de una estructura de censura y propaganda en Israel que, según el informe, combina restricciones legales, control de contenidos y campañas de comunicación destinadas a influir en la percepción internacional de la ofensiva en Gaza.
La relatora denuncia que las autoridades israelíes han impedido el acceso independiente de periodistas internacionales a Gaza, mientras determinadas informaciones difundidas por medios israelíes han contribuido a deshumanizar a la población palestina y normalizar la violencia contra ella.
El documento recoge que, durante 2024, la censura militar israelí prohibió 1.635 noticias y censuró parcialmente otras 6.265, lo que equivale a más de 21 intervenciones diarias sobre contenidos informativos.
Albanese también señala que determinados programas y comentaristas israelíes han difundido mensajes de odio e incitación a la violencia, incluidos llamamientos a destruir Gaza y expresiones que presentan a la población palestina como una amenaza colectiva.
Para explicar las posibles consecuencias legales de estos discursos, el informe recuerda el precedente de la Radio de las Mil Colinas durante el genocidio de Ruanda, cuyo papel en la incitación a la violencia fue examinado por la justicia penal internacional.
La relatora subraya que la incitación directa y pública al genocidio puede constituir un delito internacional y que la responsabilidad no se limita necesariamente a quienes pronuncian los mensajes, sino que puede alcanzar a quienes controlan los medios que los difunden.
Medios occidentales y plataformas digitales
El tercer eje del informe examina la cobertura de grandes medios occidentales, a los que Albanese acusa de reproducir afirmaciones israelíes sin suficiente verificación, minimizar la responsabilidad de Israel en las muertes de civiles y ofrecer una representación desigual del sufrimiento de ambas poblaciones.
Entre las prácticas cuestionadas figura el denominado "camuflaje humanitario", que consiste, según la relatora, en utilizar expresiones aparentemente neutrales para presentar actuaciones que podrían constituir crímenes internacionales como medidas militares justificadas.
Como ejemplos, cita el uso de términos como "zonas seguras" y "órdenes de evacuación", que, a su juicio, pueden ocultar desplazamientos forzosos y otras consecuencias de las operaciones militares sobre la población civil.
El documento recoge distintos análisis sobre la cobertura informativa. Uno de ellos señala que la British Broadcasting Corporation (BBC) (del inglés, Corporación Británica de Radiodifusión) minimizó la responsabilidad israelí en el 83 % de los titulares examinados. Otro identifica diferencias en el tratamiento de la violencia contra israelíes y palestinos por parte de medios internacionales.
También menciona el caso de la cadena alemana Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (del alemán, Segunda Televisión Alemana), donde el 90,7 % de las referencias al término "bárbaro" se utilizaron para describir la violencia contra víctimas israelíes, sin emplearse esa expresión para los ataques israelíes contra palestinos, según el análisis citado.
La relatora cuestiona asimismo la difusión de acusaciones no verificadas contra periodistas palestinos, algunos de los cuales fueron presentados como integrantes de organizaciones armadas. Advierte de que estas afirmaciones pueden contribuir a desacreditar su trabajo y justificar ataques contra profesionales de la información.
Las críticas también alcanzan a las grandes plataformas digitales. Según datos recogidos en el informe, aproximadamente 38,8 millones de publicaciones relacionadas con Palestina fueron eliminadas, bloqueadas o restringidas en Facebook e Instagram desde finales de 2023.
Albanese señala que las solicitudes israelíes de retirada de contenidos registraron tasas de aceptación del 99,2 % en TikTok y del 94 % en Meta. Paralelamente, denuncia que las plataformas obtuvieron ingresos de campañas publicitarias del Gobierno israelí.
Ante esta situación, la relatora reclama a los medios que verifiquen las afirmaciones de las partes enfrentadas, corrijan las informaciones falsas y protejan la independencia periodística, evitando que los contenidos informativos sirvan para difundir propaganda.
También solicita a la Asamblea General de la ONU que impulse un mecanismo independiente para preservar las pruebas de posibles crímenes contra periodistas y garantizar el acceso de observadores internacionales a Gaza.
Finalmente, Albanese pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la posible incitación directa y pública al genocidio por parte de funcionarios y figuras mediáticas, y recuerda que la conservación de documentos y testimonios resulta esencial para esclarecer responsabilidades.
- (1) La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio. Naciones Unidas, documento A/81/249 (en inglés).
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