La Comisión Europea ha abierto este viernes 25 de septiembre un procedimiento de infracción contra los 27 Estados miembros de la Unión Europea por no haber incorporado plenamente a sus legislaciones las nuevas normas destinadas a reducir la contaminación procedente de fábricas, instalaciones industriales y explotaciones ganaderas, una obligación cuyo plazo terminó el pasado 1 de julio.
Dos meses para responder
El expediente comienza con el envío de una carta de emplazamiento a cada uno de los países, que disponen a partir de ahora de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, completar la incorporación de la directiva a sus respectivas legislaciones y comunicar las medidas adoptadas.
La actuación de Bruselas afecta a la totalidad de los Veintisiete, ya que ningún Estado miembro notificó dentro del plazo establecido la aplicación completa de la normativa comunitaria.
Una vez recibidas las respuestas, la Comisión evaluará las medidas comunicadas por cada país. Si considera que no son suficientes para solucionar el incumplimiento, podrá pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción mediante el envío de un dictamen motivado.
Este nuevo paso precedería a una posible decisión de trasladar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si los países afectados continúan sin cumplir las obligaciones previstas en la legislación comunitaria.
El procedimiento abierto por Bruselas busca, por tanto, que los Estados miembros completen la adaptación de sus normas nacionales al nuevo marco europeo y acrediten ante la Comisión que han incorporado las disposiciones pendientes.
Reglas más estrictas
La normativa que los países deben trasladar a sus legislaciones endurece las obligaciones para reducir la contaminación generada por las actividades industriales y ganaderas y amplía el alcance de los controles existentes.
Entre sus principales cambios figura la incorporación de un mayor número de instalaciones al ámbito de aplicación de estas reglas, de manera que más actividades quedan sometidas a las obligaciones comunitarias destinadas a limitar su impacto ambiental.
Las nuevas disposiciones también establecen restricciones sobre el uso de sustancias químicas peligrosas, dentro del conjunto de medidas dirigidas a reducir la contaminación procedente de las instalaciones afectadas.
La actualización amplía de este modo unas reglas que la Unión Europea aplica desde 2010 a más de 50.000 instalaciones industriales, con el objetivo de limitar sus efectos sobre las personas y el medio ambiente.
El sistema se basa en la utilización de las mejores técnicas disponibles, que sirven de referencia para controlar y reducir el impacto de las actividades industriales sometidas a la normativa europea.
Con la revisión ahora pendiente de incorporación completa en los Estados miembros, la UE refuerza ese marco y extiende las exigencias destinadas a prevenir o disminuir los efectos contaminantes de las actividades incluidas.
La directiva no se limita, además, a las instalaciones industriales. Las explotaciones ganaderas también forman parte del ámbito regulado por las nuevas disposiciones, que aumentan las obligaciones relacionadas con la reducción de su contaminación.
La falta de incorporación completa de estas medidas es precisamente lo que ha llevado a la Comisión a actuar de manera simultánea contra todos los gobiernos de la Unión Europea, una circunstancia que convierte el retraso en un incumplimiento común a los Veintisiete.
Más derechos para la ciudadanía
La actualización de la normativa también refuerza los derechos de la ciudadanía frente a los efectos de la contaminación ilegal.
Entre las novedades figura la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños a la salud cuando estos hayan sido provocados por una contaminación que incumpla las normas establecidas.
Esta disposición amplía la protección de las personas afectadas y añade al marco comunitario un mecanismo para exigir una compensación cuando la actividad contaminante contraria a la legislación haya ocasionado perjuicios sanitarios.
Las nuevas reglas combinan así las obligaciones impuestas a las instalaciones con una mayor capacidad de actuación para quienes puedan sufrir las consecuencias de su incumplimiento.
El conjunto de medidas actualiza el sistema europeo de control de la contaminación industrial, que durante los últimos años ha regulado decenas de miles de instalaciones mediante requisitos destinados a reducir su impacto tanto sobre la salud de las personas como sobre el medio ambiente.
La Comisión reclama ahora a los gobiernos nacionales que trasladen completamente esa actualización a sus respectivos ordenamientos jurídicos. El siguiente movimiento dependerá de las explicaciones y de las medidas que cada Estado comunique dentro del periodo concedido.
Bruselas decidirá entonces si considera solucionadas las deficiencias detectadas o si procede continuar con el procedimiento de infracción, que puede avanzar hasta la justicia europea en caso de que persista el incumplimiento.
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