El Parlamento Europeo ha aprobado este 17 de junio de 2026 en Estrasburgo el nuevo Reglamento de Retornos, una de las piezas más duras de la nueva política migratoria europea.
La norma busca agilizar las expulsiones de personas sin derecho reconocido a permanecer en la UE, en una deriva que organizaciones humanitarias denuncian como una amenaza directa a los derechos de migrantes y refugiados.
Encierro y control
La reforma se presenta desde las instituciones europeas como un mecanismo para hacer más eficaces los retornos. Sin embargo, su contenido consolida un giro político más profundo: la Unión Europea refuerza una arquitectura migratoria basada en encerrar, vigilar y expulsar, más que en garantizar protección, defensa jurídica y vías seguras de acceso al asilo.
El texto ha salido adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, una mayoría que confirma el desplazamiento de la política migratoria europea hacia posiciones más restrictivas. La votación ha contado con el respaldo del Partido Popular Europeo y de grupos de extrema derecha, mientras socialistas, liberales, verdes e izquierda se han opuesto a la norma.
La nueva ley sustituirá una directiva vigente desde hace casi 20 años y endurecerá las condiciones para las personas con una orden de retorno. Los Estados miembros podrán aplicar un marco más severo para obligarlas a cooperar con las autoridades, abandonar el territorio comunitario o someterse a medidas de control.
El aspecto más alarmante es la ampliación de la detención migratoria. La norma permitirá privar de libertad a una persona durante 24 meses, con una prórroga adicional de seis meses en determinadas circunstancias. Además, si esa persona se traslada a otro Estado miembro, podrá abrirse un nuevo periodo de detención, lo que multiplica el riesgo de encadenar procedimientos y privaciones de libertad.
La reforma también permite medidas que extienden el control sobre la vida cotidiana: presentaciones periódicas, residencia obligatoria en un lugar determinado, garantías económicas y vigilancia electrónica. Aunque se presenten como alternativas a la detención, consolidan un sistema de supervisión intensiva sobre personas cuyo principal conflicto con la administración es no tener reconocido el derecho a permanecer en Europa.
Centros fuera de la UE
El punto más controvertido de la reforma es la posibilidad de habilitar centros de retorno en terceros países. La norma permitirá trasladar a personas migrantes con una resolución de retorno –salvo menores no acompañados– a instalaciones situadas fuera del territorio de la UE, siempre que exista un acuerdo con el país que acepte acogerlas.
La medida supone un salto cualitativo en la externalización migratoria. Europa conserva el poder de decidir quién debe ser expulsado, pero desplaza fuera de sus fronteras una parte esencial de las consecuencias humanas, jurídicas y políticas de esa decisión. El modelo se acerca a una lógica de subcontratación de la frontera: la UE decide, terceros países retienen y las personas migrantes quedan cada vez más lejos de los tribunales, la prensa y las organizaciones de defensa de derechos.
Las informaciones publicadas señalan que estos centros podrían recibir incluso a familias con menores, aunque no a menores no acompañados. Este punto agrava la crítica, porque sitúa a niñas, niños y familias en un sistema de expulsión externalizada donde las garantías dependerán de acuerdos con Estados externos al marco comunitario.
El reglamento establece que esos acuerdos deberán cumplir los Derechos Humanos, respetar el Derecho internacional y garantizar el principio de non-refoulement, es decir, la prohibición de devoluciones en caliente. Sin embargo, el riesgo señalado por las organizaciones sociales está precisamente en la distancia entre las garantías formales y la capacidad real de supervisar centros situados fuera de la UE.
Derechos bajo amenaza
El propio Pacto Europeo de Migración y Asilo, activado el 12 de junio de 2026, ya había marcado este giro: más controles fronterizos, procedimientos acelerados, cooperación con países de origen y tránsito y un mecanismo de solidaridad que permite a los Estados elegir entre reubicar personas o pagar compensaciones.
Esa “solidaridad” a la carta es una de las grandes contradicciones del nuevo modelo. La UE exige cooperación para expulsar, pero permite a los gobiernos evitar la acogida efectiva. Algunos Estados pueden pagar para no recibir a personas migrantes, mientras otros soportan la presión fronteriza.
Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones del Grupo de Trabajo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo han advertido de que la nueva política migratoria común amenaza los derechos de personas migrantes y refugiadas. Su crítica apunta a la acumulación de medidas: procedimientos acelerados, más detención, controles biométricos, externalización y debilitamiento de las garantías jurídicas.
El riesgo afecta directamente al derecho de asilo, a la defensa jurídica efectiva, al acceso a información, a la protección de personas vulnerables y al derecho a la salud. Las organizaciones humanitarias denuncian que los nuevos procedimientos fronterizos serán más rápidos, pero también menos garantistas, con plazos reducidos y más obstáculos para acceder a asesoramiento legal.
España ha sido uno de los países que ha expresado mayor rechazo al Reglamento de Retornos, por dudas sobre derechos fundamentales, proporcionalidad y garantías. El Gobierno ha cuestionado especialmente los centros en terceros países y el riesgo de que el internamiento deje de ser una medida excepcional para convertirse en una herramienta ordinaria de gestión migratoria.
El nuevo Reglamento de Retornos no es solo una norma administrativa. Es una declaración política. Europa decide que la prioridad no es abrir vías seguras, reforzar la acogida o garantizar procedimientos justos, sino expulsar más rápido, detener durante más tiempo y trasladar fuera de su territorio una parte del coste humano de sus decisiones.
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