La OTAN convierte Ankara en escaparate del rearme ante las críticas pacifistas

Las entidades de paz y noviolencia y Lafede han reclamado, con motivo de la cumbre de la OTAN de los días 7 y 8 de julio en Ankara, un debate público “serio, transparente y democrático” sobre seguridad y defensa, en una cita marcada por el aumento del gasto militar, el apoyo a Ucrania y el impulso a la industria de defensa.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que se ha sumado al comunicado, sostiene que cada nueva cita de la Alianza Atlántica funciona como una nueva “operación de marketing” de la industria de la guerra y de sus defensores.

Cumbre del rearme

La cumbre de Ankara llega después de que los aliados acordaran una hoja de ruta para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en 2035, un objetivo que actualiza el compromiso del 2% fijado en la cumbre de Gales de 2014. Europa Press sitúa la reunión como un examen del progreso de los aliados en ese nuevo marco de gasto militar.

La agenda oficial de la Alianza también refuerza ese enfoque. La OTAN incluye entre los contenidos destacados de la cumbre el Defence Industry Forum 2026, un foro dedicado a producción, inversión e innovación transatlánticas en defensa.

Ese foro, previsto para el 7 de julio en Ankara, es presentado por la OTAN como su principal evento de alto nivel sobre industria de defensa. Para las organizaciones de paz, este tipo de espacios confirma el peso creciente del complejo industrial militar en la definición de las políticas de seguridad.

La agencia EFE también ha situado el aumento de los presupuestos militares como uno de los ejes de la cumbre. Según esa cobertura, los aliados europeos llegan a Ankara con el gasto en defensa como una de las cuestiones centrales de la reunión, junto al apoyo a Ucrania y la relación con Estados Unidos.

Frente a ese escenario, las entidades firmantes sostienen que la seguridad europea no debería basarse en la acumulación de armamento ni en la disuasión militar, sino en la distensión, la prevención de conflictos, la diplomacia y el diálogo.

Críticas al gasto

El comunicado incorpora varios argumentos económicos para cuestionar el aumento del gasto militar. Según las entidades, el Fondo Monetario Internacional calcula que por cada dólar invertido en la prevención de conflictos armados los países pueden ahorrar entre 26 y 103 dólares en posibles costes asociados a la violencia.

Las organizaciones también comparan el impacto laboral de la inversión militar con el de otros sectores. Según los datos recogidos en el comunicado, por cada millón de euros invertido, la industria militar genera aproximadamente 6,9 puestos de trabajo, por debajo de la eficiencia energética, la educación o la sanidad.

En concreto, el texto señala que esa misma inversión genera 10,6 empleos en eficiencia energética, 14,3 en educación y 19,2 en sanidad. A partir de esos datos, las entidades sostienen que, si el objetivo es crear ocupación y bienestar, las inversiones públicas deberían priorizar esos ámbitos y no el militar.

El comunicado añade que la industria militar suele ser deficitaria y requiere grandes inversiones públicas, mientras que los beneficios acaban siendo privados. Las organizaciones alertan, además, de que la previsión de sumar 800.000 millones de euros para aumentar el rearme europeo puede implicar recortes en el Estado del bienestar.

En relación con la llamada “amenaza rusa”, las entidades recuerdan que Europa ya está fuertemente armada. Según el comunicado, la suma del presupuesto militar de los Estados europeos miembros de la OTAN triplica el gasto militar de Rusia, mientras que el presupuesto militar conjunto de todos los países de la Alianza Atlántica es hasta 10 veces superior al presupuesto ruso.

Las organizaciones consideran que la invasión rusa de Ucrania está siendo instrumentalizada para justificar nuevas exigencias de gasto militar. Sin embargo, recuerdan que las demandas de la OTAN para que sus miembros aumenten la inversión en defensa datan, como mínimo, de la cumbre de 2014.

Debate democrático

El comunicado advierte de que la carrera armamentística y la militarización de las relaciones internacionales incrementan las posibilidades de participar en un conflicto armado. A juicio de las entidades, poner grandes capacidades militares al alcance de gobiernos propensos al belicismo puede favorecer el uso de la fuerza armada para alcanzar objetivos políticos.

Las organizaciones firmantes sostienen que la ciudadanía no ha sido suficientemente informada ni consultada sobre las decisiones de rearme. También advierten de que este proceso puede actuar como preludio de una remilitarización social, como muestra, según señalan, la reinstauración del servicio militar voluntario u obligatorio en muchos Estados miembros de la OTAN.

En este contexto, las entidades reclaman que la política de seguridad necesaria se base en la distensión y no en la disuasión militar. También piden que la OTAN, la Unión Europea y sus Estados miembros clarifiquen y apuesten por medidas diplomáticas y de diálogo con Rusia para garantizar una salida negociada al conflicto y evitar nuevos escenarios de confrontación.

El comunicado insiste en que la soberanía de los Estados miembros de la OTAN es absoluta en materia presupuestaria. Según las entidades, la Alianza Atlántica no tiene mandato para decidir el gasto militar de los países, ya que corresponde a cada Estado determinar sus presupuestos.

Las organizaciones denuncian, además, que la carrera armamentística se está imponiendo “bajo la tutela del lobby del complejo industrial militar” y sin control democrático suficiente. Por ello, reclaman un debate social amplio sobre qué modelo de seguridad necesita Europa y qué efectos tienen las decisiones de rearme sobre las políticas públicas.

El comunicado también sitúa al Estado español dentro de estas coordenadas de discurso y políticas. Las entidades afirman que el Gobierno español ha aprovechado el contexto geopolítico para acelerar sus políticas militaristas y recuerdan que el año pasado aprobó un plan de rearme de más de 10.000 millones de euros con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en defensa reclamado por la OTAN.

Según los datos citados por el Centre Delàs, el gasto militar real español fue todavía superior, casi hasta alcanzar los 40.000 millones de euros y el 2,4% del PIB. El comunicado añade que el objetivo del Ejecutivo español es mantener ese nivel de gasto en 2026 y que, con esta finalidad, aprobó el 29 de junio un total de 15 nuevos programas de armamento, además de impulsar contratos por valor de 10.000 millones de euros más.

Las entidades también cuestionan la posición del Gobierno catalán. Según el comunicado, el Ejecutivo catalán ha impulsado iniciativas como la jornada “Oportunidades empresariales en el sector de la seguridad y la defensa en Catalunya”, destinada a facilitar que empresas catalanas accedan a fondos para el fomento de la industria militar europea.

Para las organizaciones, esta apuesta por situar a Catalunya como actor en la carrera armamentística entra en contradicción con la elaboración de una nueva política pública de paz. El comunicado recuerda que este proceso ha recogido más de 900 propuestas y que apuesta por construir paz y seguridad humana reales, tanto en Catalunya como en el exterior.

Las entidades concluyen que la seguridad europea no puede decidirse únicamente desde la lógica de la OTAN ni del aumento del gasto militar. Por ello, reclaman “menos seguidismo” y más debate social sobre seguridad y defensa, con una orientación basada en la seguridad humana, la prevención de conflictos, la diplomacia y el control democrático de las decisiones públicas.