El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advierte de que la nueva ley israelí para ejecutar únicamente a ciudadanos palestinos por actos de terrorismo constituye un crimen de guerra, al considerar que es incompatible con las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional.
Vulnera el derecho a la vida, plantea graves dudas sobre el debido proceso y afianza una justicia que la ONU califica de discriminatoria y parcial.
Sin indulto ni apelación
Turk manifiesta que la nueva normativa es “claramente incompatible” con las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, incluidas las relativas al derecho a la vida. Además, sostiene que la ley suscita “graves preocupaciones” sobre posibles vulneraciones del debido proceso.
El Alto Comisionado recalca también que la legislación es “profundamente discriminatoria” y sostiene que debe ser derogada de inmediato. En su valoración, el problema no se limita al castigo previsto, sino también al hecho de que la norma se dirige exclusivamente contra ciudadanos palestinos, lo que, a su juicio, institucionaliza una respuesta penal desigual.
La ley establece la ejecución en la horca como pena para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques que causen la muerte de ciudadanos israelíes. Según la información recogida, esa ejecución debe producirse en un plazo de 90 días y se contempla sin posibilidad de indulto y sin derecho a apelar.
Para Naciones Unidas, ese diseño legal resulta especialmente grave porque incorpora elementos que, además de contravenir las normas internacionales, restringen de forma extrema las garantías judiciales. La ausencia de indulto y de apelación refuerza, en este sentido, la preocupación expresada por el organismo internacional.
Turk recuerda lo “profundamente difícil” que resulta conciliar este tipo de legislaciones con la dignidad humana. También advierte del “riesgo inaceptable” de que puedan acabar siendo ejecutadas personas inocentes, una posibilidad que, según remarca, vuelve todavía más problemática la aplicación de la pena de muerte en este contexto.
Un crimen de guerra
El jefe de Derechos Humanos de la ONU subraya que aplicar esta ley sobre los habitantes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra. Con esta afirmación, sitúa la discusión en el plano del derecho internacional humanitario y no solo en el de la política penal interna de Israel.
La advertencia de Turk no se limita a la norma ya aprobada. También pone el foco sobre otras propuestas legislativas con las que el Parlamento israelí pretende imponer de manera retroactiva la pena de muerte a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023.
Esas propuestas contemplan la creación de un tribunal militar especial para juzgar esos hechos. Para el Alto Comisionado, esa vía abre una nueva fuente de preocupación por sus implicaciones sobre las garantías procesales y por el tipo de jurisdicción que se prevé aplicar a los acusados.
Naciones Unidas recuerda que, en virtud del derecho internacional, están prohibidos los juicios a civiles en tribunales militares, salvo en circunstancias estrictamente excepcionales. Según precisa el organismo, el Estado solo puede recurrir a esa posibilidad si demuestra que esa medida es necesaria, está justificada por razones graves y convincentes y que las cortes civiles ordinarias no pueden llevar a cabo el proceso judicial.
Ese recordatorio refuerza la crítica de la ONU a los mecanismos que se pretenden activar. Para el organismo, no basta con invocar la gravedad de unos hechos para desplazar a los civiles hacia la jurisdicción militar, ya que el estándar internacional exige condiciones muy concretas y excepcionales.
Turk apela así a los legisladores israelíes para que den marcha atrás. En su mensaje, insiste en que la respuesta judicial a los delitos relacionados con el 7 de octubre no puede sustentarse en la discriminación ni en la supresión de garantías esenciales.
Segregación racial y ‘apartheid’
El Alto Comisionado reconoce que los juicios por delitos relacionados con el 7 de octubre son sumamente importantes. Sin embargo, defiende que esos procesos no deben basarse en la discriminación y que el deber de rendición de cuentas tiene que aplicarse conforme a principios de igualdad ante la ley.
En este sentido, sostiene que todas las víctimas tienen derecho a la misma protección de la ley y que todos los autores deben rendir cuentas sin discriminación. Para la ONU, ese principio resulta incompatible con una legislación que se centra únicamente en los delitos cometidos por palestinos.
Turk considera que, al enfocarse de manera exclusiva en esos delitos, se está “institucionalizando una justicia discriminatoria y parcial”. La crítica apunta tanto al contenido de la ley como al marco general en el que se inscribe, en el que la selección de los sujetos castigados pasa a ser un elemento central de la norma.
Naciones Unidas denuncia asimismo que, con estas nuevas medidas, Israel afianza aún más sus políticas de segregación racial y de ‘apartheid’ contra los ciudadanos palestinos. De este modo, la ONU vincula la nueva legislación con un patrón más amplio de desigualdad y separación legal denunciado por el organismo.
La organización añade que los palestinos son condenados a menudo tras “juicios injustos”, una afirmación que agrava todavía más la preocupación sobre la eventual imposición de la pena de muerte en ese marco. Para la ONU, la combinación entre una justicia cuestionada y un castigo irreversible incrementa el riesgo de vulneraciones irreparables.
La advertencia del Alto Comisionado se sitúa, por tanto, en varios planos a la vez: el del derecho a la vida, el del debido proceso, el de la prohibición de la discriminación y el de la protección de la población que reside en territorio ocupado. En todos ellos, Naciones Unidas sostiene que la norma israelí vulnera estándares fundamentales.
En su conclusión, Turk insiste en que la ley debe ser derogada de inmediato y que cualquier proceso judicial, incluidos los relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023, debe respetar de forma plena las garantías legales, la igualdad ante la ley y las obligaciones derivadas del Derecho Internacional. La ONU advierte así de que la imposición de la pena de muerte únicamente a palestinos no solo abre la puerta a una justicia selectiva, sino que, aplicada en el territorio palestino ocupado, constituye un crimen de guerra.