MITECO y CCAA vuelven a chocar por el informe que puede abrir la caza del lobo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las comunidades autónomas valorarán este lunes 22 de junio dos informes enfrentados sobre el estado de conservación del lobo en España, en una reunión clave para decidir qué documento se aprueba y se remite a la Unión Europea, después de meses de choque político y técnico sobre si la especie puede volver a ser objeto de controles letales o caza.

Dos informes enfrentados

Sobre la mesa estarán el informe sexenal elaborado por el Ministerio a partir de datos autonómicos, que concluye que el lobo no se encuentra en un estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar, y el documento promovido por Galicia, que sostiene lo contrario y que cuenta con el respaldo de varias comunidades autónomas.

La Unión Europea exige a cada Estado miembro la elaboración de estos informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. En el caso del lobo, la evaluación se enmarca dentro de la Directiva Hábitats, una de las principales referencias comunitarias en materia de biodiversidad.

El Gobierno tenía como plazo el 31 de diciembre de 2025 para presentar el informe correspondiente. Sin embargo, a finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haberlo remitido. A mediados de febrero, Transición Ecológica pidió a las comunidades autónomas una actualización de los datos del censo de lobos tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y las extracciones realizadas en los últimos meses a nivel autonómico.

Transición Ecológica pidió a las comunidades autónomas una actualización de los datos del censo de lobos tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y las extracciones realizadas en los últimos meses a nivel autonómico. 

Las comunidades autónomas no enviaron datos revisados tras los incendios

Según explican fuentes del Ministerio, las comunidades autónomas no enviaron datos revisados tras los incendios. En mayo, el departamento expuso a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye entre otros documentos el censo. El texto mantiene la cifra de 333 manadas de lobos en España, por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable.

Choque con autonomías

Transición Ecológica también sostiene que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024 establece que, si una especie se encuentra en estado desfavorable en una parte del territorio, debe considerarse en esa situación en la totalidad del territorio. Esa interpretación refuerza la posición del Ministerio frente a las comunidades que defienden recuperar los controles letales.

El informe del Ministerio fue sometido a información pública hasta el 27 de mayo, según explicó el propio departamento, a petición de varias organizaciones. El proceso previsto incluía la apertura del trámite, la recepción de alegaciones e informes científicos, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la aprobación del informe sexenal y su eventual envío a Bruselas.

De forma paralela, también se sometió a información pública el documento promovido por Galicia y aprobado el verano pasado en una reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este es el texto que algunas comunidades autónomas esperan que salga adelante este lunes, ya que considera que el lobo está bien conservado en España y podría abrir la puerta a su caza.

Algunas comunidades autónomas consideran que el lobo está bien conservado en España y podría abrir la puerta a su caza

El Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, considera que ese documento es una “valoración unilateral de esas CCAA” y que carece de validación científica. En sus observaciones, Transición Ecológica señala que la ficha autonómica no refleja los datos científicos ni técnicos de la ficha originalmente elaborada por el equipo del MITECO y que no se ajusta estrictamente a los criterios marcados por la Comisión Europea.

A juicio del Ministerio, los datos incluidos en el texto autonómico “adolecen de justificación científica”. Las comunidades, por el contrario, critican que el Gobierno haya dilatado el proceso y sostienen que se han abierto periodos de alegaciones que, según su interpretación, no están recogidos en ninguna norma.

Presión sobre el lobo

La protección del lobo genera polémica desde que el Gobierno lo incluyó en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Sin embargo, los choques entre comunidades autónomas y el Ejecutivo central se han intensificado desde que el Congreso aprobó en marzo de 2025 la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Las comunidades autónomas, especialmente las consideradas “loberas” –Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria–, defienden la puesta en marcha de controles letales ante el aumento de ataques que aseguran que se ha producido. Frente a esa posición, el MITECO mantiene que la especie no ha alcanzado el número mínimo ni cuenta con la diversidad necesaria para considerarse en un estado de conservación favorable.

El Ministerio sostiene una posición que también respaldan las organizaciones ecologistas, basada, según recalcan, en la evidencia científica. Desde esa perspectiva, si el lobo no se encuentra en estado favorable, no puede haber controles letales ni medidas que impliquen su caza.

La Ley de Desperdicio Alimentario incluye varias disposiciones relacionadas con el lobo que, en la práctica, permiten la caza de la especie. Estas medidas han sido llevadas por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado al respecto. Una de esas disposiciones establece que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobará informes sexenales sobre la evolución del estado de conservación del lobo antes de enviarlos a la UE.

Según fuentes autonómicas citadas por Europa Press, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación en la Comisión Estatal el informe elaborado por las cuatro comunidades loberas, cada una con sus propios datos. Ese documento recibió el apoyo de todas las autonomías, salvo Melilla, que no estaba conectada, y Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que se abstuvieron.

Quejas ante el Defensor del Pueblo

Después, Transición Ecológica desconvocó la Conferencia Sectorial en la que debía debatirse, entre otros asuntos, la propuesta de aprobación del informe como paso previo a su envío a Bruselas. Lo hizo tras la petición de asociaciones que habían presentado quejas ante el Defensor del Pueblo, que posteriormente elevó al Tribunal Constitucional determinadas disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario.

Desde entonces, algunas comunidades sostienen que el Gobierno “ha estado dilatando el proceso” y consideran que el Ejecutivo pretende enviar a la Unión Europea un informe que incorpore las alegaciones presentadas por diferentes grupos ecologistas. Para estas autonomías, el documento promovido por Galicia debería ser el que se apruebe.

En paralelo, Ecologistas en Acción y WWF han exigido que el estado de conservación del lobo sea considerado “no favorable” en el texto que España remita finalmente a Bruselas. Ambas organizaciones han participado en distintas batallas judiciales contra los controles letales autonómicos de la especie.

Ecologistas en Acción reclama que cualquier evaluación del lobo se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución, y que quede alejada de intereses partidistas o de sectores económicos. WWF, por su parte, alerta de una “creciente presión política” para rebajar la protección del lobo y pide a las comunidades autónomas que respalden la evidencia científica disponible y asuman sus responsabilidades en la gestión de la especie.

La reunión de este lunes se celebra, por tanto, en un contexto de máxima tensión institucional. Lo que se decida no solo determinará qué informe se envía a Bruselas, sino también el margen de actuación de las comunidades autónomas para autorizar o no nuevas medidas de control sobre una especie que continúa en el centro del debate político, ambiental y territorial.