Greenpeace ha enmarcado este martes el juicio que comienza este miércoles en València contra 11 activistas por una protesta contra los combustibles fósiles realizada en 2021 en Sagunto en lo que considera un intento de intimidar y disuadir a la movilización social. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para cada acusado por un delito de desórdenes públicos agravados después de que participaran en una acción que bloqueó durante gran parte de una jornada el acceso al puerto de un buque gasero procedente de Estados Unidos.
Cinco años de prisión
Los encausados, de ocho nacionalidades diferentes –cuatro de ellos españoles–, participaron en una protesta que impidió temporalmente la entrada del barco, que transportaba 138.000 metros cúbicos de gas obtenido mediante fracking. Greenpeace sostiene que la movilización fue pública, transparente, pacífica y estrictamente no violenta, y reivindica que se encontraba amparada por el derecho a la protesta.
La organización considera que la petición de la Fiscalía supone la mayor pena solicitada contra activistas medioambientales en Europa y la califica de “absolutamente desproporcionada”. A su juicio, los hechos deberían haberse mantenido en el ámbito administrativo y no haber desembocado en un procedimiento penal, ya que asegura que no se produjeron daños personales ni materiales.
Greenpeace ha señalado además que ya ha afrontado multas administrativas superiores a 160.000 euros relacionadas con aquella acción. El juicio se celebrará en la plaza número 8 de la sección Penal del Tribunal de Instancia de València.
La causa ha suscitado también la atención del relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, Michel Forst, y de Amnistía Internacional, que, según la organización ecologista, han anunciado que acudirán al juicio como observadores.
La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha defendido durante una rueda de prensa celebrada a bordo del rompehielos Arctic Sunrise que la causa trasciende a las personas procesadas porque afecta, según la organización, al derecho de la sociedad a movilizarse y protestar.
“No nos callarán”, Greenpeace no dará “ni un paso atrás”
La protesta constituye una “herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática”
“No nos callarán”, ha advertido Saldaña, quien ha asegurado que Greenpeace no dará “ni un paso atrás”. Para la responsable de la organización, la protesta constituye una “herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática”.
La defensa pide la absolución
La abogada Inés Díaz ha sostenido que el episodio “debió quedar siempre en el ámbito administrativo y no pasar nunca al penal”, al considerar que los acusados no alteraron la paz social, elemento que vincula con el delito por el que están siendo juzgados.
Díaz ha explicado que, tras la protesta, solo fue detenido inicialmente el capitán, que fue trasladado a comisaría e interrogado, mientras que posteriormente el procedimiento se extendió a otras diez personas. La defensa argumentará durante el juicio que estas tampoco participaron en ninguna alteración de la paz social.
La acción fue no violenta desde su inicio, ningún responsable de la compañía ni del puerto ha reclamado daños y no existe ninguna acusación por lesiones
La letrada confía en poder acreditar ante el tribunal que la acción fue no violenta desde su inicio. Como argumento, ha destacado que ningún responsable de la compañía ni del puerto ha reclamado daños y que no existe ninguna acusación por lesiones.
La defensa espera asimismo que el Ministerio Fiscal modifique sus conclusiones durante el procedimiento y que finalmente se dicte una sentencia absolutoria. Díaz ha cuestionado la calificación de los hechos como un delito contra el orden público y ha defendido que un procedimiento de estas características no debería repetirse contra activistas u organizaciones que desarrollen acciones semejantes.
Saldaña ha situado el proceso dentro de lo que Greenpeace interpreta como una tendencia internacional de presión sobre el activismo climático. La directora ejecutiva ha criticado que las personas que protagonizan movilizaciones relacionadas con la crisis climática puedan enfrentarse a penas de prisión y ha considerado que este tipo de procedimientos buscan “intimidar, castigar y disuadir” la protesta frente a las industrias contaminantes.
El responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho de Greenpeace, Javier Raboso, ha planteado una interpretación similar y ha sostenido que el proceso forma parte de una acumulación de mecanismos dirigidos a silenciar la disidencia. Raboso ha reclamado además la derogación de la conocida como ley Mordaza.
El responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho de Greenpeace, Javier Raboso, ha reclamado además la derogación de la conocida como ley Mordaza
Activistas ante el juicio
Dos de las personas que serán juzgadas, Francisco del Pozo e Ylenia Burisch, han relatado el impacto que los procedimientos judiciales tienen sobre sus vidas y han asegurado que mantendrán su compromiso con el activismo climático pese a las posibles consecuencias penales.
Del Pozo ha señalado que, sumando tres causas judiciales, se enfrenta a peticiones que alcanzan los 12 años de cárcel. Ha comparado esa situación con “12 chinitas en el zapato” que en determinados momentos dificultan continuar, aunque ha asegurado que fenómenos como la dana de València refuerzan, desde su perspectiva, la necesidad de mantener la movilización frente al cambio climático.
“Somos inmunes al desaliento”, ha afirmado el actista Francisco del Pozo al referirse a la decisión de continuar con este tipo de movilizaciones
El activista ha defendido que la acción desarrollada en Sagunto pretendía detener simbólica y pacíficamente el buque cargado de gas y visibilizar las demandas relacionadas con la emergencia climática. “Somos inmunes al desaliento”, ha afirmado al referirse a la decisión de continuar con este tipo de movilizaciones.
Por su parte, Ylenia Burisch ha reconocido que el activismo puede resultar “agotador” e “incómodo” y que enfrentarse a una petición de cinco años de prisión supone poner parte de su vida “en pausa”. Pese a ello, ha señalado que quienes desarrollan esta labor en países democráticos y con el respaldo de organizaciones cuentan con condiciones que no tienen otras personas que, según ha recordado, “luchan en silencio”.
Proteger los océanos y la naturaleza no debería conducir a penas de prisión
Burisch ha defendido que las evidencias científicas sobre el cambio climático y sus consecuencias justifican la necesidad de mantener la movilización y ha expresado su confianza en la Justicia española. A su juicio, proteger los océanos y la naturaleza no debería conducir a penas de prisión.
La comparecencia celebrada la víspera del juicio ha servido así a Greenpeace para reiterar su defensa de los 11 acusados de Sagunto y presentar el procedimiento como un debate que va más allá de aquella protesta concreta. La organización sostiene que el proceso plantea una cuestión sobre los límites de la respuesta penal frente a las acciones de protesta ambiental, mientras la defensa afronta la vista con el objetivo de lograr la absolución de los activistas.
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