El premio póstumo será entregado a su hija, Laura Zúñiga Cáceres, el próximo 24 de marzo y entre ese día y el 31 de marzo la ONG realizará distintas actividades para destacar la importancia del activismo y el precio que se paga por él.
Berta Cáceres pertenecía al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Con motivo del primer aniversario de su muerte, colectivos sociales, sindicales, ecologistas y asociaciones de hondureños en España han convocado una concentración este jueves 2 de marzo, a las 12:00 ante la embajada de Honduras, en la que se leerá un manifiesto y se entregará una carta en la Embajada, ante la que se guardará un minuto de silencio.
Cáceres fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.
La investigación de este asesinato sigue pendiente de la creación de una comisión independiente e internacional. Esta comisión es imprescindible para que se investigue en profundidad las relaciones entre los inculpados y detenidos y el poder político y económico en Honduras.
Brasil y Filipinas
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. Berta se enfrentó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
Antes de su asesinato, acumulaba una larga lista de amenazas y ataques a su persona. En 2015 recibió el Premio Goldman, conocido como el 'Nobel Verde', por su labor.
Berta Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales. Según el informe de Global Witness En Terreno Peligroso, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, lo que supuso un drástico aumento del 59% con respecto al año anterior.
De las personas asesinadas, 122 fueron en América Latina. Los dos países más peligrosos para el activismo ambiental son Brasil, con 50 personas asesinadas y Filipinas, con 33 muertes. Global Witness señala que, en 2015, casi un 40% de las víctimas de estos actos de violencia extrema fueron personas indígenas.
En lo que va de 2017 se contabilizan 14 homicidios de activistas por los derechos humanos –siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua–, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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