La Fiscalía Provincial de Barcelona ha anunciado la apertura de diligencias de investigación contra el catedrático emérito de Sociología Ramón Flecha y el entorno del grupo de investigación CREA tras recibir una denuncia formal trasladada por la Universitat de Barcelona (UB). La Fiscalía ha decidido aceptar el caso y asignarlo a la nueva sección especializada en Violencia a la Infancia y la Adolescencia, que también abordará agresiones sexuales a mayores de edad, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
Esta decisión responde a alegaciones de conductas que podrían constituir delitos graves, como coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación personal y profesional, y actos vejatorios e intimidatorios. Esos hechos, según el informe preliminar que la universidad trasladó al rector Joan Guàrdia el pasado 19 de diciembre, podrían encajar en la tipología de un “grupo coercitivo de alto control” liderado por Flecha.
La denuncia original fue presentada en julio de 2025 por 14 universitarias, cifra que posteriormente se amplió con dos testimonios adicionales, y motivó la suspensión inmediata de Flecha de sus funciones como catedrático emérito y el inicio de una investigación interna en la UB.
Acusaciones, respuesta institucional y contexto histórico
Las personas que se han dirigido a la UB describen un patrón de presuntas conductas abusivas que abarcan décadas, vinculadas al funcionamiento del grupo CREA (Community of Researchers on Excellence for All), fundado por Flecha en 1991. En sus relatos se señalan relaciones sexuales en contextos de desigualdad jerárquica, presión emocional, subordinación profesional y aislamiento, además de conductas de acoso psicológico y explotación laboral disfrazada de actividad académica.
Ante la gravedad de las acusaciones, la UB adoptó varias medidas cautelares: además de suspender a Flecha, dos miembros del personal docente e investigador del CREA fueron suspendidos de empleo, y una tercera persona perdió su condición de catedrático honorario. La universidad también ha declarado su intención de personarse como acusación particular si la Fiscalía presenta denuncia o querella.
El caso ha generado un fuerte impacto dentro de la comunidad académica y fuera de ella, reavivando debates sobre el abuso de poder en entornos universitarios. La UB había enfrentado ya denuncias similares en el pasado: en 2004 y 2016, exmiembros de CREA presentaron quejas internas sobre conflictos y supuestas prácticas sectarias, aunque esas investigaciones concluyeron con archivos por falta de indicios penales suficientes.
La controversia también ha repercutido en otros frentes: el grupo CREA anunció su disolución inmediata con el argumento de proteger a sus miembros ante la presión mediática y las consecuencias de las acusaciones.
Impacto académico y consecuencias
Las acusaciones contra Ramón Flecha —una figura destacada en la sociología española y creador de un centro de investigación con proyección internacional— han provocado una crisis institucional sin precedentes en la UB. El desarrollo del caso ha obligado a revisar no solo las acusaciones actuales, sino también el historial de prácticas dentro de CREA y las relaciones de poder establecidas entre su liderazgo y quienes formaban parte de la comunidad investigadora.
A partir del informe preliminar, que incluyó evaluaciones periciales psicológicas para evaluar la fiabilidad de los relatos, las instituciones académicas han intensificado su respuesta. La UB ha destacado que los hechos relatados son “de gravedad injustificable, intolerables y repulsivos”, y ha reafirmado su compromiso con la creación de un entorno seguro y libre de violencia para toda la comunidad universitaria.
El traslado del caso a la Fiscalía también ha provocado que diversas voces en el ámbito académico cuestionen el funcionamiento de mecanismos internos de supervisión en universidades, especialmente ante casos de presunto abuso sistemático de poder y violencia psicológica. Activistas y expertas en género señalan que este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de prevención y respuesta frente a conductas de acoso en el mundo académico.
A medida que avance la investigación fiscal, será clave determinar si existe suficientes indicios para formalizar cargos contra el catedrático y otros miembros del entorno de CREA, y si este proceso marcará un antes y un después en la manera en que las instituciones universitarias gestionan y responden a casos de acoso y explotación dentro de sus estructuras.
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