Entidades ecologistas valoraron este sábado la aprobación del decreto de protección de la posidonia y exigieron al Govern balear que aplique la normativa "de manera inminente".

Coincidiendo con la presencia del barco de Greenpeace Esperanza, todos celebraron el visto bueno a esta iniciativa proteccionista, aunque también exigieron que su ámbito de actuación se pueda extender a toda la costa mediterránea.

En Baleares se calcula que las grandes praderas pueden absorber el 7% de las emisiones de dióxido de carbono en las Islas.

Además, son responsables de las aguas cristalinas y la calidad de las playas, por lo que no hay tiempo que perder para garantizar su protección, según apuntaron el Gen-Gob, Greenpeace, Oceana y Terraferida.

Desde Oceana señalaron que algunos estudios científicos ponen de manifiesto que, en el Mediterráneo, en los últimos 50 años la posidonia ha reducido su extensión entre un 13 y un 38%. Las plantas que han resistido han visto reducida su densidad en un 50%.

Entre las causas de estos preocupantes datos destacan la pesca de arrastre, las construcciones en la costa o los vertidos fecales. Según Oceana, sólo en el área del Parque Natural de Ses Salines las praderas habrían perdido hasta un 20% de cobertura entre los años 2008 y 2012.

También en la bahía de Palma la posidonia se habría reducido de manera considerable. Oceana resaltó que el decreto debe servir para frenar impactos locales "más sencillos de evitar que los provocados por el cambio climático".

También el irremediable cambio climático podría provocar, según algunos estudios, que en el año 2050 la posidonia hubiera perdido hasta un 75% de su extensión, hasta desaparecer por completo en el año 2100.

El tiempo apremia y cualquier medida es importante para que las praderas "estén fuertes y sanas para afrontar estos impactos", aseguraron los portavoces ecologistas. Así, la aprobación en pleno verano del decreto debe ir acompañada de suficientes medios materiales y humanos, con sanciones efectivas desde el primer momento.

El valor económico de las praderas

Los ecologistas también destacaron el valor económico de las praderas sobre la población balear. Una sola hectárea se traduciría en unos 14.000 euros al año. "En Baleares hay 65.000 hectáreas. Si se multiplican estas cifras, al año las praderas nos ofrecen en las Islas unos 910 millones. Dicho de otra manera, cada habitante de Baleares recibe unos 810 euros al año de las praderas. Por ello, es muy importante que entre todos nos esforcemos en proteger este tesoro", expresaron estos colectivos.

Los más críticos con el decreto fueron los miembros del Gen-Gob que, aunque celebraron su aprobación, consideraron que "podría haber sido más valiente" a la hora de afrontar determinadas problemáticas. Uno de los biólogos del grupo, Xisco Sobrado, destacó los cambios introducidos en el borrador inicial del decreto, en el que ahora se contempla cualquier pradera de posidonia, independientemente de su tamaño o cobertura. 

También aseguró que el decreto debería haber sido más "ambicioso" para abordar el problema de las aguas depuradas en Baleares, con un calendario de actuaciones para lograr que las estaciones no viertan agua mal depurada al mar.

Para Sobrado, es necesario aumentar los medios de vigilancia, con sanciones para los establecimientos que viertan agua sin depurar. En cuanto al uso de boyas ecológicas de bajo impacto, el biólogo dijo que su instalación debería contemplarse en base a criterios que tengan en cuenta la capacidad de carga ambiental de cada zona.

Otro de los aspectos que el Gen-Gob echa en falta es la retirada controlada de las estructuras fijas de fondeos o muertos, sin ningún tipo de control en zonas como Talamanca. "Es una herramienta muy positiva, pero no suficiente", reiteró Sobrado, recordando también las deficiencias detectadas en el servicio de ayuda al fondeo del Govern ya que no tiene capacidad sancionadora."Sería indispensable la creación de un cuerpo que sólo se dedicaran a labores marinas, como el control y protección de las praderas", concluyó.

Las entidades ecologistas han realizado durante el fin de semana en las Pitiusas el primer muestreo social o crowdsourcing para visibilizar las amenazas sobre la posidonia. Desde el 12 de julio, Greenpeace ha recibido más de 50 denuncias, principalmente por fondeos en Salinas o Talamanca.

Desde la ONG recordaron que las zonas hiperdesarrolladas como Formentera, que triplican su población en verano, llevan consecuencias de emisarios que se saturan o rompen y tres de cada cuatro barcos charter en Ibiza son ilegales. "A toda costa tenemos que salvar nuestra naturaleza y tesoro submarino, que es la posidonia. Hemos perdido el 80% de los beneficios gratuitos que nos da el medio ambiente costero y marítimo", añadieron.

La actriz y guardiana de la posidonia, Inma Cuesta, acompañó ayer a las asociaciones ecologistas destacando "la importancia de la concienciación y labor ambiental".