El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una objeción impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE) a la ley de deforestación en la que se pide a la Comisión Europea que reconsidere la introducción de una categoría de países "sin riesgo" a los que aplicar de forma más laxa esta nueva norma.

Desde la Eurocámara recuerdan que se trata de una votación no vinculante, por lo que la Comisión puede decidir ignorarla y seguir adelante con el proceso legislativo

La objeción al acto de ejecución de la Comisión, presentada por el eurodiputado popular Alexander Bernhuber, ha salido adelante con 373 votos a favor, 289 en contra y 26 abstenciones, pero desde la Eurocámara recuerdan que se trata de una votación no vinculante, por lo que la Comisión puede decidir ignorarla y seguir adelante con el proceso legislativo.

El pleno ha aprobado este objeción testimonial con un apoyo mayoritario del PPE y de los grupos de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), Patriotas por Europa y la Europa de las Naciones Soberanas. Mientras, han votado en contra de la misma las bancadas de los socialdemócratras, los liberales, los verdes y la izquierda.

 

Deforestación de los bosques

 

La nueva norma, que prohibirá la venta de productos que causen deforestación, está en vigor desde el 29 de junio de 2023, pero la Comisión Europea propuso retrasar su aplicación hasta diciembre de 2025 ante la preocupación de los socios internacionales por la complejidad para cumplir a tiempo con el nuevo marco legal comunitario

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo ya alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo para retrasar hasta diciembre de 2025 la aplicación de esta nueva ley que vetará las ventas de productos como el cacao, el café o el aceite de palma que contribuyan a la deforestación de los bosques.

Ya entonces, los Veintisiete decidieron desechar las enmiendas que introdujo la Eurocámara a propuesta del PPE, unos cambios que obligaban a reabrir negociaciones entre ambas instituciones, lo que hacía peligrar la moratoria de un año para evitar que las obligaciones se activasen de manera automática en enero de 2025.

La nueva norma, que prohibirá la venta de productos que causen deforestación, está en vigor desde el 29 de junio de 2023, pero la Comisión Europea propuso retrasar su aplicación hasta diciembre de 2025 ante la preocupación de los socios internacionales por la complejidad para cumplir a tiempo con el nuevo marco legal comunitario.

El PPE ya intentó durante las negociaciones modificar el texto y crear una nueva categoría de países que no presenten ningún riesgo de deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo "bajo", "normal" y "alto"

 

Medida irresponsable

 

El PPE ya intentó durante las negociaciones modificar el texto y crear una nueva categoría de países que no presenten ningún riesgo de deforestación, además de las tres categorías existentes de riesgo "bajo", "normal" y "alto".

De este modo, los países clasificados como "sin riesgo", aquellos con un desarrollo estable o creciente de la superficie forestal, se enfrentarían a obligaciones más laxas, al darse por hecho que el riesgo de deforestación sería "insignificante" o "inexistente", un atajo del que podrían beneficiarse competidores como China, además de que podría derivar en una disrupción del Mercado Interior de la UE, ya que no todos los Estados miembro cumplen los mismos requisitos en materia de deforestación.

Con la objeción de este miércoles, los populares han tratado de nuevo de rebajar el ámbito de aplicación de la norma, algo que según critican ONG como WWF "representa una medida irresponsable contra una de las leyes medioambientales más emblemáticas de la UE" y "pone en riesgo la credibilidad del Parlamento Europeo".

Por ello, la organización ambiental ha animado a la Comisión Europea a "mantener el rumbo y aplicar el reglamento" y a "no dejarse distraer por estas poses de grupos conservadores y de derechas".