En un contexto de ola de frío y subida de precios máximos de la electricidad la oposición parlamentaria ha reaccionado en bloque proponiendo un cambio en aspectos fundamentales en lo referente al paradigma legislativo del sector eléctrico español.

Tal como apuntan algunos expertos se trata de una situación en qué las grandes empresas generadoras de electricidad, con el apoyo del Gobierno, impiden el desarrollo de las energías renovables para mantener sus intereses en el mercado eléctrico. A lo que agregan, que los recursos que proporcionan el sol, el aire o el agua son derechos inalienables del consumidor que quiere autoabastecerse y que dispone de una tecnología adecuada para hacerlo.

Es por eso que ayer martes, que todos los partidos de la oposición al gobierno del Partido Popular –PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís, PDECat, ERC, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu– mostraron su apoyo a la Proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico y así como la propuesta de derogar el 'impuesto al sol'.

En un texto entregado a la Mesa del Congreso en la que presentan la Proposición de Ley ponen en valor Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el Acuerdo de París “en el que se reconoce la gravedad del problema del cambio climático” y que se “acordaron adoptar medidas para hacerle frente”.

Propuesta de cambios

El conjunto de fuerzas políticas opositoras al Gobierno en la Cámara Baja proponen que grupos de consumidores eléctricos compartan instalaciones de autoconsumo derogándose el artículo 4.3 del Real Decreto 900/2015 que así lo establece y eliminando así los peajes para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al autoconsumo y proceder a la explotación de yacimientos de energías limpias.

También se ha mirado de quitar las barreras que se imponen desde la normativa actual y buscar simplicidad administrativa para la cuestión de los puntos de conexión a la red eléctrica, haciendo que no sea necesario.

Por otro lado, se pide adaptar el régimen sancionador en el que se imponía multas de hasta más de 30 millones de euros para autoconsumidores.