La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha reclamado este miércoles, 23 de septiembre, financiación transitoria para las empresas y entidades que gestionan residuos textiles hasta que se despliegue plenamente el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La organización sostiene que el retraso regulatorio está obligando al sector a asumir costes crecientes mientras mantiene la recogida, clasificación, reutilización y reciclaje.
Una patronal con intereses directos
CEPES es una organización empresarial de ámbito estatal que representa a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades incluidas en la economía social. Por tanto, su petición parte de organizaciones con interés directo en la financiación del futuro sistema de residuos textiles.
La denominación economía social no es únicamente una etiqueta corporativa, sino una categoría reconocida por la legislación española. La Ley 5/2011 establece, entre sus principios, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de resultados vinculada a la actividad desarrollada y la promoción de la solidaridad, la inclusión y el empleo.
Según los datos aportados por CEPES, sus empresas y entidades gestionan más del 60% del residuo textil tratado en España y concentran más del 90% del empleo del sector. En 2024 recogieron de forma separada unas 119.000 toneladas mediante una red de alrededor de 30.000 contenedores y diez plantas de clasificación.
El retraso aumenta la presión
La Confederación afirma que estas organizaciones han invertido durante los últimos años en instalaciones, equipos, trazabilidad y nuevas capacidades de reutilización y reciclaje para prepararse para la RAP.
Sin embargo, sostiene que el retraso del desarrollo reglamentario ha dejado esas inversiones sin el sistema de financiación previsto, al tiempo que aumenta el volumen de ropa depositada en los contenedores.
CEPES asegura que este desequilibrio ya está obligando a reducir temporalmente la recogida en algunos territorios y, en determinados casos, a suspender o retirar puntos. Calcula que una primera reducción alcanzará el 7% de la recogida, unas 4.000 toneladas, y advierte de que podría aumentar si no se alcanza una solución.
Riesgo para empleo y recogida
La patronal señala también que una reducción de la infraestructura podría dificultar la gestión municipal de la ropa usada y reducir la capacidad disponible para su reutilización y reciclaje.
CEPES vincula además esta situación al mantenimiento de 3.700 puestos de trabajo y advierte de que una parte de las oportunidades laborales afectadas corresponde a personas en situación de vulnerabilidad.
Su presidente, Juan Antonio Pedreño, ha defendido que el despliegue de la RAP debe aprovechar las capacidades existentes y evitar que desaparezcan antes de que el nuevo sistema esté operativo.
La reclamación de CEPES se centra, por tanto, en establecer un mecanismo temporal de financiación que permita mantener la actual red hasta la entrada en funcionamiento completa de la RAP, una petición formulada por la propia organización empresarial que representa a buena parte de las entidades afectadas.
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