La Comisión Europea amenazó ayer miércoles con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales en 145 ciudades o urbanizaciones de todo el territorio nacional.

En concreto, Bruselas ha enviado a España un dictamen motivado, la segunda fase del procedimiento de infracción iniciado en octubre de 2017. Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para dar una respuesta satisfactoria o se arriesgan a que el Ejecutivo comunitario eleve el asunto a la Justicia europea.

Junto con España, la Comisión Europea ha lanzado un ultimátum idéntico a Eslovaquia por incumplir la directiva de tratamiento de aguas residuales en 233 aglomeraciones del país.

Residuos radiactivos y protección contra el radón

Además, la UE ha remitido un ultimátum al Gobierno español instándole a tomar las medidas necesarias en el plazo de dos meses para cumplir las reglas de la UE que obligan a los Estados miembros a notificar a Bruselas un plan de gestión de residuos radioactivos que cumpla los requisitos comunitarios.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da un plazo de dos meses a las autoridades competentes para reaccionar. Si no hay una respuesta que satisfaga al Ejecutivo comunitario, éste podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los países de la UE tenían que haber presentado ante Bruselas sus programas nacionales a más tardar el 23 de agosto de 2015, un plazo que han incumplido tanto España como Bélgica y por el que la Comisión les ha enviado este ultimátum.

Finalmente, la CE también  ha abierto un expediente a España por no transponer a la legislación española la directiva europea sobre seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que obliga, entre otras cosas, a tener un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón.

Bruselas también ha abierto expedientes similares a Bélgica, Austria, Estonia y Hungría. Se trata del primer paso de los procedimientos de infracción, que en última instancia, y si persiste el incumplimiento, puede acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).