Solo 42 de los 300 documentos de contratación pública analizados incorporan al menos la mitad de los 28 criterios de sostenibilidad evaluados por el Observatorio de construcción sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PwC y AENOR tras examinar documentos de 100 entidades –24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales–.

 

Predominan los criterios ambientales

 

Apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral fijado para el análisis

El estudio concluye que la incorporación de una sostenibilidad integral sigue siendo minoritaria en la contratación pública española. Apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel de sostenibilidad integral fijado para el análisis, aunque el informe constata una incorporación progresiva de este tipo de requisitos.

La principal diferencia aparece entre las tres dimensiones ESG –ambiental, social y de gobernanza–. Los criterios relacionados con el medio ambiente concentran el 63% de los tipos de cláusulas analizados, frente al 25% de gobernanza y el 13% de aspectos sociales.

Entre las medidas ambientales, la gestión de residuos es la más extendida y aparece en el 71% de las entidades. Le siguen la adecuación de la obra al entorno, con un 53%; el uso de energías renovables, con un 51%; la eficiencia energética, con un 38%; los informes ambientales, con un 37%; y la gestión de emisiones, con un 32%.

El Observatorio advierte, sin embargo, de que esta presencia se basa con frecuencia en medidas aisladas. Aspectos como los materiales, el consumo de agua o las certificaciones ambientales aparecen con menor frecuencia, lo que limita el alcance del enfoque sostenible de los proyectos.

 

Poco peso de criterios sociales

 

En la vertiente social, las cláusulas se concentran fundamentalmente en tres de las 28 categorías evaluadas. La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad aparece en el 97% de las entidades, mientras que las medidas de igualdad de género alcanzan el 81% y las de accesibilidad, el 12%.

PwC y AENOR señalan que las dos primeras cifras responden principalmente a obligaciones legales y criterios de desempate entre ofertas, por lo que no siempre se traducen en requisitos con efectos directos sobre la ejecución de las obras.

En gobernanza, la gestión de riesgos es el criterio más habitual, presente en el 53% de las entidades. Le siguen la identificación de puntos críticos, con un 31%; la ciberseguridad y seguridad de la información, con un 19%; el compliance, con un 17%; la metodología Virtual Design and Construction, con un 16%; y los sistemas Lean Construction, con un 3%.

Carencias en el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas adjudicatarias

El informe detecta además carencias en el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas adjudicatarias. Los pliegos y los sistemas de gestión contractual no suelen establecer procedimientos homogéneos para verificar durante la ejecución que las medidas ofrecidas se cumplen realmente.

Esta falta de trazabilidad, responsabilidades claras y mecanismos de supervisión dificulta, según el Observatorio, comparar lo comprometido con lo ejecutado, detectar desviaciones y adoptar medidas correctoras o sanciones cuando sean necesarias.

 

Materiales y construcción, pendientes

 

Los pliegos prestan mayor atención al uso posterior del edificio y al destino de sus componentes al final de su vida útil que a los materiales empleados y a la propia fase de construcción

El análisis también señala que los pliegos prestan mayor atención al uso posterior del edificio y al destino de sus componentes al final de su vida útil que a los materiales empleados y a la propia fase de construcción.

Solo cuatro de los 28 tipos de cláusulas se refieren específicamente a los materiales y ninguno incorpora criterios sociales o de gobernanza. Cuando existen requisitos ambientales, suelen centrarse en el contenido reciclado, presente en el 57% de los pliegos, pero frecuentemente sin parámetros comunes para comprobar su cumplimiento.

Las certificaciones de calidad aparecen en el 26% de los documentos y la Certificación de Calidad AENOR, en el 59%, mientras que las certificaciones específicamente medioambientales tienen una presencia reducida.

La socia responsable del sector Inmobiliario en PwC, Miren Tellería, considera que la contratación pública tiene margen para acelerar la transformación sostenible de la construcción mediante criterios “más equilibrados, medibles y aplicables” que mejoren el impacto ambiental, social y de gobernanza.

Por su parte, la directora Corporativa de Certificación de Producto de AENOR, Yolanda Villaseñor, defiende una visión más integral que combine objetivos claros, indicadores verificables y mecanismos efectivos de seguimiento para convertir los compromisos incluidos en los pliegos en resultados reales y medibles.

A partir de sus conclusiones, el Observatorio identifica siete ámbitos prioritarios de mejora, entre ellos equilibrar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza; reforzar los requisitos sobre residuos, materiales, agua, energía y emisiones; y mejorar la supervisión durante la ejecución de los contratos.

También propone aplicar un enfoque de ciclo de vida completo, con mayor atención a los materiales y a la fase constructiva, así como introducir estándares verificables de trazabilidad que permitan valorar aspectos como su huella ambiental, durabilidad, toxicidad y circularidad.

Referencias

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