La Unión Europea (UE) y el Mercosur han firmado este viernes en Asunción (Paraguay) un acuerdo de libre comercio histórico, considerado uno de los mayores tratados comerciales del mundo por población y volumen económico. El pacto, que culmina más de 25 años de negociaciones intermitentes, ha sido presentado por ambas partes como una herramienta clave para reforzar el comercio internacional y la posición geoestratégica de Europa. No obstante, la firma se produce en un contexto de creciente contestación social, con el sector agrario europeo al frente de una ola de protestas que se prolonga desde hace meses.
El acuerdo conecta a un mercado de casi 800 millones de personas, que representa alrededor del 20 % del PIB mundial, e incluye compromisos para reducir aranceles, facilitar inversiones y mejorar el acceso a materias primas estratégicas. Desde la Comisión Europea se subraya que el tratado permitirá diversificar socios comerciales, reducir dependencias externas y ofrecer nuevas oportunidades a sectores industriales y de servicios europeos.
La ceremonia de firma estuvo marcada por la ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, una de las figuras más relevantes del proceso negociador. El presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó no obstante el papel de Lula en el impulso del acuerdo y defendió el tratado como un símbolo de cooperación entre regiones. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el pacto es una “elección estratégica” frente al proteccionismo y la fragmentación global.
Un acuerdo estratégico con fuertes resistencias
Desde Bruselas se insiste en que el tratado incluye cláusulas ambientales y laborales, así como mecanismos de salvaguarda para sectores sensibles, con el objetivo de responder a las críticas internas. La UE defiende que el acuerdo beneficiará especialmente a la industria automovilística, la maquinaria, los productos químicos, el vino y los servicios, al tiempo que abre nuevas oportunidades de exportación para pequeñas y medianas empresas.
No obstante, las resistencias han sido constantes, especialmente en países como Francia, Irlanda, Polonia o Bélgica, donde el sector agrícola teme una competencia desigual con productos procedentes de América Latina, producidos bajo estándares ambientales y sanitarios distintos. Estas críticas se han trasladado también al plano político, con divisiones internas en varios gobiernos y en el propio Parlamento Europeo, que deberá ratificar el acuerdo para que entre en vigor.
Movilizaciones agrarias y tensiones sociales
La firma del tratado ha coincidido con una oleada de protestas agrarias en distintos países europeos, protagonizadas por agricultores que denuncian el impacto del acuerdo sobre el campo y el medio rural. En España, las principales organizaciones agrarias han convocado tractoradas y movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, combinando el rechazo al acuerdo UE-Mercosur con las críticas a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y al aumento de costes de producción.
Los agricultores alertan de que el pacto puede provocar una caída de precios, poner en riesgo miles de explotaciones familiares y agravar el despoblamiento rural. Las protestas ya han derivado en cortes de carreteras y bloqueos en núcleos urbanos, una imagen que se ha repetido también en otros países europeos, donde tractores han colapsado accesos a capitales y centros logísticos.
En este contexto, Alianza Verde se ha sumado con dureza a las críticas contra el Tratado UE-Mercosur, al que califica de “peligro” para el campo europeo y de acuerdo con un alto coste social, económico y ambiental. En un comunicado difundido el 17 de enero, el partido ecologista denunció que el pacto supone “una gravísima marcha atrás en los compromisos climáticos”, en un escenario ya marcado —según advierten— por el avance de una “ola reaccionaria global” que debilita la agenda verde.
La formación denuncia además la opacidad en la negociación de estos tratados, que —según organizaciones ecologistas y sociales— benefician principalmente a grandes corporaciones industriales, energéticas, financieras y agroexportadoras, en detrimento del tejido productivo local. Su coordinador, Juantxo López de Uralde, acusa a las derechas de “erigirse en defensoras del mundo rural mientras practican el negacionismo climático”, y alerta del impacto directo sobre la selva amazónica, especialmente en un momento en el que la UE estaría rebajando sus políticas contra la deforestación.
Alianza Verde subraya, además, que el tratado se ha negociado “de espaldas a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo”, que aún no lo ha ratificado.
Ratificación pendiente y debate abierto
Pese a la firma, el acuerdo todavía debe superar un complejo proceso de ratificación, tanto en el Parlamento Europeo como, previsiblemente, en los parlamentos nacionales si se considera un tratado mixto. Este trámite anticipa un debate político intenso, en el que el equilibrio entre apertura comercial, sostenibilidad ambiental y protección del sector primario será clave.
Mientras la Comisión Europea defiende el pacto como una oportunidad estratégica, las protestas agrarias y las críticas ecologistas evidencian que el acuerdo UE-Mercosur se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión social y política del inicio de 2026, con el campo europeo como epicentro del conflicto.