La organización ecologista Oceana ha denunciado este jueves, 22 de octubre, en Madrid, que durante 2025 se registraron más de 51.000 horas de aparente pesca de arrastre en seis áreas marinas protegidas de la Red Natura 2000 en España. Según un estudio presentado por la ONG, esta actividad, atribuida a 205 buques, amenaza ecosistemas especialmente sensibles y pone de manifiesto la falta de planes de gestión efectivos para garantizar su conservación.
Pesca en ecosistemas vulnerables
El análisis identifica 3.456 horas de aparente pesca de arrastre sobre hábitats vulnerables previamente cartografiados, entre ellos praderas de posidonia, arrecifes, cañones submarinos y corales de aguas frías. Estos ecosistemas son especialmente sensibles a las alteraciones físicas que provoca esta modalidad pesquera sobre los fondos marinos.
El estudio se centra en seis espacios protegidos declarados en 2014 cuyos planes de gestión continúan pendientes de aprobación pese a haberse superado los plazos legales. Se trata del Canal de Menorca, el Sistema de Cañones Submarinos de Avilés, el Espacio Marino de Alborán, el Sur de Almería-Seco de los Olivos, los Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz y el Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León.
Declarar un área protegida resulta insuficiente si no se establecen medidas de gestión que regulen las actividades capaces de deteriorar sus ecosistemas
Para Oceana, los resultados evidencian una contradicción entre los compromisos de protección marina asumidos por España y las actividades que siguen desarrollándose en estos espacios. La organización considera que declarar un área protegida resulta insuficiente si no se establecen medidas de gestión que regulen las actividades capaces de deteriorar sus ecosistemas.
La ONG también ha denunciado la falta de transparencia de las autoridades pesqueras y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que no facilitaron los datos oficiales de seguimiento de los barcos solicitados para elaborar el estudio. Según explicó su asesor político, Michael Sealey, esta situación dificulta evaluar de forma independiente las presiones pesqueras sobre las zonas protegidas.
Reclaman medidas de conservación
Oceana ha pedido al Gobierno que apruebe al menos cuatro planes de gestión pendientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre
Ante estos resultados, Oceana ha pedido al Gobierno que apruebe al menos cuatro planes de gestión pendientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La organización considera esta medida fundamental para avanzar hacia el compromiso internacional de proteger el 30 % de las áreas marinas en 2030.
Los planes de gestión permiten establecer normas de conservación y seguridad jurídica para las actividades desarrolladas en el medio marino, incluida la pesca. Su aprobación constituye, por tanto, un instrumento esencial para compatibilizar los distintos usos del mar con la protección de sus ecosistemas.
La directora de España y Mediterráneo de ClientEarth, Soledad Gallego, cuya organización ha colaborado con Oceana en el ámbito jurídico, recordó que ya se están emprendiendo acciones legales relacionadas con la protección marina en países como Países Bajos y Alemania, donde algunos litigios han obtenido resultados.
Gallego destacó la riqueza de la biodiversidad terrestre y marina española y defendió que los planes de gestión constituyen la piedra angular de su conservación. No obstante, señaló que también resulta necesaria una estrategia coordinada en el ámbito europeo.
Por su parte, el fundador de Alianza Verde y exdiputado Juantxo López de Uralde advirtió del impacto del negacionismo y de las corrientes políticas contrarias a las medidas ambientales. A su juicio, estas tendencias están modificando el contexto en el que se desarrollan las políticas de protección de la naturaleza.
Retrasos en el proyecto Intemares
La denuncia de Oceana también afecta al proyecto Intemares, creado para conseguir una Red Natura 2000 marina gestionada de manera efectiva y basada en el conocimiento científico.
Aunque inicialmente estaba previsto que concluyera en 2024, el Gobierno solicitó dos ampliaciones del plazo, la última de las cuales retrasa su finalización hasta 2027. La organización critica que España haya incumplido por segunda vez el calendario establecido para aprobar nueve planes de gestión de espacios marinos protegidos.
La científica marina sénior de Oceana, Helena Álvarez, advirtió de las posibles consecuencias económicas de estos retrasos. Según explicó, si no se cumplen los compromisos del proyecto dentro del nuevo plazo, el Gobierno español tendría que devolver 14 millones de euros destinados a su ejecución.
Álvarez calificó la situación de urgente y recordó que España mantiene un compromiso con Intemares. La organización insiste en que aprobar los instrumentos de gestión pendientes resulta imprescindible para que la protección de los espacios marinos no se limite a su declaración administrativa, sino que se traduzca en medidas efectivas de conservación.
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