España avanza en información ambiental, pero CONAMA ve margen de mejora

España registra “avances” en el acceso a la información ambiental, pero todavía mantiene un “amplio margen de mejora” para que los derechos reconocidos por el Convenio de Aarhus se conviertan en una realidad cotidiana, según el Barómetro CONAMA 2026, presentado este miércoles en Madrid por la organización.

Información ambiental

Este tratado reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia

El estudio constituye la primera investigación sistemática sobre la percepción profesional de la aplicación del Convenio de Aarhus en España, ratificado por el país en 2004. Este tratado reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.

Las conclusiones del Barómetro exponen cómo se está aplicando en la práctica ese marco legal, qué avances se han producido y qué aspectos siguen pendientes para que los derechos ambientales reconocidos por la normativa sean plenamente efectivos. La investigación sitúa el acceso a la información como el pilar mejor valorado en los últimos años, aunque advierte de que la mejora no depende únicamente de herramientas tecnológicas.

Según el informe, ocho de cada diez profesionales, el 83,9%, asegura haber solicitado alguna vez información ambiental a la administración pública. Para CONAMA, este dato muestra que existe una práctica extendida de uso de este derecho entre los profesionales del sector, pero también evidencia la necesidad de avanzar hacia una transparencia proactiva por parte de las instituciones.

El Barómetro incide en que las principales barreras para extender ese modelo al conjunto de las administraciones son “actitudinales” y no tecnológicas. En este sentido, recalca que “la solución está más cerca de la voluntad institucional y la formación que de grandes inversiones”.

Participación pública

El segundo pilar del Convenio de Aarhus, la participación pública, también muestra una presencia relevante entre los profesionales consultados. El 77,7% indica haber participado en algún proceso de consulta pública, un dato que el Barómetro interpreta como reflejo de una cultura participativa activa en el sector ambiental.

El informe destaca que determinadas experiencias han demostrado que la participación puede generar legitimidad y confianza cuando los procesos son genuinos y existe retorno real sobre las aportaciones recibidas. Entre los ejemplos citados figuran la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la Ley de Aguas de Extremadura.

Sin embargo, el Barómetro subraya que la participación no puede limitarse a la apertura formal de procesos de consulta. Para que tenga efectos reales, debe incorporar mecanismos de retorno motivado, de manera que las personas y entidades participantes conozcan cómo se han valorado sus aportaciones y qué impacto han tenido en la decisión final.

En este marco, el estudio recomienda reforzar la formación en todos los niveles de la administración sobre el Convenio de Aarhus, con especial atención al ámbito local. También recuerda la obligación legal de garantizar una respuesta razonada en los procesos de participación, como parte esencial de una aplicación efectiva de los derechos ambientales.

Justicia ambiental

Frente a los avances en información y participación, el Barómetro apunta que el acceso a la justicia ambiental es el pilar con “más recorrido de mejora”. El informe señala que muchas organizaciones ambientales desconocen o encuentran dificultades para activar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades, reconocido en la legislación española sobre derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medioambiente.

El estudio también recoge que los plazos judiciales alcanzan una media de 19 meses en los Tribunales Superiores de Justicia, según datos del Consejo General del Poder Judicial incluidos en el Informe Nacional de Cumplimiento presentado ante la UNECE en 2025. A ello se suma, según el Barómetro, la falta de ejecución de sentencias favorables, una dificultad que limita la eficacia práctica del acceso a la justicia.

A pesar de este diagnóstico, el informe identifica experiencias positivas que muestran que el cambio es posible. Entre ellas menciona la creciente abogacía probono y la especialización judicial en el ámbito hídrico, dos ámbitos que, según CONAMA, apuntan a vías concretas para mejorar la aplicación del tercer pilar del Convenio de Aarhus.

El Barómetro sostiene que las medidas necesarias son concretas y realizables. Entre ellas cita la formación de funcionarios, la aprobación de instrucciones claras a los colegios de abogados, la reducción de plazos judiciales y el refuerzo de la ejecución de sentencias. También pide garantizar de forma efectiva el derecho a la asistencia jurídica gratuita para las entidades ambientales.

Uno de los datos centrales del estudio es el grado de conocimiento del propio Convenio de Aarhus. Según el Barómetro, el 53,1% de los profesionales tiene un conocimiento nulo o básico del tratado. Este porcentaje alcanza el 57,4% entre quienes trabajan en la administración pública, lo que refuerza la recomendación de extender la formación institucional.

La investigación ha estado liderada por la consultora SAMSO y dirigida por Cristina Monge y Joan Herrera. Ambos han recalcado que España cuenta con el marco normativo, experiencias exitosas en los tres pilares y profesionales comprometidos con la mejora continua.

“El diagnóstico está hecho y las soluciones ya se han planteado a partir de las propuestas y barreras identificadas por los propios profesionales del sector”, han señalado Monge y Herrera. A su juicio, hacer que esos derechos puedan ejercerse de forma efectiva es un compromiso colectivo que empieza por conocer los derechos ya existentes y protegidos por el marco normativo.

El acto de presentación ha estado presidido por Antonio Lucio, presidente de la Fundación Conama, quien también ha presentado la nueva edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente –CONAMA 2026–. El encuentro se celebrará en IFEMA Madrid del 30 de noviembre al 3 de diciembre bajo el lema “Hacer”.