Ecologistas y senderistas urgen a Aagesen a proteger las vías pecuarias

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos –PICP–, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada –FEDME– y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el próximo Consejo de Ministros apruebe definitivamente el Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, una norma pendiente desde hace más de tres décadas y que consideran necesaria para frenar el deterioro de estos caminos públicos y garantizar la continuidad de la trashumancia, la ganadería extensiva y sus usos ambientales, sociales y deportivos.

Una red pendiente desde 1995

La creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias se encuentra contemplada en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, las organizaciones denuncian que, más de treinta años después de la aprobación de la norma, este instrumento todavía no ha sido desarrollado.

El proyecto del Real Decreto fue sometido por primera vez a información pública en 2023 y, desde entonces, el texto ha pasado en dos ocasiones por este procedimiento. Además, según señalan las entidades firmantes, cuenta ya con el dictamen del Consejo de Estado, por lo que reclaman que se complete definitivamente su tramitación.

La falta de aprobación prolonga una situación de inseguridad para un patrimonio público

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso acumulado y advierten de que la falta de aprobación prolonga una situación de inseguridad para un patrimonio público que consideran esencial. En su opinión, el desarrollo normativo permitiría dotar de coherencia y protección a una red que se extiende por distintos territorios y cuya gestión afecta tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas.

La reclamación se dirige directamente a Sara Aagesen, a quien las organizaciones piden que impulse la aprobación del Real Decreto en el próximo Consejo de Ministros. Consideran que el momento resulta decisivo para evitar que continúe la pérdida paulatina de vías pecuarias, caminos públicos y trazados utilizados tradicionalmente por el ganado.

Según denuncian, la recuperación de estos itinerarios se encuentra, salvo contadas excepciones, prácticamente paralizada tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Mientras los procedimientos administrativos no avanzan, añaden, las vías pecuarias continúan deteriorándose y enfrentándose a procesos que pueden dificultar su conservación y su utilización pública.

Las asociaciones temen que esta situación siga agravándose si no se aprueba el marco normativo pendiente. El Real Decreto, sostienen, no solo completaría el desarrollo de la Ley de Vías Pecuarias, sino que permitiría impulsar políticas coordinadas destinadas a recuperar, proteger y mantener estos recorridos.

Trashumancia y ganadería extensiva

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye, para las organizaciones, un bien público fundamental para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y la ganadería extensiva. Estas actividades dependen de la existencia de caminos continuos, abiertos y protegidos que permitan el desplazamiento tradicional de los rebaños entre diferentes zonas de pastoreo.

Las entidades recuerdan que la trashumancia ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero advierten de que este reconocimiento resulta difícilmente efectivo si no existe una red de vías pecuarias plenamente operativa. Sin caminos disponibles, señalan, se dificulta el tránsito ganadero y se pone en riesgo la continuidad de una práctica histórica.

La protección de estos itinerarios se considera, por tanto, una condición necesaria para que la trashumancia tradicional pueda mantenerse. Las organizaciones sostienen que el reconocimiento cultural debe ir acompañado de medidas concretas que garanticen la conservación física de los caminos y su uso conforme a la función para la que fueron creados.

Las vías pecuarias representan también una seña de identidad territorial vinculada a la historia de las comunidades rurales y a la relación entre distintos espacios geográficos. Su deterioro, alertan las entidades, amenaza con hacer desaparecer no solo los trazados, sino también una parte del patrimonio cultural y de las formas tradicionales de gestión del territorio.

Además de facilitar el desplazamiento de los rebaños, estos caminos favorecen la movilidad rural y conectan pueblos, zonas de pasto y espacios naturales. Su pérdida o cierre limita el tránsito entre territorios y reduce las posibilidades de mantener actividades vinculadas a la ganadería extensiva y al aprovechamiento sostenible de los recursos.

Las organizaciones subrayan que la conservación de la red permitiría reforzar un modelo de vertebración territorial basado en caminos públicos que atraviesan distintas comunidades autónomas. Por ello, defienden que su recuperación no puede abordarse mediante actuaciones aisladas, sino a través de una planificación estatal que asegure la continuidad de los recorridos.

La aprobación del Real Decreto supondría, a su juicio, un impulso decisivo para la recuperación de las vías pecuarias. La norma permitiría avanzar en el cumplimiento de una previsión legal pendiente y ofrecería un marco para coordinar actuaciones públicas destinadas a conservar estos bienes.

Corredores ecológicos y uso público

Las vías pecuarias desempeñan también una función estratégica como corredores ecológicos, según destacan las organizaciones. Al atravesar diferentes paisajes y territorios, estos caminos pueden favorecer la conexión entre espacios protegidos y contribuir a mantener la continuidad ambiental entre áreas naturales.

Esta capacidad para conectar ecosistemas convierte a la red en una herramienta relevante para las políticas públicas de conservación del territorio. Las entidades consideran que la recuperación de los itinerarios permitiría integrar las vías pecuarias en actuaciones relacionadas con la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural.

A su valor ambiental se añaden importantes usos sociales, culturales y deportivos. Las vías pecuarias son utilizadas por senderistas, deportistas y ciudadanía en general como espacios de tránsito, ocio y contacto con el entorno rural, siempre dentro de su carácter de bienes públicos.

La falta de caminos abiertos limita, según las asociaciones, el uso social y deportivo de estos itinerarios. Por este motivo, la reclamación no procede únicamente de colectivos ambientales, sino también de organizaciones relacionadas con el senderismo, los deportes de montaña y la defensa de los caminos públicos.

La participación de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en la petición refleja la importancia de las vías pecuarias para las actividades deportivas y recreativas desarrolladas en el medio natural. Estos recorridos forman parte de una infraestructura territorial que permite desplazarse por el campo y acceder a diferentes paisajes.

Por su parte, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y las asociaciones adheridas defienden el carácter público de estos espacios y la necesidad de garantizar su conservación y apertura. Las entidades consideran que la pérdida de los trazados perjudica al conjunto de la ciudadanía y reduce el patrimonio común disponible.

Defensa del patrimonio público

Las organizaciones aseguran que decenas de entidades y numerosas personas comprometidas con la defensa del patrimonio público esperan la aprobación del Real Decreto. Entienden que su publicación constituiría una respuesta a años de reivindicaciones y permitiría situar las vías pecuarias en el centro de las políticas de sostenibilidad, movilidad y conservación.

El objetivo no consiste únicamente en aprobar una norma pendiente, sino en activar la recuperación efectiva de la red y evitar que continúe su destrucción paulatina

El objetivo, señalan, no consiste únicamente en aprobar una norma pendiente, sino en activar la recuperación efectiva de la red y evitar que continúe su destrucción paulatina. Para ello, reclaman una intervención pública que permita proteger los recorridos y garantizar tanto su función ganadera como sus valores ecológicos y sociales.

Las entidades insisten en que el desarrollo de la Red Nacional de Vías Pecuarias debe convertirse en un eje de las políticas públicas de movilidad y conservación territorial. Su aprobación permitiría vincular la defensa de la trashumancia con la protección de los corredores ecológicos, el acceso al medio rural y el mantenimiento de los caminos públicos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, la PICP, la FEDME y el resto de asociaciones han solicitado a Sara Aagesen que lleve el Real Decreto al próximo Consejo de Ministros. Las organizaciones consideran que la aprobación definitiva no debe demorarse más y que resulta imprescindible para detener el deterioro de un patrimonio público con funciones ganaderas, ambientales, culturales, sociales y deportivas.