Asturias Ganadera ha defendido este 24 de agosto en Oviedo que la gestión del lobo en Asturias debe basarse en controles inmediatos y recurrentes allí donde se produzcan ataques al ganado, y no en una cifra previa de ejemplares a abatir, después de que el Gobierno asturiano haya anunciado su intención de eliminar 67 lobos con el objetivo de compatibilizar la presencia del depredador con la actividad ganadera.
Prioridad tras los ataques
La organización ha sostenido en rueda de prensa que la situación del lobo ha empeorado progresivamente durante los últimos siete años y ha vinculado parte del problema a la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial –LESPRE–, una medida que, a su juicio, ha supuesto una “sobreprotección” del depredador.
Asturias Ganadera ha puesto especialmente el foco en el ganado menor, conocido como reciella, cuya presencia considera fundamental para la ecología de los montes por su función desbrozadora. Según ha afirmado, este tipo de ganado “prácticamente desapareció” como consecuencia de la presión que soporta.
Para la organización, las actuaciones de control deberían ponerse en marcha inmediatamente después de los ataques y concentrarse en aquellas zonas donde se hayan comprobado muertes recurrentes de ganado. Su planteamiento parte de la idea de que una intervención próxima al momento del ataque permitiría que los lobos relacionasen el control con ese comportamiento.
En este sentido, Asturias Ganadera ha considerado “absurdo” actuar sobre un ejemplar un año después de haberse producido los daños en una determinada zona, especialmente cuando el ganado ya no se encuentra en el monte. La entidad también ha advertido de que no todas las manadas atacan habitualmente al ganado, por lo que entiende que las actuaciones deberían diferenciar entre unas zonas y otras.
La propuesta pretende, por tanto, sustituir un enfoque basado únicamente en alcanzar un número concreto de abatimientos por otro que tenga en cuenta dónde se producen los ataques, cuándo tienen lugar y con qué frecuencia se repiten.
Controles hasta reducir daños
Asturias Ganadera también ha reclamado que los controles tengan carácter recurrente cuando persistan los ataques, hasta conseguir que los daños puedan ser asumibles por las explotaciones ganaderas de cada territorio.
Existen áreas con pocas alternativas tróficas para el lobo, donde el ganado constituye una de sus principales fuentes de alimento
La organización ha señalado que existen áreas con pocas alternativas tróficas para el lobo, donde el ganado constituye una de sus principales fuentes de alimento. En esas circunstancias, ha advertido de que los ataques pueden continuar pese a que se realicen controles puntuales, por lo que defiende mantener las actuaciones mientras persista el problema.
Dentro de este planteamiento, la entidad propone determinar qué territorios presentan una incompatibilidad especialmente elevada entre la presencia estable de manadas y la actividad ganadera. Para esas áreas plantea una gestión diferenciada que impida el asentamiento permanente de lobos.
Zonas “libres de lobo”
Entre las zonas que Asturias Ganadera considera que deberían declararse “libres de lobo” ha citado Cuera, El Sueve y el Monte Llosorio. La organización reclama intervenir “sin dilación” si se detecta el establecimiento de manadas en estos territorios.
Su planteamiento parte de que la presencia del depredador no genera el mismo nivel de conflicto en todo el territorio asturiano. Por ello, considera necesario aplicar criterios territoriales y cualitativos en función de las características de cada zona y de la incidencia real de los ataques sobre las explotaciones.
Participación de actores locales
Otro de los puntos defendidos por Asturias Ganadera es la participación de ganaderos y cazadores en las actuaciones de control, al considerar que ambos colectivos disponen de un conocimiento directo de los terrenos y de la situación de la fauna en cada zona.
La organización reclama que estos actores locales formen parte de los controles y pide además que una resolución del Gobierno asturiano establezca garantías para protegerlos frente a posibles denuncias derivadas de su participación en las actuaciones autorizadas.
Según su propuesta, esa resolución debería dejar claro que la responsabilidad corresponde a la Administración, de manera que quienes colaboren en los controles amparados por el Gobierno autonómico cuenten con cobertura frente a eventuales procedimientos.
El debate no debería reducirse al anuncio de que se abatirán 67 ejemplares, sino a definir previamente un sistema capaz de responder a los ataques y de adaptarse a las circunstancias concretas de cada territorio.
Asturias Ganadera insiste así en que el debate no debería reducirse al anuncio de que se abatirán 67 ejemplares, sino a definir previamente un sistema capaz de responder a los ataques y de adaptarse a las circunstancias concretas de cada territorio.
La organización sostiene que será precisamente la aplicación de esos criterios la que determine finalmente el volumen de controles necesario cada año. Según ha señalado, el resultado “pueden ser 10 o 150” ejemplares, dependiendo de la evolución de los daños y de las necesidades de gestión detectadas sobre el terreno.
Por ello, Asturias Ganadera defiende que deben prevalecer los “criterios cualitativos por encima de los cuantitativos” y reclama una política que combine rapidez de actuación, continuidad de los controles cuando haya ataques recurrentes, diferenciación territorial y participación de quienes desarrollan su actividad directamente en el medio rural.
Añadir EcoAvant.com como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Activar ahora