La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente el Proyecto de Real Decreto (PRD) que regulará el reciclado de productos textiles y calzado, aunque ha planteado una serie de recomendaciones para reforzar la justificación de algunos de sus elementos clave, especialmente en relación con los umbrales empresariales, los objetivos fijados y los plazos de aplicación.
La futura regulación busca avanzar en la gestión de los residuos textiles y de calzado mediante mecanismos de responsabilidad ampliada del productor y medidas orientadas a fomentar la reutilización, el reciclado y el ecodiseño
Revisión de objetivos
En un informe publicado este miércoles, la CNMC considera necesario que el futuro marco normativo justifique con mayor detalle los criterios empleados para definir las obligaciones de las empresas y los porcentajes de reciclado previstos. El organismo regulador entiende que determinadas medidas deben fundamentarse mejor conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.
En concreto, la CNMC ha aconsejado justificar el umbral aplicable a las empresas que estarán obligadas a presentar planes de prevención y ecodiseño, además de valorar si el periodo previsto para actualizar estos requisitos debería reducirse.
El organismo también ha recomendado explicar “de manera adecuada” los porcentajes de objetivos fijados para el reciclado y reutilización de residuos textiles y de calzado. A su juicio, resulta necesario analizar previamente la viabilidad de estas metas y evaluar el impacto que podrían tener sobre los operadores implicados en la gestión de estos residuos.
Asimismo, ha insistido en la conveniencia de confirmar que existe una infraestructura suficiente y tecnología adecuada para gestionar los volúmenes de residuos previstos en la nueva regulación.
Impacto sobre operadores
La CNMC también ha puesto el foco en la gestión administrativa vinculada a la aplicación de la futura norma. En este sentido, ha propuesto establecer un plazo concreto para que la Comisión de Coordinación emita sus informes sobre las solicitudes de autorización relacionadas con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, conocidos como SCRAPs.
Además, el organismo ha señalado que las posibles especificaciones territoriales que puedan incorporarse a las autorizaciones de estos sistemas colectivos deben estar “debidamente justificadas”.
La CNMC ha incidido igualmente en la necesidad de reforzar los recursos de las administraciones autonómicas que podrían verse más afectadas por el aumento de solicitudes derivadas de la implantación del nuevo sistema. A ello suma la conveniencia de promover medidas que faciliten las negociaciones de convenios entre los SCRAPs y las administraciones públicas.
Por otro lado, el regulador ha sugerido realizar una evaluación periódica de los modelos de gestión colectiva para evitar posibles efectos negativos sobre la competencia en el sector. También considera importante garantizar que la gestión de la información se lleve a cabo a través de terceros independientes.
Seguridad jurídica y plazos
En el apartado financiero, la CNMC ha reclamado una mayor precisión sobre el momento exacto en el que serán exigibles las obligaciones económicas previstas en la futura regulación. El objetivo, según explica, es aumentar la seguridad jurídica de los productores afectados.
El organismo también ha pedido valorar si la fecha prevista para la aplicación de las obligaciones de financiación –establecida inicialmente para el 1 de enero de 2029– resulta razonable para permitir la adaptación de los operadores y minimizar los costes asociados al nuevo sistema.
La futura regulación busca avanzar en la gestión de los residuos textiles y de calzado mediante mecanismos de responsabilidad ampliada del productor y medidas orientadas a fomentar la reutilización, el reciclado y el ecodiseño. La CNMC respalda el enfoque general del proyecto, aunque considera necesario reforzar distintos aspectos técnicos y administrativos antes de su aprobación definitiva.
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