La Comisión Europea ha decidido este miércoles 29 de abril llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir con las obligaciones de la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, al considerar que los esfuerzos realizados hasta ahora son insuficientes para proteger la salud humana y el medio ambiente.
Incumplimientos detectados
El Ejecutivo comunitario sostiene que España no ha garantizado adecuadamente la recogida, el tratamiento y el control de las aguas residuales en múltiples zonas, pese a que esta normativa europea está en vigor desde 1991 y obliga a los Estados miembro a aplicar medidas específicas en las aglomeraciones urbanas.
En concreto, 15 aglomeraciones carecen de sistemas colectores, lo que impide una correcta recogida de las aguas residuales, mientras que 39 no disponen de tratamiento secundario o no cumplen los requisitos mínimos exigidos para los vertidos.
Además, en otras 52 aglomeraciones, España no asegura que las instalaciones estén sometidas a controles adecuados para verificar el cumplimiento de la normativa, lo que, según Bruselas, compromete la eficacia del sistema en su conjunto.
Una directiva clave
La Directiva europea sobre aguas residuales urbanas, aprobada en 1991, tiene como objetivo principal proteger la calidad del agua y la salud pública, obligando a tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su vertido.
Esta norma establece que todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes deben contar con sistemas de recogida y tratamiento, ya que el vertido sin depurar puede poner en riesgo a las personas y provocar la contaminación de ríos, lagos, aguas costeras y subterráneas.
La Comisión subraya que el incumplimiento de estas obligaciones supone un riesgo directo para el entorno natural y los ecosistemas acuáticos, además de afectar a la calidad del agua disponible.
Años de advertencias
El procedimiento contra España se enmarca en un expediente sancionador iniciado hace años, en el que Bruselas ha ido advirtiendo progresivamente del incumplimiento.
En octubre de 2017, la Comisión envió una carta de emplazamiento, primer paso formal del proceso, y posteriormente, en noviembre de 2019, emitió un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento.
Más recientemente, en abril de 2022, el Ejecutivo comunitario avisó de que llevaría a España ante el TJUE si no se resolvía la situación, instando al país a redoblar esfuerzos para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales.
En ese aviso, Bruselas también apuntó a la necesidad de incrementar la inversión en infraestructuras, tanto para la construcción de nuevos sistemas como para la mejora de los existentes, con el fin de cumplir plenamente con la normativa europea.
La decisión de acudir ahora al TJUE refleja, según la Comisión, que las medidas adoptadas por España hasta la fecha no han sido suficientes para corregir las deficiencias detectadas.