La gestión de la inmigración irregular es uno de los desafíos más controvertidos en la agenda política actual. España ha vuelto a situar este tema en el centro del tablero con el anuncio este 27 de enero de 2026 de un nuevo programa temporal de regularización.

Estos programas suelen suplir la ausencia de marcos legales permanentes de regularización. Aunque España ya cuenta con mecanismos ordinarios –vía arraigo– tras la reforma de 2025, el nuevo programa se plantea como una herramienta extraordinaria para acelerar la incorporación laboral en sectores con déficit crítico de mano de obra.

Sin embargo, cada vez que un gobierno decide otorgar estatus legal a quienes ya viven y trabajan en su territorio, surge la misma pregunta: ¿genera esto un efecto llamada?

El argumento suele ser sencillo: si regularizamos hoy, incentivamos que más personas crucen las fronteras mañana con la esperanza de obtener papeles en el futuro. Ante este temor, muchos Estados optan por la parálisis, la expulsión o la “tolerancia informal”, una zona gris donde miles de personas viven sin derechos, pero plenamente integradas en la economía.

Para arrojar luz sobre este debate, hemos analizado datos históricos que abarcan ocho décadas de políticas migratorias en 38 países de la OCDE.

 

Una base de datos sin precedentes

 

Hasta ahora, la evidencia científica sobre el efecto llamada era inconclusa. La mayoría de los estudios se centraban en un solo país o en un programa específico (como la famosa amnistía de Ronald Reagan en EE. UU. en 1986), lo que impedía extraer lecciones globales.

Para superar esta limitación, hemos utilizado la base de datos RegMig que documenta 159 programas de regularización desde 1945 hasta 2024, revelando una cifra impactante: al menos 17,8 millones de personas se han beneficiado de estas medidas en el mundo desarrollado.

Con esta perspectiva histórica, hemos analizado flujos migratorios de 196 países de origen hacia 32 destinos de la OCDE entre 1996 y 2022.

 

Existe, pero con matices

 

Nuestra investigación confirma que, en términos generales, los programas de regularización pueden actuar como un factor de atracción. Según los datos analizados, tras la implementación de un programa, los flujos migratorios futuros hacia ese país aumentan.

Sin embargo, este aumento no ocurre de forma aleatoria ni uniforme. El análisis muestra que el principal motor de este incremento no es solo la promesa de papeles, sino la fuerza de las redes sociales y las redes familiares. El “efecto llamada” es significativamente mayor en países que ya cuentan con una comunidad de inmigrantes establecida del mismo origen.

Esto confirma la “hipótesis de difusión”: la información sobre las nuevas oportunidades legales viaja a través de familias y amigos, reduciendo los costes y riesgos percibidos del viaje.

 

La clave está en el diseño del programa

 

La conclusión más relevante para los diseñadores de políticas públicas no es que la regularización deba evitarse, sino que su impacto depende de cómo se diseñe el programa. Uno de los mayores temores de los gobiernos es que la regularización parezca “fácil” o inmediata.

En nuestro estudio, analizamos una variable crucial: el requisito de residencia previa. En general, los programas exigen que el inmigrante demuestre haber vivido de forma irregular en el país durante un tiempo determinado antes de poder solicitar la legalización.

Los resultados son reveladores:

  • La exigencia de un periodo de residencia previa actúa como un potente freno.

  • Nuestros modelos indican que un requisito de al menos ocho meses de residencia irregular previa es suficiente para neutralizar por completo el efecto llamada.

En otras palabras, cuando el camino hacia la legalidad implica una espera y el riesgo de vivir en la sombra durante casi un año, el incentivo para migrar exclusivamente por el programa desaparece.

 

Una realidad gestionable

 

El dilema de la regularización no es blanco o negro. Si bien es cierto que estas medidas pueden aumentar el flujo migratorio a través de las redes de contacto, el estudio demuestra que los Gobiernos tienen herramientas técnicas para mitigar estas consecuencias.

La regularización no es solo una cuestión de control fronterizo; es una herramienta de gestión social y económica. Ignorar la presencia de miles de personas indocumentadas tiene costes en términos de derechos humanos, recaudación fiscal y cohesión social.

Los datos de los últimos 80 años nos dicen que el efecto llamada es una realidad gestionable. Si las políticas se diseñan con criterios de residencia previa suficientemente larga, es posible integrar a quienes ya están presentes sin incentivar los flujos futuros.

En el complejo equilibrio de la política migratoria, la evidencia sugiere que el rigor en los requisitos puede ser el mejor aliado de la generosidad en la acogida.