El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación este 20 de junio de 2026 en Ginebra por la adopción del nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de junio.
La norma permite acelerar deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo desde el bloque comunitario y amplía herramientas de detención y retorno que, según ha advertido, deben aplicarse de forma plenamente coherente con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados.
Advertencia de la ONU
Türk ha lamentado profundamente la adopción de la nueva norma y ha pedido a la UE y a sus Estados miembros que actúen con la debida diligencia. Su llamamiento se centra en que la aplicación del reglamento no puede quedar al margen de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados europeos, especialmente cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas, niños, familias, migrantes y solicitantes de asilo.
El nuevo Reglamento de Retornos fue votado por el Parlamento Europeo a comienzos de la semana, el 17 de junio, y forma parte del endurecimiento de la política migratoria europea. La norma amplía el uso de la detención previa a la expulsión y permite a los Estados miembros crear los denominados centros de retorno en terceros países, una posibilidad que ha generado especial inquietud entre organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El Alto Comisionado ha subrayado que, en este contexto, los Estados miembros de la UE no pueden limitarse a delegar sus obligaciones en terceros Estados. A su juicio, la detención y el retorno de personas vulnerables a otros países constituyen un ejercicio especialmente delicado del poder estatal y conllevan un alto riesgo de violaciones de derechos humanos.
La advertencia de Türk incide en que la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana debe ser prioritaria en todo momento, tanto en la práctica como en la ley. La preocupación no se limita al contenido formal de la norma, sino también a su aplicación concreta, especialmente en procedimientos acelerados de deportación o en traslados a centros situados fuera del territorio comunitario.
Principio de no devolución
Uno de los puntos centrales del comunicado de Naciones Unidas es el principio de no devolución, una garantía fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de los refugiados. Este principio establece que nadie debe ser devuelto a un lugar donde pueda sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables.
Türk ha recordado que esta obligación debe ser respetada plenamente por todos los países y territorios, en todas las circunstancias. La advertencia resulta especialmente relevante ante una norma que permite acelerar expulsiones y organizar retornos hacia terceros países, ya que cualquier decisión debe garantizar que la persona afectada no queda expuesta a persecución, violencia, tratos inhumanos, separación familiar u otros riesgos graves.
El Alto Comisionado también ha reclamado mecanismos sólidos de seguimiento y rendición de cuentas para asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas sometidas a procedimientos de retorno. Entre esos derechos ha destacado la vida privada y familiar, la unidad familiar y la obligación de proteger el interés superior de la infancia.
Según Türk, las decisiones de deportación deben basarse siempre en evaluaciones individualizadas. Esto implica analizar caso por caso la situación de cada persona, sus vínculos familiares, su vulnerabilidad, los riesgos que afronta y las garantías disponibles. Además, ha advertido de que las deportaciones no deben ejecutarse antes de que concluyan los procesos de apelación.
La ONU pone así el foco en una cuestión clave: la rapidez administrativa no puede imponerse sobre las garantías jurídicas. En los procedimientos de retorno, el derecho a recurrir una decisión, acceder a asesoramiento legal y obtener una revisión efectiva constituye una parte esencial de la protección frente a expulsiones indebidas o contrarias al derecho internacional.
Migración y derechos
El comunicado de ACNUDH también aborda el clima político y social en torno a la migración. Türk ha instado a los Estados a garantizar que el discurso público sobre migración y protección de refugiados se base en hechos, evite confundir la migración con cuestiones de seguridad y defienda la dignidad humana.
El Alto Comisionado ha defendido un enfoque equilibrado de la gobernanza migratoria, basado en los derechos humanos y capaz de reconocer las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas a las sociedades y economías europeas. Su mensaje contrasta con una orientación política que prioriza expulsiones rápidas, más detención y fórmulas de externalización fuera de las fronteras comunitarias.
El Reglamento de Retornos amplía el margen de actuación de los Estados miembros para gestionar la salida de personas sin derecho reconocido a permanecer en la UE. Sin embargo, la ONU advierte de que cualquier procedimiento debe mantener intactas las garantías esenciales, especialmente cuando se trata de personas vulnerables o de decisiones que pueden afectar a la unidad familiar y a la protección de menores.
La posibilidad de crear centros de retorno en terceros países concentra buena parte de la preocupación. Aunque estos mecanismos se presenten como instrumentos para ordenar las expulsiones, Türk recuerda que las obligaciones de derechos humanos siguen correspondiendo a los Estados europeos. La externalización no elimina la responsabilidad de garantizar protección, supervisión efectiva y acceso a recursos legales.
La advertencia de Naciones Unidas llega después de que la Eurocámara aprobara una reforma que endurece el marco migratorio europeo. El texto permite acelerar retornos, extender el uso de la detención migratoria y trasladar a personas con orden de retorno a instalaciones situadas fuera de la Unión Europea, salvo determinados supuestos, siempre dentro de acuerdos con terceros países.
Para Türk, el reto consiste en evitar que la nueva ley derive en prácticas incompatibles con el derecho internacional. Su mensaje insiste en que los procedimientos de retorno no pueden convertirse en espacios de excepción jurídica, ni en mecanismos que debiliten la protección de solicitantes de asilo, personas migrantes, familias o menores.
La posición de ACNUDH refuerza las críticas de quienes ven en el nuevo reglamento un giro hacia una política migratoria más restrictiva. La ONU no cuestiona únicamente la existencia de procedimientos de retorno, sino el riesgo de que su aplicación acelere expulsiones sin garantías suficientes, amplíe la privación de libertad y aleje a las personas afectadas de los mecanismos de control judicial y social.
El comunicado concluye con una llamada a preservar la coherencia entre la política migratoria europea y las obligaciones internacionales. En un contexto de creciente presión política sobre la migración, Türk reclama que la dignidad humana, la no devolución, las evaluaciones individualizadas y el derecho a recurrir sigan ocupando el centro de cualquier decisión de retorno.
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