La justicia federal argentina ha dado un paso clave al imputar formalmente a Mariano Fazio, vicario auxiliar del Opus Dei y mano derecha del prelado Fernando Ocáriz, por su presunta participación en una red de trata de mujeres y explotación laboral. Según los fiscales que llevan el caso, más de 40 mujeres han declarado haber sido captadas en condiciones vulnerables y sometidas a trabajos no remunerados en residencias de la organización durante más de treinta años.
Una red de explotación bajo apariencia religiosa
La denuncia, presentada ante el juez federal Daniel Rafecas, se basa en testimonios que describen un sistema sistemático de captación, adoctrinamiento y servidumbre. Las víctimas, conocidas como “numerarias auxiliares”, vivían aisladas dentro de las residencias, sin acceso a derechos laborales básicos y bajo un estricto control espiritual.
Una investigación detallada de elDiario.es ha dado visibilidad internacional a estas denuncias, recogiendo testimonios que revelan cómo el Opus Dei habría mantenido durante décadas un esquema de trabajo forzado y servidumbre encubierta bajo el manto religioso.
Uno de los casos más destacados es el de M.I.E., quien relató haber sido captada siendo menor en Bolivia con la promesa de educación y formación espiritual, para luego pasar más de 30 años trabajando sin sueldo en Buenos Aires. Su testimonio incluye la descripción de una vigilancia constante y la imposibilidad de mantener contacto con su familia.
Además, el documental disponible en Prime Video, El Minuto Heroico: Yo También Dejé el Opus Dei, dirigido por Mònica Terribas, recoge historias de exmiembros que relatan experiencias similares de presión, aislamiento y explotación dentro de la organización, ofreciendo un marco audiovisual que complementa y amplía la comprensión de las denuncias contra el Opus Dei en Argentina y otros países.
El Opus Dei rechaza las acusaciones
Ante la publicación de las imputaciones, el Opus Dei emitió un comunicado negando categóricamente las acusaciones. La organización sostiene que las numerarias auxiliares optan libremente por ese estilo de vida y que la denuncia responde a un conflicto previsional mal interpretado y ampliado sin fundamentos sólidos.
Sin embargo, los fiscales aseguran que los testimonios recogidos revelan un patrón consistente: captación de jóvenes vulnerables, adoctrinamiento intenso, trabajo doméstico no remunerado y restricciones severas a su libertad. Además, algunas denunciantes afirmaron haber sido sometidas a tratamientos psiquiátricos sin diagnóstico adecuado, presuntamente para mantener control sobre ellas.
Mariano Fazio, que fue vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014 y actualmente es vicario auxiliar del Opus Dei, junto con otros cuatro exvicarios regionales, también están imputados por su posible implicación en esta red.
Repercusiones internacionales y futuro judicial
El caso ha trascendido las fronteras argentinas y ha generado preocupación en la Iglesia católica a nivel mundial. En mayo, el papa Francisco recibió en audiencia a Fazio y al prelado Fernando Ocáriz, aunque no se ha confirmado si abordaron la situación judicial. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de exmiembros del Opus Dei en Europa han pedido que se investigue si existen prácticas similares en otros países.
El juez Rafecas deberá decidir si convoca a los imputados a declarar y cómo avanzará la investigación. La legislación argentina vigente sobre trata de personas es clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados, aunque los fiscales insisten en la existencia de una responsabilidad institucional.
Este proceso pone en cuestión un modelo organizativo que combina espiritualidad y control estricto, y que, según las denuncias, ha encubierto por décadas prácticas de explotación y servidumbre. Para las víctimas, la causa representa una oportunidad para visibilizar estos abusos y buscar justicia.
El caso del número dos del Opus Dei podría suponer un punto de inflexión para la relación entre instituciones religiosas y derechos humanos, no solo en Argentina sino a nivel internacional, obligando a la prelatura a enfrentar su pasado y responder por las acusaciones que pesan sobre ella.