Una oleada de huelgas ha paralizado este miércoles los Países Bajos. Las dos grandes centrales sindicales han dejado al país 24 horas sin trenes, autobuses, tranvías ni metro para exigir que el Gobierno de Rob Jetten retire por completo un ajuste de 6.500 millones de euros en la Seguridad Social.
El paro llega en un momento paradójico. El Ejecutivo ya ha retirado la mayor parte de ese recorte, pero los sindicatos sostienen que solo lo aplaza y denuncian que financie el aumento del gasto militar con la misma cotización que paga las prestaciones por incapacidad.
El país detenido durante 24 horas
La convocatoria es de la Federación Neerlandesa de Sindicatos (FNV), la mayor central del país, y de la Federación Nacional Cristiana de Sindicatos (CNV), la segunda. La han secundado la operadora ferroviaria pública Ferrocarriles Neerlandeses (NS), el gestor de la red ProRail y las empresas municipales de transporte de Ámsterdam, Róterdam y La Haya.
Es la mayor acción de una oleada de paros que arrancó el 4 de septiembre en los puertos de Róterdam, Ámsterdam y Zelanda, siguió con una parada en las fábricas de Heineken y con sentadas en hospitales universitarios, y continúa los próximos días en el metal y la construcción.
La víspera dejó la imagen de la protesta. Miles de empleados de ayuntamientos, del Estado, de universidades y de centros de empleo protegido recorrieron La Haya detrás de una carroza dorada para llevar al Ministerio de Finanzas un maletín con su presupuesto alternativo, según la convocatoria de la FNV.
La escena parodiaba el Prinsjesdag, la ceremonia en la que cada tercer martes de septiembre el rey abre el año parlamentario y el Gobierno presenta los presupuestos. El sindicato docente AOb cifró la asistencia en unos 4.000 manifestantes. Los oradores fueron los presidentes de la FNV, la CNV y la central de profesionales VCP.
Recorte y la factura militar
El origen del conflicto es el plan del Ejecutivo en minoría de Rob Jetten –una coalición de liberales progresistas (D66), liberal-conservadores (VVD) y democristianos (CDA)– para ahorrar 6.500 millones en la Seguridad Social a lo largo de la legislatura.
El recorte toca tres pilares y la atención a domicilio. La WW es la prestación por desempleo, cuya duración máxima el Gobierno quería reducir de dos años a uno. La WIA es la prestación por incapacidad laboral prolongada, que iba a rebajarse. Y la AOW es la pensión pública de jubilación, cuya edad de acceso se pretendía elevar más deprisa.
Jetten defiende que el sistema está encallado, sobre todo en la parte de incapacidad, y que no hacer nada no es una opción, aunque se declara dispuesto a rehacer las medidas y negociarlas con sindicatos, patronal y grupos parlamentarios.
En paralelo corre otra factura. El acuerdo de coalición prevé costear parte del aumento del gasto militar con la vrijheidsbijdrage o contribución de libertad, que en el caso de las empresas se aplica como una subida obligada de la cotización al Aof, el fondo público del que salen las prestaciones por incapacidad.
Ese fondo acumula una reserva de unos 39.000 millones de euros y la cotización empresarial ronda ya el 7,6% del salario, según la NOS, la televisión pública neerlandesa. “Se usa como un impuesto fantasma encubierto”, resumió ante esa cadena el entonces presidente en funciones de la FNV, Dick Koerselman.
El malestar llegó al Parlamento. Varios grupos reprocharon al Ejecutivo que proponga meter la tijera en las prestaciones por incapacidad mientras las reservas del fondo son tan abultadas, y el propio ministro de Asuntos Sociales, Hans Vijlbrief, admitió en el debate que esa cotización se está usando como una especie de impuesto, según la NOS.
Por qué la huelga sigue
El 31 de agosto la coalición cerró un acuerdo presupuestario cuyos documentos obtuvo la cadena privada RTL Nieuws y confirmaron después fuentes de La Haya citadas por la agencia neerlandesa ANP. Decae el recorte de 2.800 millones en la jubilación, se destinan 1.500 millones a recuperar poder adquisitivo y sube 750 millones el impuesto a las rentas altas.
Otras medidas solo se retrasan. La reducción a la mitad del desempleo, de 24 a 12 meses, se aplaza un año, y lo mismo ocurre con el aumento del copago sanitario y con la supresión de la ayuda a los incapacitados.
Los economistas de la FNV calculan que sigue en pie más del 70% del ajuste estructural. “A nuestro ultimátum no se ha dado respuesta”, zanjó su presidente, Hans Spekman, en la respuesta del sindicato a la filtración, donde sostiene que en esas cifras ve sobre todo aplazamiento, y que aplazar no es suprimir.
“No dejaremos a los trabajadores con una WW o una WIA desmanteladas”, replicó el presidente de la CNV, Hans van den Heuvel, en declaraciones recogidas por ANP. Ambas centrales exigen que todas las medidas decaigan.
En el transporte hay además un segundo frente. La CNV advierte de que sus trabajadores sufren un ataque por dos lados, porque a los recortes se suma el bloqueo del convenio colectivo del sector, encallado desde hace meses.
El cálculo sindical tiene fecha. Jetten gobierna en minoría y necesita votos de la oposición para sacar adelante los presupuestos que presentará el martes 15. La huelga busca condicionar ese momento, no solo protestar.
Los afectados han reaccionado con incomodidad. El presidente de NS, Wouter Koolmees, ha calificado el impacto de lamentable en declaraciones a ANP y ha pedido a sindicatos, patronal y Gobierno volver a la mesa. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Annet Bertram, ha subrayado que el conflicto no va del transporte público, según la publicación especializada Mobiliteit.
El colapso circulatorio que se temía no ha llegado. La jornada sí ha obligado a improvisar: un colegio de Ámsterdam ha fletado un barco de paseo por los canales para recoger a siete maestros y cuatro alumnos que viven al otro lado del río IJ, según la NOS.
Si el recorte sigue figurando el día 15 en la memoria presupuestaria que el Gobierno entrega a los Estados Generales, el Parlamento neerlandés, los sindicatos advierten de que el otoño traerá nuevas movilizaciones.
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