La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado abrir diligencias para depurar la posible responsabilidad contable en la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), dependiente de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat. La petición se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes (1), que cifra en 167,56 millones de euros los pagos indebidos en prestaciones sociales entre 2016 y 2024.
El caso llega en un momento crítico para el departamento, ya cuestionado por irregularidades contables, escándalos de abusos a menores tutelados y contrataciones opacas en entidades del tercer sector.
Investigaciones periodísticas, como las de la plataforma Octuvre.cat, han destapado detalles sobre procedimientos opacos, adjudicaciones cuestionables y posibles favoritismos en la concesión de contratos.
Pagos indebidos y falta de control
El informe de la Sindicatura de Comptes revela que entre 2016 y 2024 se abonaron 70,6 millones en prestaciones de dependencia, 43,78 millones en pensiones no contributivas y 36,15 millones en la renta garantizada de ciudadanía. De esos 167,56 millones, 7,17 millones corresponden a expedientes prescritos, lo que impide su reclamación.
En el ámbito de la DGAIA, entre 2019 y 2022 se habrían producido 4,7 millones de euros en pagos indebidos a jóvenes extutelados. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció que el Govern impulsará la condonación de la deuda, evitando que los beneficiarios carguen con errores administrativos.
Estas cifras no solo reflejan errores contables: evidencian la fragilidad de los sistemas de control y la falta de supervisión efectiva en la gestión de recursos destinados a los colectivos más vulnerables.
Escándalos de abuso y corrupción institucional
La DGAIA afronta además un golpe reputacional sin precedentes: la revelación de una red de pederastia que explotó sexualmente a una niña de 12 años bajo tutela pública. El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha enviado a juicio al principal acusado, con una petición de 107 años de prisión, mientras otros quince hombres están siendo investigados, dos de ellos en prisión preventiva desde 2024.
Durante años se confió ciegamente en la DGAIA. Se decía que protegía a los menores más vulnerables, pero los hechos muestran otra realidad: una corrupción institucional estructural, una cadena de omisiones y posibles encubrimientos que facilitó la explotación de la niña. La consellera Martínez Bravo reconoció el caso, pero siguen abiertas preguntas fundamentales: ¿hasta dónde llega esta corrupción? ¿Quién la protege?
Este no es un fallo puntual: es un problema de sistema, de estructura, de protección institucional fallida. La pedofilia institucionalizada y la opacidad administrativa marcan uno de los capítulos más graves de la historia reciente de Catalunya en materia de infancia.
Contratos opacos y pérdida de confianza
El tercer frente de crisis son los contratos adjudicados a entidades del tercer sector, especialmente los vinculados a la Plataforma Educativa, encargada de servicios de acogida residencial y atención a menores tutelados. La Sindicatura advierte irregularidades en adjudicaciones, mientras investigaciones periodísticas han denunciado opacidades y posibles favoritismos.
Estas prácticas no solo cuestionan la transparencia: erosionan la confianza ciudadana en la gestión pública y aumentan la vulnerabilidad de los menores y familias que dependen de estos servicios. La combinación de pagos indebidos, escándalos de abuso y contrataciones opacas plantea la necesidad urgente de una revisión profunda del sistema, no solo de su contabilidad.
Referencias
- (1) Informe 6/2025. Sindicatura de Comptes de Catalunya.