Ecologistas llevan al Defensor del Pueblo la opacidad sobre los incendios en Madrid

La Plataforma Ecologista Madrileña ha formalizado este 17 de agosto una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por lo que considera una “opacidad injustificada” en el acceso a los datos sobre los incendios forestales registrados durante los dos últimos años. El colectivo denuncia que no ha podido obtener información desagregada sobre las motivaciones de los incendios intencionados y los municipios donde se originan, unos datos que reclama para poder diseñar estrategias de prevención y analizar posibles patrones.

Denuncian un bloqueo informativo

La Plataforma asegura que el Gobierno regional está sometiendo a sus miembros a un “laberinto burocrático” que, a su juicio, solo puede explicarse por la intención de no facilitar los datos correspondientes a 2024 y 2025. Según sostiene el colectivo, esa misma información se proporcionaba “con total normalidad” hasta 2024.

La organización está integrada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura. Según relata, las dificultades comenzaron en junio de 2025, cuando solicitó por primera vez a la Dirección General de Emergencias, a través de la jefatura del Cuerpo de Bomberos, las estadísticas completas correspondientes al año 2024.

La Administración autonómica sí entregó entonces los datos globales sobre el número de siniestros y las superficies quemadas, pero, según los ecologistas, evitó especificar las motivaciones de los incendios intencionados y el número de incendios registrado en cada municipio según su causa.

La Plataforma denuncia que la Dirección General se limitó en aquella ocasión a derivar a los solicitantes al Cuerpo de Agentes Forestales, pese a que este organismo depende de la misma estructura jerárquica. El colectivo sostiene además que los agentes forestales no tienen la competencia sobre las estadísticas de incendios forestales, que atribuye al Cuerpo de Bomberos.

Ante lo que califica como una “falta de una respuesta sustancial”, la Plataforma volvió a reclamar información el pasado mes de marzo, esta vez sobre los incendios registrados durante 2025. Según afirma, la contestación fue de nuevo la misma y la Administración volvió a remitir a los ecologistas a los Agentes Forestales sin aportar los datos solicitados.

Derivados a datos sin actualizar

La Plataforma se dirigió posteriormente, el pasado junio, a la Jefatura del Servicio de Actuaciones Normativas de la Dirección General de Emergencias. En esta ocasión, según explica, este organismo sostuvo que el órgano competente para facilitar los datos no era la Comunidad de Madrid, sino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).

Los ecologistas aseguran, sin embargo, que comprobaron que el buscador oficial del Ministerio únicamente dispone de datos actualizados hasta el año 2023. De este modo, sostienen que la Comunidad de Madrid, pese a ser el órgano generador de la información de 2024 y 2025, estaba remitiendo a los solicitantes a una base de datos estatal que todavía no incorpora esos ejercicios.

“Es decir, la Comunidad de Madrid, como órgano generador de la información de 2024 y 2025, derivaba a los solicitantes a una base de datos estatal donde esa información ni siquiera existe todavía”, denuncia la Plataforma en su comunicado.

El colectivo considera que esta actuación supone un incumplimiento de la normativa sobre acceso a la información ambiental y de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. En concreto, advierte de que derivar a la ciudadanía hacia portales donde la información reclamada todavía no está disponible vulneraría el derecho reconocido en la Ley 27/2006.

La Plataforma también llevó el asunto al Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, durante la reunión plenaria celebrada el pasado 10 de julio. Según relata, la vocal ecologista expuso públicamente el caso ante el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el secretario general técnico.

Ambos responsables, afirma la organización, se comprometieron a interesarse personalmente por el asunto. Sin embargo, transcurrido más de un mes, la Plataforma sostiene que continúa sin haber recibido ninguna información ni explicación sobre los datos reclamados.

Datos para prevenir incendios

Las organizaciones ecologistas subrayan que conocer las motivaciones de los incendios y su distribución municipal no supone una cuestión meramente estadística. Consideran que esos datos resultan “esenciales” para diseñar estrategias de prevención efectivas y para determinar si existen patrones detrás de los fuegos intencionados.

Según la Plataforma, disponer de información detallada podría permitir actuar sobre las causas antes de que se produzcan nuevos incendios. Por ello, insiste en que resulta necesario conocer tanto los motivos atribuidos a los fuegos como los términos municipales en los que se originaron.

El colectivo reclama a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior que “cumpla con la legalidad” y facilite de manera inmediata los datos relativos a los ejercicios 2024 y 2025, de la misma forma que, según asegura, ocurría con anterioridad.

Los ecologistas recuerdan además que el acceso a la información ambiental se encuentra reconocido específicamente en la Ley 27/2006 y advierten de que remitir a los ciudadanos a bases de datos que todavía no contienen la información solicitada supone, a su juicio, una vulneración de ese derecho.

Con la queja formalizada ante el Defensor del Pueblo, la Plataforma Ecologista Madrileña pretende poner fin a lo que define como una “estrategia de desgaste y ocultación” por parte de la Administración autonómica.

La organización sostiene que esta situación está impidiendo a la sociedad civil conocer con detalle el origen de los incendios forestales que afectan a los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, así como analizar las circunstancias de unos fuegos que también pueden representar una amenaza para las personas y los bienes.