Varias plataformas ecologistas y en defensa de los paisajes de Aragón han exigido la suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia, tanto los tramitados por el Estado como por la Comunidad Autónoma, el "desmantelamiento" del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y depurar responsabilidades, también políticas con el cese de todas las personas involucradas con las supuestas irregularidades y tratos de favor que investigan los tribunales.
Macroproyecto de renovables del Clúster Maestrazgo
Así lo han trasladado en una rueda de prensa Javier Oquendo (Plataforma a favor de los paisajes de Teruel), Carlos López (Ecologistas en Acción) y Juan Antonio Gil (Asamblea Canal Roya y Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón), después de que un juzgado de Teruel haya abierto una investigación ante los indicios de presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal en torno al macroproyecto de renovables del Clúster Maestrazgo.
Después de una operación en la que se registraron las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y que culminó con seis detenciones, entre ellas la de un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y del dueño de la empresa, Fernando Samper, que quedó en libertad horas después, y de la apertura de diligencias judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil han pedido la suspensión cautelar de los proyectos bajo sospecha, una decisión aplazada por el juez, si bien la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha avanzado que el Ministerio los ha suspendido y ha pedido una auditoría.
"Hace tiempo que sospechábamos de estas irregularidades", ha expresado Javier Oquendo, que lleva años combatiendo este macroproyecto junto a su plataforma, quien ha manifestado su "indignación" por todo lo que se va conociendo acerca de la investigación.
Hasta las últimas consecuencias
En este punto, ha instado a la Justicia a que "llegue hasta sus últimas consecuencias" y que "no se diluya" en la investigación interna anunciada por la ministra Aagesen, que teme que acabe "en una patada para adelante, salga una víctima y no se llegue hasta esas consecuencias que se anuncian".
A este respecto, ha señalado que el exalto cargo investigado, Eugenio Domínguez, además de que "es un jubilado", "no firmaba nada", sino que lo hacía "su jefa", la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque. Por tanto, sin dar nombres, ha considerado que "habrá que seguir tirando hacia arriba": "Si tú eres director de ese departamento y no sabes nada, la verdad es que es un poco sospechoso".
En todo caso, Oquendo ha instado a esperar ya que acaba de empezar la investigación y el juez empezará a tomar declaraciones, a llamar testigos "y ahí la cosa irá clarificándose".
A ello ha sumado la necesidad de revisar todos los proyectos bajo sospecha de "posibles ilícitos o tratos de favor", no sólo de renovables, con el fin de "preservar la convivencia de los pueblos", ya que en muchos casos han provocado "conflictos sociales" en el territorio.
Preservar los espacios naturales, los entornos rurales y los agroganaderos como lugares de vida, biodiversidad y desarrollo", con una expansión de las renovables "de forma distribuida, planificada, democrática y en manos de la ciudadanía", frente al actual modelo, que "fracasa porque hay especulación detrás
En definitiva, ha apostado por preservar los espacios naturales, los entornos rurales y los agroganaderos como "lugares de vida, biodiversidad y desarrollo", con una expansión de las renovables "de forma distribuida, planificada, democrática y en manos de la ciudadanía", frente al actual modelo, que "fracasa porque hay especulación detrás".
Ha recalcado que, desde el primer momento, veían que "no cuadraban" las declaraciones de impacto ambiental con el impacto real que había sobre el territorio y ha puesto en el mismo nivel a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio como al Gobierno de Aragón a través del Inaga.
Acciones judiciales fuertes
Con respecto al anuncio del presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, de que está dispuesto a reabrir la comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las renovables en la Comunidad tras los nuevos datos conocidos, el representante de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha dicho que dicha comisión fue "un fraude" y que sirvió "para desviar la atención más que para entrar y profundizar", además de que las conclusiones fueron "un auténtico fracaso".
"Me da mucho miedo que sea una comisión para volver a repetir lo que ya se hizo y volver a callar", ha advertido Oquendo, quien ha apostado en su lugar por "acciones judiciales fuertes", emplazando a los grupos políticos a que "presenten denuncias y vayan adelante".
"No son momentos de comisiones", ha reiterado Juan Antonio Gil, de la Plataforma en Defensa de las Montañas y Asamblea Canal Roya, a lo que ha agregado que lo que tiene que hacer la Administración es "personarse en las causas".
El líder ecologista ha desmentido también a Azcón, quien este miércoles dijo que "había que investigar en Madrid", recordándole que "los informes venían desde Aragón" y que la Dirección General de Energía y Minas ha autorizado "proyectos que están caducados" y que llegó a emitir "tres declaraciones en dos días", incluido un sábado, cuando "no trabaja en sábado nadie".
Sobre el Inaga, ha extendido la mala praxis tanto al Ejecutivo anterior como al actual, aunque ha reconocido que se ha producido recientemente "un cambio de orientación", con resoluciones elaboradas por "alguien que entiende de medio ambiente"
Otros proyectos
Por su parte, Carlos López, de Ecologistas en Acción, se ha detenido sobre otro proyecto impulsado por Forestalía, el Clúster del Cinca, en la provincia de Huesca, que prevé la generación de 110 megavatios de energía eléctrica y que, en sus palabras, "se subdividió en seis proyectos para saltarse la ley nacional". Todos ellos están recurridos y alegados y "también hay un proceso penal sobre el asunto", ha indicado.
Ha responsabilizado de todo ello al Inaga, que "no debería estar funcionando", defendiendo su sustitución por un órgano público que haga "un control más activo sobre los procesos medioambientales y sociales".
Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas y la Asamblea Canal Roya, Juan Antonio Gil ha recordado que, durante años, se les ha acusado de "alarmistas", "extremistas" y de "no querer el desarrollo económico y social", cuando lo que quieren es "un desarrollo que no sea sólo para unos pocos y que suponga el deterioro y la destrucción continuada del medio ambiente". Ha citado otros proyectos polémicos como la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú por Canal Roya --actualmente paralizado-- o el telecabina de Benasque.
En ese sentido, ha lamentado que la sociedad civil tenga que estar "constantemente vigilando irregularidades", acudiendo a sede judicial, como demuestra el caso del Clúster del Maestrazgo, con ocho contenciosos-administrativos en marcha y cuatro causas penales, y ha tildado de "absolutamente vergonzoso" que no sean las Administraciones Públicas las que lleven a cabo esta tarea.
Temor a un nuevo Castor
Por último, Oquendo se ha dirigido a Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), el fondo de inversión "verde" que está detrás del Clúster del Maestrazgo, y ha pedido que se retiren del proyecto ante las supuestas irregularidades: "Si se declaran tan verdes, eso es lo que tendrían que hacer".
Sin embargo, ha avanzado que no cree que lo hagan, porque han gastado una cantidad de dinero "descomunal" en el Clúster del Maestrazgo y "todo ese dinero CIP no lo va a perder por las buenas", por lo que ha expresado su temor a que ocurra como con el Proyecto Castor --un proyecto de almacenamiento de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona, paralizado tras causar un gran número de microterremotos, por lo que la empresa (ACS) reclamó una indemnización--, que le costó más de 4.000 millones de euros a todos los españoles.