Ecologistas recurren el plan de Asturias para matar al menos 67 lobos

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado este 3 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de Control 2026-2027 del Gobierno del Principado, al entender que ambos instrumentos vulneran la normativa europea y los criterios fijados por el Tribunal Supremo. Las organizaciones solicitan además su suspensión cautelar, incluida la paralización de los controles letales previstos para este mes.

Recurso contra el plan

Las entidades conservacionistas cuestionan especialmente la previsión de eliminar al menos 67 ejemplares, una cifra que, según señalan, podría incluso aumentar de acuerdo con lo indicado desde la Consejería de Medio Rural. A su juicio, esta medida no dispone de una justificación científica suficiente y tampoco valora adecuadamente otras fórmulas destinadas a proteger al ganado.

El recurso plantea así una oposición tanto a la modificación del plan de gestión como al programa aprobado para el periodo 2026-2027. Los colectivos sostienen que la actuación administrativa no cumple las condiciones jurídicas que consideran necesarias para autorizar controles poblacionales sobre el lobo.

Entre sus principales argumentos figura la situación de conservación de la especie. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea considera que el lobo ibérico se encuentra en un estado de conservación desfavorable, circunstancia que, en su opinión, debe tenerse en cuenta antes de adoptar decisiones que impliquen la muerte de ejemplares.

En este contexto, los recurrentes citan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 29 de julio de 2024, correspondiente al asunto C-436/22. Según la interpretación que realizan de esta resolución, no pueden impulsarse programas de control poblacional que puedan obstaculizar que la especie alcance un estado de conservación favorable.

La petición de medidas cautelares busca impedir que los controles previstos comiencen mientras el tribunal estudia el fondo del procedimiento. De este modo, las organizaciones pretenden que las actuaciones letales queden suspendidas durante la tramitación judicial del recurso presentado contra las decisiones del Principado.

Criterios sobre daños ganaderos

Los colectivos recurren también a la jurisprudencia española para respaldar su posición. En concreto, hacen referencia a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2026, en la que se establecieron criterios para permitir la muerte de lobos con la finalidad de evitar daños sobre el ganado.

Según exponen las organizaciones en su recurso, el alto tribunal determinó que estas autorizaciones únicamente pueden concederse cuando el sacrificio de ejemplares constituya la única solución disponible para prevenir los daños, después de analizar previamente las medidas alternativas que puedan adoptar las explotaciones ganaderas.

Este criterio ocupa una parte central de sus alegaciones, ya que las entidades consideran que el programa asturiano no acredita suficientemente que las intervenciones letales sean imprescindibles. Frente a este planteamiento, defienden que las administraciones deben valorar antes otras medidas destinadas a reducir los ataques al ganado y favorecer la convivencia con la especie.

Los colectivos cuestionan asimismo que exista evidencia científica bastante para sostener que la reducción del número de lobos conlleve una disminución significativa de la depredación sobre el ganado. Consideran que esa relación no está suficientemente demostrada como para justificar las actuaciones programadas.

Además, advierten de que la eliminación de ejemplares podría provocar efectos contraproducentes sobre la estructura social de la especie. Según sostienen, los controles letales pueden fragmentar las manadas, modificar su comportamiento y terminar aumentando los conflictos que se pretende evitar.

Por este motivo, las organizaciones consideran que la gestión del lobo no debería centrarse prioritariamente en la eliminación de individuos, sino en mecanismos dirigidos a prevenir los daños en las explotaciones ganaderas y reducir las situaciones de conflicto en aquellas zonas en las que existe presencia de la especie.

Alternativas para proteger el ganado

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico reclaman al Gobierno del Principado de Asturias que desista de los planes y programas recurridos al considerar que no se ajustan a la legalidad. Paralelamente, piden reforzar las actuaciones destinadas a facilitar la coexistencia entre la ganadería y el lobo.

Entre las alternativas que proponen se encuentra la instalación de cercados eléctricos, una herramienta dirigida a dificultar el acceso de los depredadores a determinadas zonas utilizadas por el ganado. Las organizaciones defienden que este tipo de sistemas forme parte de una estrategia preventiva antes de recurrir a medidas letales.

También plantean aumentar la vigilancia de los rebaños mediante pastoreo presencial, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los animales en aquellas áreas en las que existe riesgo de ataques. Esta medida se incorpora al conjunto de acciones que consideran necesarias para limitar los daños sin eliminar ejemplares.

Otra de sus propuestas pasa por el uso de perros mastines, tradicionalmente empleados para la protección de los rebaños frente a posibles depredadores. Los colectivos incluyen esta herramienta entre las opciones que, a su juicio, deben analizarse de forma suficiente antes de autorizar intervenciones sobre las poblaciones de lobos.

Finalmente, reclaman una gestión adecuada del ganado en las zonas con presencia de la especie, dentro de una política que conceda mayor protagonismo a la prevención. Para ambas organizaciones, el objetivo debería ser reducir los conflictos mediante mecanismos de protección compatibles con la conservación del lobo.

La controversia queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al que corresponde pronunciarse sobre el recurso presentado y sobre la solicitud de suspensión cautelar. Mientras tanto, los colectivos buscan que no se ejecuten las actuaciones previstas durante septiembre hasta que exista una resolución sobre las medidas solicitadas.