El plazo para recurrir la sentencia que obligaba a la Xunta a mantener la protección ambiental de los terrenos de Altri en su estrategia de infraestructura verde venció el 14 de abril sin que la Administración autonómica haya presentado alegaciones, según confirman fuentes judiciales a Europa Press. Esta situación implica que la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático deberá acatar el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y restituir la zona eliminada.

 

Fin del plazo judicial

 

La resolución judicial, emitida el 13 de febrero de 2026, permitía la interposición de un recurso de casación, que la Xunta podía presentar hasta el pasado martes. Sin embargo, una vez agotado el plazo, no constan iniciativas por parte del Ejecutivo autonómico para revertir la decisión, lo que deja la sentencia firme y de obligado cumplimiento.

Según trasladan fuentes judiciales, la ausencia de recurso implica que la Administración deberá proceder a la reincorporación de los terrenos en la planificación ambiental de la comunidad. La Consellería, que había sido consultada durante el periodo en el que aún estaba abierto el plazo, no ha ofrecido respuesta una vez expirado.

Este escenario confirma que la Xunta deberá asumir las consecuencias del fallo, que cuestiona la retirada previa de la protección ambiental en la zona vinculada al proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo).

 

Estrategia de infraestructura verde

 

La sentencia afecta a la estrategia de infraestructura verde de Galicia, un documento que funciona como hoja de ruta para la planificación ambiental y territorial futura. En él se delimitan áreas clave como corredores ecológicos, espacios naturales y zonas de amortiguamiento, que actúan como elementos de transición entre distintos ecosistemas.

Inicialmente, la franja donde se proyecta la fábrica de Altri estaba considerada como una de estas zonas de amortiguamiento, aunque dicha condición no figuraba finalmente en la orden publicada en febrero de 2025. Este cambio fue el origen del conflicto que terminó en los tribunales.

Pese a la relevancia del documento, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, había restado importancia al fallo poco después de conocerse. En sede parlamentaria, defendió que la sentencia no afectará “a absolutamente nada” al tratarse de un “documento provisional”, y aseguró que en el desarrollo posterior de la infraestructura verde “habrá más movimientos”.

No obstante, el carácter provisional del documento no ha impedido que el TSXG exija la restitución de la protección eliminada, al considerar que la modificación no estuvo debidamente justificada.

 

Denuncia y fallo judicial

 

El caso tiene su origen en la denuncia presentada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que alertó de la retirada de la protección ambiental en la zona donde se plantea la instalación de la planta industrial.

Los magistrados del TSXG, aunque no entraron a valorar la coincidencia entre la ubicación del proyecto de Altri y la eliminación de la protección, sí concluyeron que esta había sido efectivamente retirada sin cumplir los requisitos exigidos.

En su fallo, el tribunal subraya que no existió una “especial motivación” que justificase la medida en base a un “interés general o público”, condición necesaria para modificar este tipo de planificación ambiental. Además, califica lo ocurrido como “contradictorio y sumamente extraño”, poniendo en cuestión la coherencia del proceso administrativo.

Como consecuencia, la sentencia ordena a la Xunta que vuelva a incluir la zona afectada dentro de las áreas protegidas en su estrategia, reforzando así su papel dentro del sistema de infraestructura verde.

La falta de recurso por parte de la Administración autonómica consolida este pronunciamiento judicial y obliga a su cumplimiento efectivo, cerrando la vía de impugnación en este caso.