Nueve activistas climáticas afrontan hasta un año y nueve meses de cárcel por teñir de rojo el Congreso

El juicio contra las nueve activistas climáticas que participaron en una protesta frente al Congreso de los Diputados en marzo de 2023 ha quedado este jueves visto para sentencia. La Fiscalía solicita para ellas penas de hasta un año y nueve meses de prisión por daños al patrimonio histórico, además del pago conjunto de más de 5.800 euros por los gastos de limpieza derivados de la acción.

Acción frente al Congreso

La protesta tuvo lugar el 30 de marzo de 2023, cuando cuatro integrantes de Rebelión o Extinción lanzaron tinte rojo sobre las escaleras del Congreso como símbolo de denuncia ante la crisis climática y la respuesta política, que consideran insuficiente. La acción coincidió además con la declaración judicial de otros 15 activistas de Rebelión Científica, encausados por una protesta similar realizada un año antes.

Las activistas sostienen que las medidas adoptadas por los gobiernos “no están a la altura” de las advertencias científicas sobre el cambio climático y consideran que la falta de actuación política está poniendo “en grave peligro la vida en el planeta”. Asimismo, denuncian la creciente criminalización de las acciones de desobediencia civil noviolenta impulsadas por colectivos climáticos en los últimos años.

En sus declaraciones durante la vista oral, recalcaron el carácter simbólico y no violento de la protesta. Señalan que utilizaron un tinte “diluido, biodegradable y lavable al agua”, realizaron la acción “a cara descubierta” y no eludieron la intervención policial posterior. También indican que asumieron las consecuencias económicas derivadas de la protesta y abonaron previamente la cantidad reclamada para cubrir los costes de limpieza.

Críticas al gasto militar

Las acusadas vinculan además la emergencia climática con el contexto internacional de rearme y el incremento del gasto militar. En este sentido, critican el aumento del 50 % del gasto militar español registrado el pasado año, que, a su juicio, “inspira terror” y transmite una sensación de inseguridad.

Frente a ello, defienden que esos recursos públicos deberían destinarse a políticas relacionadas con la descarbonización de la industria, el impulso del transporte público, el apoyo al consumo de productos de cercanía y origen vegetal o la regulación del coste de la vivienda y de la vida. Según sostienen, estas medidas contribuirían a generar “bienestar, salud y seguridad real” para la población.

Dos de las nueve activistas participaron también en la acción celebrada frente al Congreso el 6 de abril de 2022, por lo que afrontan una doble petición de condena. Justifican esta reincidencia alegando que desde entonces se han seguido batiendo récords históricos de temperatura y que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales “es ya un imposible”.

También citan datos del Observatorio de Salud y Cambio Climático, que registró entre mayo y julio de 2025 un total de 1.180 fallecimientos atribuidos a las olas de calor en menos de dos meses, así como un estudio reciente de la Universidad de Stanford publicado en Nature, según el cual la producción agrícola española podría descender hasta un 40 % en cultivos como el maíz, el trigo y el arroz debido a las temperaturas extremas, las sequías y otros fenómenos meteorológicos adversos.

Denuncian criminalización

Las acusadas critican que se les exijan responsabilidades penales y económicas por lanzar tinte biodegradable contra un león de bronce del Congreso mientras, según denuncian, continúan las subvenciones millonarias a grandes petroleras y energéticas. También hacen referencia al impacto de las macrogranjas sobre el acceso al agua potable en distintos municipios españoles.

Asimismo, defienden que no existen daños reales sobre el patrimonio histórico del Estado y aseguran que cualquier persona que pase frente al Congreso puede comprobar que “tales daños no existen”. En este sentido, argumentan que el cambio climático constituye una amenaza mucho mayor para la conservación del patrimonio histórico y natural.

Las activistas cuestionan además la proporcionalidad de las penas solicitadas y denuncian que la Fiscalía haya pedido expresamente penas de cárcel con un supuesto efecto “disuasorio”. A su juicio, esta petición vulnera el derecho a la protesta reconocido tanto por la Constitución española como por organismos internacionales y Naciones Unidas.

“Ejercimos nuestro legítimo derecho a la protesta frente a un mal mayor que pone en peligro a todas las personas”, sostienen las acusadas, que reclaman el cese de la persecución judicial contra activistas climáticos y exigen responsabilidades políticas ante la actual crisis ambiental.

La organización Rebelión o Extinción, vinculada al movimiento internacional Extinction Rebellion, recuerda que mantiene presencia en 72 países y agrupa a más de 1.140 grupos locales. Entre sus principales reivindicaciones figuran una transición ecológica justa, la reducción drástica de emisiones y la creación de asambleas ciudadanas vinculantes para abordar la emergencia climática.